7 de marzo 2019
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El Gobierno de Daniel Ortega envió a la Asamblea Nacional, con trámite de urgencia, un anteproyecto de Ley que le permita comprar el Banco Corporativo (BanCorp), a un monto de 743.1 millones de córdobas, pagaderos con bonos en un plazo de cinco años, para reconvertirlo en un ente público llamado Banco Nacional.
Solo unas horas después, la Asamblea, controlada por el orteguismo, aprobó la compra, con 70 votos a favor, 15 en contra y 2 abstenciones.
BanCorp forma parte del esquema creado por Ortega y sus socios (venezolanos y nicaragüenses), para privatizar a su favor la cooperación oficial de ese país sudamericano, que superó los 4 000 millones de dólares en poco más de una década, según datos oficiales del Banco Central de Nicaragua (BCN).
Al ser propiedad de Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa, que a su vez es propiedad mayoritaria de Petróleos de Venezuela S. A., ambas sancionadas por Estados Unidos), el BanCorp también fue sujeto del mismo castigo financiero.
La repentina oferta de compra, se interpreta más como una estrategia para escapar de esas sanciones, del mismo modo que está ocurriendo con la red de gasolineras propiedad de DNP Petronic, que pasaron a ser de bandera blanca, para sacarlas de la mira del ejecutivo estadounidense.
En el fondo, es lo que parece tratar de legalizar la propuesta de Ley enviada por Ortega, toda vez que el artículo 31 de la misma, autoriza al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), a emitir bonos de la República, con un plazo de cinco años, y una tasa de interés del 6%, para comprar el banco.
En el artículo 33, se especifica que “el Banco Nacional podrá aumentar su capital a través de la incorporación de socios privados”, y si bien, el Estado podrá conservar la mayoría accionaria, “se le dará preferencia en la adquisición de acciones a los receptores de los bonos emitidos de conformidad con el artículo 31 de la presente Ley”.
Si bien la totalidad de las utilidades del Banco Nacional se utilizarán para capitalizarlo, este podrá transferir a la Tesorería General de la república “hasta el 10% de las utilidades anuales, hasta alcanzar un monto equivalente” a los 743.1 millones en que lo están comprando.
Más deuda para Nicaragua
Al conocer la noticia, el economista Enrique Sáenz dijo que “si se concreta esa operación, estaremos ante el grado más alto de confusión entre los intereses de la familia gobernante y el Estado nicaragüense, porque Albanisa es la entidad empresarial y financiera que les ha permitido acumular tanta riqueza”.
“Van a transformar al Estado en testaferro. Ellos están acostumbrados a nombrar testaferros para interponer sus bienes, pero esta vez lo están haciendo con el Estado”, abundó.
Sáenz también advierte el modo en que Ortega está repitiendo la historia, al ordenar la emisión de bonos de la República para comprar al BanCorp, igual que ya lo hizo su predecesor en el cargo, Arnoldo Alemán, para salvar a la banca en el cambio de siglo.
Aunque el monto de la operación no parece demasiado alto –son unos 22.8 millones de dólares al cambio oficial del momento), que la operación ocurra en el panorama actual es “un tema sustantivo, cuando sabemos que el Presupuesto 2019 tiene un déficit de más de 300 millones de dólares, que se está mitigando en un tercio con el salvataje de Taiwán”.
“La pregunta es, ¿hay una razón financiera, económica, para comprarlo? Si ese banco está en quiebra, ¿vamos a ver nuevos Ceni para pagar la quiebra de ese banco? ¿Estamos a la puerta de un cenitazo de Ortega?”, en referencia a los Certificados Negociables de Inversión, emitidos para cubrir la debacle bancaria de 1999 – 2000, que el país aún no termina de pagar.
“Si BanCorp está en quiebra, lo pagaremos los nicas”, sentenció Sáenz.
Un economista que habló con Confidencial con la condición de mantener su nombre en reserva, sugirió que “quizás lo que quieren es obtener liquidez de un activo que está desacreditado, porque nadie lo compraría. Me atrevería a decir que su valor de mercado es cercano a cero, así que para sus accionistas, ganar 23 millones sería una gran cosa”.
En referencia a la aparente incongruencia de comprar un banco en un momento en que languidecen las finanzas públicas, el economista explicó que “no es que el gobierno no tenga plata, si el año pasado aumentaron en 12% la planilla salarial. Igual pueden pagarlo con bonos con intereses generosos”, advirtió.
El experto recordó que los nicaragüenses seguimos pagando los bonos emitidos para cubrir las quiebras bancarias, y dado que “no se está planteando que este sea un gobierno ilegal ni ilegítimo”, las deudas que asuma el régimen de Ortega tendrán que ser honradas por el Gobierno entrante, que las pagará con dinero de todos los nicaragüenses.
La votación en la Asamblea Nacional
La decisión de los diputados de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) fue criticada por los diputados liberales y conservadores, algunos de los cuales calificaron la compra como "innecesaria", y otros insinuaron que detrás de eso podría haber acciones ilícitas.
Los diputados del FSLN alegaron que la cartera de crédito del Bancorp, que según la propuesta de Ortega "podrá transferir" al Estado de Nicaragua únicamente el 10% de sus utilidades, será destinada a financiar a los productores agropecuarios afectados por la crisis.
La explicación del oficialismo no convenció a los diputados del Partido Liberal Independiente (PLC) y Partido Conservador (PC).
La compra "está fuera de lo común, debió haberse hecho una auditoría primero al banco (...) hay que ver la legalidad de la transacción, no se ha presentado ningún tipo de garantías", dijo el jefe de bancada del PLC, Jimmy Blandón, durante el debate.
También reclamaron que la transacción no fue estudiada por la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (Siboif), dedicada a detener acciones irregulares, no obstante, el "carácter de urgencia" permite al Ejecutivo y Legislativo actuar de forma directa.
"Bancorp es propiedad de Albanisa (Alba de Nicaragua S.A., filial de PDVSA)..., se constituyó en 2014 y cuatro años después lo venden ¿por qué será?", cuestionó el diputado del PLC Maximino Rodríguez.
El presidente del PC, Alfredo César, calificó la transacción como "peligrosa para el Estado".
Hasta abril de 2018 el Banco Central de Nicaragua esperaba que la economía local creciera entre un 4.5 y un 5% ese año, pero el producto interno bruto cerró con una contracción del 4% según las cifras oficiales.
