9 de agosto 2022
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Ocho países del continente propondrán al resto de Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), condenar “enérgicamente” la cacería emprendida por el régimen orteguista en contra de la sociedad civil organizada, y los sacerdotes y obispos de la Iglesia católica nicaragüense, según el borrador de una resolución sobre la crisis política y de derechos humanos en Nicaragua, que este viernes será discutida por el Consejo Permanente del organismo regional.
Este borrador fue propuesto por la representación de Antigua y Barbuda, con el respaldo de las delegaciones de Canadá, Costa Rica, Chile, República Dominicana, Perú, Estados Unidos y Uruguay.
El documento “condena enérgicamente el cierre forzoso de organizaciones no gubernamentales y el hostigamiento y restricciones arbitrarias a las organizaciones religiosas y a quienes critican sus acciones en Nicaragua”.
También refiere su “insistencia en que el Gobierno de Nicaragua libere de inmediato a todos los presos políticos y cese el hostigamiento e intimidación a la prensa independiente y garantice el ejercicio del derecho a la libertad de expresión”.
Estos puntos establecidos en el borrador se refieren a los más recientes actos represivos perpetrados por el régimen, como el secuestro e imposición “casa por cárcel” de facto en contra de once fieles católicos —seis sacerdotes, dos seminaristas, un coristas y dos camarógrafos— “secuestrados” por el régimen en la Curia Episcopal de Matagalpa.
Al frente del grupo de “secuestrados” está monseñor Rolando José Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, y los sacerdotes: José Luis Díaz y Sadiel Eugarrios, primer y segundo vicario de la Catedral San Pedro, respectivamente; Óscar Escoto, párroco de la iglesia Santa María de Guadalupe; Ramiro Tijerino, rector de la Universidad Juan Pablo II y encargado de la parroquia San Juan Bautista; y Raúl González.
Además, este martes la Asamblea Nacional —dominada por el Frente Sandinista— eliminó otro centenar de Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), con lo que elevó a 1306 las oenegés canceladas en lo que va de 2022. Desde 2018 hasta la fecha, la cifra es de 1380 organizaciones ilegalizadas.
El régimen solo ha autorizado nueve visitas a los presos políticos de El Chipote, capturados en el contexto de las elecciones generales de 2021. Sus familiares han denunciados los estragos físicos en los reos de conciencia debido a las torturas y tratos crueles, el aislamiento e incomunicación permanente y la falta de atención médica especializada.
Como señala la propuesta de resolución, los ataques en contra de la prensa independiente se han agudizado en el país. Recientemente, el diario La Prensa, el más antiguo de Nicaragua, informó que su Redacción fue forzada a irse al exilio luego de una cacería desatada por el régimen debido a la cobertura que el diario de la expulsión de 18 monjas Misioneras de la Caridad.
Primera votación sobre crisis de Nicaragua en 2022
Esta será la primera vez que, en 2022, el Consejo Permanente de la OEA vote una resolución sobre la crisis política y de derechos humanos en Nicaragua.
La última vez que el Consejo Permanente se pronunció concretamente sobre la crisis de Nicaragua fue el 8 de diciembre de 2021, cuando se aprobó una resolución que demandó al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, de forma urgente, la liberación de todos los presos políticos y la aceptación de una misión de alto nivel para llegar a un acuerdo, en vista de que “Nicaragua no está cumpliendo los compromisos asumidos en la Carta Democrática Interamericana”.
La aprobación de la resolución se dio con el voto de una mayoría de 25 países a favor. Ocho países se abstuvieron y uno votó en contra (Nicaragua). Las naciones que respaldaron la resolución fueron Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá, Canadá, Estados Unidos, Chile, Colombia, Perú, Uruguay, Paraguay, Brasil, Ecuador, Guyana y Suriname. República Dominicana, Jamaica, Venezuela, Bahamas, Barbados, Haití, Antigua y Barbuda, Trinidad y Tobago, Grenada y Dominica.
Los países que se abstuvieron fueron: Belice, Bolivia, Honduras, México, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, y San Vicente y Las Granadinas.
Sin embargo, el régimen orteguista no respondió las solicitudes de la OEA para acordar la venida de una misión de alto nivel hechas por el secretario general Luis Almagro. “Se hicieron gestiones en todos los niveles. Se enviaron comunicaciones dirigidas al propio comandante presidente Daniel Ortega, y también se hicieron contactos institucionales al más alto nivel con la Cancillería de Nicaragua y sus dependencias. También se hicieron consultas por canales políticos del más alto nivel y a través de la Secretaría General. También a través de las misiones de Nicaragua ante la OEA”, reportó el diplomático.
“De las gestiones emprendidas no se ha recibido el beneplácito para el envío de la misión de buenos oficios de alto nivel; es decir, no se ha recibido respuesta formal al respecto”, subrayó el diplomático uruguayo.
Previo a esta resolución; el 12 noviembre de 2021, luego de las votaciones que se autoadjudicaron Ortega y Murillo para recetarse cinco años más en el poder, la Asamblea General de cancilleres de la OEA se pronunció sobre este proceso que se llevó a cabo sin transparencia, competencia política y bajo la sombra de la violencia política.
25 países aprobaron ese día una resolución que declaró “sin legitimidad” las votaciones del 7 de noviembre. Siete países se abstuvieron (México, Honduras, Belice, Bolivia, Dominica, San Vicente y Granadinas y Santa Lucía), hubo un voto en contra, que fue el de la delegación de Nicaragua y país “ausente”, San Cristóbal y Nieves.
La ocupación "manu militari" de la OEA en Managua
El 13 de mayo de 2022, el Consejo Permanente de la OEA votó una resolución en relación a Nicaragua, pero fue para condenar la ocupación manu militari de la oficina del organismo regional en Managua ordenada por el régimen orteguista.
La resolución también fue expuesta por el representante permanente de Antigua y Barbuda, el embajador Ronald Michael Sanders, y contó con el respaldo de 29 delegaciones, entre estas: Canadá, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, Grenada, Uruguay, Costa Rica, México y Argentina.
No hubo votos en contra, pero las delegaciones de San Vicente y las Granadinas, Honduras y El Salvador se abstuvieron de votar. Además, las representaciones de Bolivia y Nicaragua estuvieron ausentes.
Régimen desoye pedidos
En el borrador de resolución establece que el Consejo Permanente de la OEA “renueva su ofrecimiento para que el Gobierno de Nicaragua se comprometa a la adhesión de las cartas rectoras de la OEA, el restablecimiento de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos de conformidad con el derecho internacional".
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, será el encargado de presentar ante el Gobierno de Nicaragua los resultados de la votación de esta resolución para que la misma sea cumplida.
Sin embargo, el régimen orteguista mantiene una política de “cero comunicación” con la OEA, mientras avanza su proceso de salida del organismo regional, que inició pocos días después de la Asamblea general de cancilleres que declaró “sin ilegitimidad” los comicios generales de ese año.
