Ni renuncia, ni adelanta elecciones

Los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y miembros de la Alianza Cívica que participan en la mesa del Diálogo Nacional dijeron la noche del viernes que estaban “muy satisfechos” por el resultado de las negociaciones sobre verdad, justicia y derechos humanos con el Gobierno de Daniel Ortega, cuya intransigencia estuvo a punto de hacer fracasar el diálogo, que la oposición considera como una negociación para lograr la salida pacífica del gobernante del poder.

Al final de una tensa y prolongada sesión –en la que hasta hubo insultos– los dos grupos acordaron un mecanismo para investigar y esclarecer las masacres y otras violaciones a los derechos humanos cometidas desde el 18 de abril, al aceptar el Ejecutivo el ingreso al país de una nueva misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como delegaciones del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Unión Europea. El Gobierno logró que se incluyera a la Organización de Estados Americanos (OEA), mientras Ortega, en una carta dirigida a los obispos, se negó a aceptar la principal exigencia de la población: su salida inmediata del poder y el adelanto de elecciones, tras sumir a Nicaragua en la peor crisis en cuarenta años y desatar una ola de terror que ha dejado más de 160 muertos, y sugirió que la agenda de la democratización sea discutida por una comisión del diálogo nacional. 

Doce horas después que el Gobierno aceptara en el diálogo la creación de una Comisión de Verificación y Seguridad, que contará con apoyo internacional, un contingente combinado de policías antimotines y fuerzas paramilitares, provocó una masacre en el barrio Carlos Marx de Managua, al incendiar una vivienda cuyos propietarios se rehusaron a permitir que fuera utilizada por francotiradores. En el incendio murieron calcinados cuatro adultos y dos niños.

Verdad y justicia en el diálogo

  La sesión del diálogo inició a las 10:30 de la mañana del viernes y se extendió hasta las 9:00 de la noche, hasta lograr un acuerdo después de accidentadas negociaciones. Los obispos habían puesto como primer tema de agenda el de la justicia para las víctimas de la violencia desatada desde el Estado. En esta ocasión el grupo liderado por el canciller Denis Moncada, pero manejado vía telefónica desde El Carmen por la vicepresidenta Rosario Murillo –quien dicta a distancia las reacciones, las propuestas y las negativas a sus delegados en la mesa del Diálogo– insinuaron que la Alianza Cívica tenía la culpa de las muertes y el “salvajismo” que enlutaba a Nicaragua, pero en ningún momento se hicieron responsables del actuar brutal de la Policía Nacional, y los grupos paramilitares fuertemente armados que reprimen bajo la protección de oficiales de la Policía. En esta ocasión Moncada, hablando por órdenes de Murillo a través de su teléfono celular del que no se separa, pasó de acusar a curas y miembros de la Alianza de golpistas a culparlos por el estado de terror desatado por Ortega. La finalidad, dijo una fuente que participa en las negociaciones, es negociar una amnistía que le dé inmunidad al mandatario y su círculo más cercano.

Al no prosperar la propuesta de los obispos –que intentaban salvar la sesión al no haber acuerdo en la mesa–, Silvio José Báez, obispo auxiliar de Managua, advirtió que podían dar por fracasadas las negociaciones. Fue el cardenal Leopoldo Brenes quien pidió a los delegados que se tomaran el tiempo del almuerzo para encontrar un acuerdo y salvar el Diálogo. Ocho horas de negociaciones después –llenas de tensión según fuentes que participan en el diálogo– se acordó que el Gobierno de Ortega debe de invitar “de inmediato” a una misión de la CIDH a investigar “in loco” las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. También se exige que se invite al país al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que deberían esclarecer y establecer responsabilidades por las masacres y la violencia que desangra al país desde abril, además de invitar al alto comisionado de la ONU sobre Derechos Humanos, la Unión Europea y la OEA.

EFE.

Verificación internacional y seguridad

   Además, se estableció crear una Comisión de Verificación y Seguridad que estaría compuesta por miembros del Diálogo, representantes de la Iglesia y de la ONU, OEA, CIDH y la UE para moverse por el territorio y “verificar que hay condiciones de paz”. A cambio, la Alianza se comprometió a establecer un plan de desmovilización de los tranques y barricadas, si se constata que hay condiciones de no agresión o represión por parte del Gobierno. Ese es el sexto punto del acuerdo, que textualmente establece: “El cese de toda forma de violencia y amenaza venga de donde venga en el territorio nacional y un plan de implementación a la brevedad posible para la remoción de los tranques por parte de la Comisión de Verificación y Seguridad favorecerá aún más el mantenimiento de un ambiente de paz y seguridad”.

“Fue una jornada agotadora”, dijo una fuente de la Iglesia. “Creo que por lo menos se consiguió, entre otras cosas, asegurar un camino confiable de justicia. Veremos si podemos avanzar con la democracia”, agregó.

“Estamos muy satisfechos con este acuerdo”, dijo por su parte Juan Sebastián Chamorro, director Ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES). “Se logra con él la entrada al país de estas organizaciones internacionales y abre la posibilidad de la democratización”, explicó.

“Haber logrado que venga el alto comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y el de la Unión Europea, más la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH) te va a dar, al menos, un impulso más de seguridad, que tanto necesita el país” en estos momentos, en opinión de Álvaro Vargas, presidente de la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua (Faganic).

La razón es que “ellos tienen una expertise en estos temas, que ayudará a que Nicaragua pueda volver a una situación de pacificación, al menos mientras se negocian otros temas”, añadió.

A corto plazo, explica que la meta urgente era lograr un alto a la violencia, a los asesinatos, a la represión, “aunque sabemos que hubo ataques en Zaragoza y Guadalupe (León), lo que fue confirmado por sacerdotes que estaban presentes en el Diálogo, quienes llamaron a otros sacerdotes que estaban en León, y los confirmaron el ataque con armas de fuego y morteros”, relató.

Vargas opina que si el Gobierno aceptó someterse al escrutinio internacional, al menos en materia de derechos humanos, es producto de la sumatoria de todo comenzando con las movilizaciones pacíficas y cívicas, así como la impresionante demostración de unidad que resultó ser el acatamiento del paro nacional por 24 horas.

También “la demostración que representan los tranques, que además de ser una manifestación de rechazo al régimen, se volvieron un método de autodefensa de los barrios y municipios del país, para evitar la represión de la Policía Nacional, y los grupos parapoliciales”, dijo el ganadero.

Un elemento más, es la presión de la comunidad internacional que se ha logrado a favor de Nicaragua, luego del informe preliminar de la CIDH, destacando “la avalancha de pronunciamientos de muchos países. Ayer se anunció el informe final de la CIDH será presentado y discutido el próximo viernes durante una reunión del Consejo Permanente de la OEA en Wasque en la ‘tubería’ del Senado de Estados Unidos, hay una ley que permitiría emprender acciones en contra de personas que son cómplices de los autores de la represión que se ha dado en Nicaragua”, añadió.

“Lo que se quiere es un renacimiento de la República, logrando la separación de poderes y recuperando la institucionalidad. La renuncia de Ortega es urgente, pero es más importante la democratización del país”, valoró.

Exigiendo garantías

Para José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), “lo diferente del resultado de este día es que se abrieron las puertas para invitar a los organismos internacionales a que vengan al país”.

“Ya no solo la CIDH, sino de las otras que habíamos estado invitando desde hace semanas”, argumentó.

Aguerri dijo que junto con la CIDH, esperan que la próxima semana venga al país el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales, pero también una asistencia técnica de la OEA para acuerpar a la Comisión de Verificación y Seguridad.

“Además de la justicia, buscamos la seguridad de los participantes de estos procesos; los estudiantes aquí, los campesinos en los tranques… el que vengan estas organizaciones nos ofrece algunas garantías que hoy no tenemos en el país”, exclamó.

Ortega no se rinde

A pesar del éxito que los miembros de la Alianza Cívica quisieron trasmitir la noche del viernes, también quedó claro que Ortega no ha dado ninguna señal de estar dispuesto a negociar su salida pacífica del poder, para facilitar reformas políticas y elecciones anticipadas.

Los obispos leyeron al final de la sesión la ruta de democratización que la semana pasada presentaron a Ortega, que incluía la realización de elecciones generales en marzo  del próximo año, después haber realizado una reforma constitucional, e iniciando en este mes de junio la reforma y depuración total del Consejo Supremo, una institución controlada y viciada por Ortega. Según ese calendario, leído por monseñor Rolando Álvarez, un nuevo Gobierno debería asumir el mandato de Nicaragua en abril.

Ortega respondió con una carta enviada al cardenal Leopoldo Brenes en la que, sin decir abiertamente que no a la propuesta de los obispos, evade pronunciarse sobre su salida del poder, las reformas y la convocatoria a elecciones anticipadas. Más bien propuso la formación de una comisión en la que participaran tres representantes de la Alianza y tres del Ejecutivo para analizar las propuestas. “Es una muestra de la irresponsabilidad del presidente que no asume lo que ha hecho, esta situación de masacre”, reaccionó a la carta Azahálea Solís, representante de la sociedad civil en la mesa del Diálogo. “Esa es una carta retórica. Estamos frente a un Gobierno que no asume los actos que ha cometido, pero que culpa a las víctimas de esos actos”, agregó la analista.

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La oferta de Ortega a EE.UU.

La carta de Ortega fue enviada al cardenal Brenes un día después de que se conociera que el mandatario habría informado al Gobierno de Estados Unidos su disposición a adelantar las elecciones. El ofrecimiento fue confirmado a los obispos y la Alianza Cívica por la embajadora estadounidense Laura Dogu y Caleb McCarry, un delegado del Comité de Relaciones Exteriores del Senado que visitó Nicaragua el fin de semana pasado.

McCarry fue enviado por el senador republicano Bob Corker, presidente del Comité, “con el fin de acompañar y apoyar el Diálogo Nacional dirigido por la Conferencia Episcopal de Nicaragua y tras conversaciones con el Departamento de Estado”, informó la Embajada en un comunicado. McCarry y Dogu se reunieron con los obispos y con los miembros de la Alianza Cívica para informarles, según la nota, que apoyaban la propuesta de la Iglesia “para poner fin a la violencia y poder avanzar en las negociaciones” que intentan hallar una salida a la crisis.

Tanto McCarry como Dogu informaron que Ortega estaría dispuesto a un adelanto de elecciones, sin que se mencionara una fecha específica, aunque algunas fuentes cercanas al Frente Sandinista afirman que estas podrían realizarse en 2019. Es decir que Ortega se mantendría en el poder hasta esa fecha, contrario al clamor popular que exige su salida inmediata de la Presidencia. “Ortega está proponiendo adelantar las elecciones, cuando nosotros estamos pidiendo su renuncia”, dijo Medardo Mairena, coordinador del Consejo Nacional por la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía. “Por lo tanto, lo tenemos loco con los tranques, acorralado con la presión que hay, aunque nos sigue matando”, agregó. “Si él está diciendo que adelanta elecciones, que permite que sean supervisadas, con todas las garantías, eso es un adelanto producto de la presión que tenemos, pero nosotros continuamos firmes, porque no podemos seguir esperando que él siga gobernando, porque nos está matando”, dijo Medardo. “Él dice elecciones sin renuncia, nosotros exigimos su renuncia y posteriormente las elecciones”, sentenció.

Sin embargo, veinticuatro horas después, en su carta a los obispos Ortega no mencionó la posibilidad de su renuncia, ni la oferta de recortar su período de Gobierno para adelantar las elecciones.

Queman y masacran a familia

Al menos cuatro adultos y dos niños murieron a raíz de un incendio en una casa de tres pisos, que también funcionaba como un negocio, en el barrio Carlos Marx, informaron los bomberos. Los fallecidos estaban completamente calcinados, según el Benemérito Cuerpo de Bomberos.

El incendio ocurrió el sábado en la mañana en un establecimiento de tres pisos, de telas y colchones. En algunas imágenes puede observarse cómo bomberos prestan auxilio a los bebés que se encontraban dentro de la casa.
Según vecinos, el incendio fue supuestamente provocado por policías y fuerzas “parapoliciales” que circulaban en el sector intimidando a la población y quitando barricadas. Según denunciaron, fuerzas “parapoliciales”, acompañados de agentes de la Policía, supuestamente prendieron fuego a la casa porque la familia se negó a prestar la parte alta del negocio para ubicar francotiradores.

“Quemaron mi casa, en la colchonería, en el edificio, y toda mi familia está muerta, los niños, mi hermano, mi papá, mi mamá (...), quemaron mi casa, la quemaron y yo pude salir porque me tiré del balcón”, dijo Cinthya López, superviviente, en un desgarrador testimonio divulgado a través de redes sociales.”Daniel Ortega (presidente del país), a toda su familia y a toda su descendencia, los maldigo”, gritó la mujer, mientras pedía auxilio.

Hubo un fuerte despliegue de policías antimotines y de fuerzas “parapoliciales” en ese sector y una lluvia de disparos de bala de plomo y morteros de fabricación artesanal.
La Policía y fuerzas “parapoliciales” mantienen ataques en los barrios del este de Managua donde la población ha levantado barricadas en protesta contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega. (EFE).

El calendario de reformas de los obispos

15 de junio. Renuncia y sustitución de los magistrados del Consejo Supremo Electoral, cambio de estructura de dirección y toma de posesión de las nuevas autoridades viernes 15 de junio

15 de junio. Reforma a la Ley Electoral de la Asamblea Nacional para que las reformas constituciones entren en vigencia en 2018

22 de junio. Reforma de la Constitución Política en primera legislatura para las elecciones del 29 de marzo de 2019, que incluye además la no reelección, la reducción y nuevos periodos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y autoridades que requieran designación de la Asamblea Nacional

25 de junio. Reforma de la Constitución Política en segunda legislatura para las elecciones del 29 de marzo de 2019, que incluye, además, la renuncia, no reelección, reducción, nuevos periodos y procedimientos para elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y autoridades que requieran designación de la Asamblea Nacional

14 de septiembre. Reforma a la Ley Electoral, nuevo calendario electoral, invitación a la observación nacional e internacional, nueva Ley de Partidos Políticos, cedulación y depuración del Padrón Electoral.

29 de marzo de 2019. Celebración de elecciones generales a todos los niveles

15 de abril de 2019. Toma de posesión de las autoridades electas.