11 de noviembre 2016
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Tras las votaciones del seis de noviembre, la principal misión del comandante Daniel Ortega será buscar legitimidad para un proceso cuestionado a nivel nacional e internacional, para lo que podría usar las conversaciones que mantiene con la Organización de Estados Americanos (OEA), aseguran analistas políticos. La pregunta que se hacen es cuánto estará dispuesto a ceder el caudillo sandinista ante un panorama complejo dada la amenaza de la iniciativa conocida como NicaAct, impulsada por el Congreso de Estados Unidos, que impone sanciones económicas a Nicaragua.
Las elecciones del pasado domingo estuvieron marcadas por la abstención. La oposición ilegalizada habla de un rango de abstencionismo de entre el 70 y 75%. Sin embargo, el presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), el magistrado Roberto Rivas, calculó un nivel de participación de 68.2%.
La jornada con poca afluencia de votantes deja sin legitimidad al gobierno de Ortega, dijo Violeta Granera, excandidata a la vicepresidencia por la ilegalizada Coalición Nacional por la Democracia.
“Ortega no es un presidente legitimo”, aseguró Granera en una conferencia de prensa, en la que anunciaron que no reconocerán el resultado electoral. Además, adelantaron que el próximo primero de diciembre organizarán una marcha nacional en Managua, que coincidirá con la visita de Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El otro movimiento opositor ilegalizado, Ciudadanos por la Libertad, sostuvo que las votaciones no cumplieron con las condiciones mínimas de legalidad y legitimidad. Argumentaron que “los árbitros carecen de credibilidad”, no se permitió la observación nacional e internacional, la exclusión de la Coalición Nacional por la Democracia, la destitución de los 28 diputados de la Asamblea Nacional, la utilización de recursos del Estado por el partido de gobierno para su campaña, y el control total de las estructuras electorales por el Frente Sandinista.
El Consorcio de observación Panorama Electoral valoró que se debe “aplaudir y potenciar” el civismo y la naturaleza pacifica y democrática de los ciudadanos que establecieron “como único camino para la solución de esta crisis de legitimidad la institucional, cívica y pacifica”.
“Merece especial reconocimiento el uso de la abstención ciudadana como expresión del descontento por la falta de legitimidad de este proceso electoral”, expresó este jueves Panorama Electoral.
Oscar René Vargas considera que las conversaciones entre la administración sandinista y el secretario general del organismo interamericano, Luis Almagro, implican un reconocimiento de Ortega a la falta de legitimidad de unas elecciones sin competencia ni estándares mínimos de transparencia.
“El segundo elemento es que Ortega piensa que con diálogo mata el NicaAct este año, pero sí creo que va a reiniciarse en 2017. ¿Qué fuerza va a tener? Va a depender de lo que Ortega negocie con la OEA, y lo que él va a ceder”, valoró Vargas.
El analista político y exmilitante sandinista prevé que Ortega podría dar la magistratura vacante del Poder Judicial, hacer algún cambio en el Consejo Supremo Electoral y legalizar el movimiento político del excandidato presidencial Eduardo Montealegre, denominado Ciudadanos por la Libertad.
“Eso sirve para la OEA y los norteamericanos, para mostrar cambios. Pero al mismo tiempo que legalicen a Ciudadanos, hasta podría legalizar al Movimiento Renovador Sandinista (MRS) para dividirlos; no todo es favorable”, analizó Vargas. “Ortega quiere matar en puerta y tiene seis meses para negociar, y que pueda decir estoy cambiando”, agregó.
La tesis de Vargas sostiene que al legalizar Ciudadanos por la Libertad, Montealegre entra al diálogo con la OEA para darle legitimidad. Según Vargas, el MRS se opondría a ello “y los harían quedar como los radicales de siempre”.
“Un dialogo así no cambiaría nada, es para legitimar a Ortega”, afirmó Vargas. “Ortega vuelve a inflar a Montealegre porque lo necesita”, dijo el analista, quien agregó que el político liberal retirado momentáneamente “pedirá cosas” que el mismo Ortega cederá con o sin él ante la OEA.
“Plan B” de Ortega
Sin embargo, el exdiputado Eliseo Núñez, alejado del grupo de Montealegre, dijo que lo que describe Vargas sería el “plan B de Ortega”: Ensayar un diálogo “con gente que pueda controlar”.
El mandatario sandinista activaría este diálogo si no llega a un acuerdo con Almagro, quien preparó un informe sobre el proceso electoral y la situación política del país, que hasta ahora se mantiene en reserva a pedido de Ortega.
“Ortega querrá un diálogo con políticos tradicionales, como Arnoldo Alemán por el trato de vieja data que tienen, y con Montealegre, que son una oposición cómoda, quienes dicen tratar de salir de Ortega con Ortega”, aseguró Núñez.
El exdiputado y ahora miembro del Frente Amplio por la Democracia (FAD), movimiento que reúne a varios organismos de la sociedad civil y políticos, dijo que lo único que no cederá Ortega son los resultados de las elecciones de este seis de noviembre. Es posible –dijo Núñez– que el caudillo sandinista propicie un nuevo juego electoral, pero siempre con “quienes pueda controlar”.
El FAD tildó de “farsa” estos comicios y demanda repetirlos al igual que el Grupo de los 27, el movimiento de intelectuales que ya han sentado esa postura dando un plazo de un año.
“Hay posiciones intermedias de aceptar el diálogo, pero que Ortega abra las reglas electorales, y para que la gente pueda refrendar su gobierno en las próximas elecciones municipales, como una especie de referéndum”, explicó Núñez. El exdiputado agregó otra postura que le dio por llamar como “gatopardismo”: “Que Ortega haga tres cambios cosméticos, para cambiar algunas cosas para que nada cambie”.
Mal cálculo político
El analista Vargas cree que si a Ortega no le cuaja el diálogo con la OEA, la iniciativaNicaAct será una amenaza latente que lo obligará a ceder de todas formas.
“Hizo un mal cálculo político: se equivocó en cerrar los espacios, cuando quitó la personería jurídica a Montealegre y expulsó a los diputados de la Asamblea. La pregunta es: ¿Por qué lo hizo? Porque él sabía que iba a nombrar a Rosario Murillo, y va a quitar toda oposición en la Asamblea para que nadie estuviera cuestionando la designación. Ahora está tratando de enmendar”, explicó Vargas.
La activación de la NicaAct ha puesto en alarmas al gran capital, refirió Vargas, y ellos serán una gran presión sobre Ortega.
“Si seis meses no cambia, la crisis económica que viene le va a complicar a Ortega sus alianzas con los poderes fácticos. El gran capital no va a quedarse callado si esto se descompone”, previó Vargas, en referencia a la menguante cooperación venezolana y una posible desaceleración económica.
El sociólogo Manuel Ortega Hegg señaló que el contexto internacional tampoco está de lado de Ortega, como pasó en 2011, cuando legalmente estaba impedido de correr como candidato en esas elecciones y lo hizo. Pero, además, esos comicios fueron calificadas por los observadores de irregulares y sus resultados como poco confiables.
“El problema es que en esta última elección no contaba con que podría intervenir una variable internacional, como NicaAct, lo que le complica sus cálculos políticos, pues podría elevarle los costos más allá de lo previsto”, afirmó el catedrático.
Ortega Hegg sostuvo que la activación del NicaAct en medio de las elecciones estadounidenses envía una señal muy clara de que la situación de Nicaragua es una preocupación importante, compartida tanto por demócratas como por republicanos, quienes en el Congreso aprobaron por unanimidad esta ley que estipula sanciones contra Nicaragua.
“El diálogo podría resultar más útil aún en el caso que, como parece, el resultado electoral favorezca a la demócrata Hillary Clinton, dado su mayor interés en los asuntos de derechos humanos y democracia”, expuso Ortega Hegg.
Pero también por el temor más propio de los demócratas de que un gobierno sin credenciales democráticas creíbles termine finalmente agudizando conflictos internos con su oposición política, y creando problemas de estabilidad en la región, aún a pesar de que ese gobierno le cuide las espaldas en otros campos como el narcotráfico y la migración, según el sociólogo.
El analista Vargas dijo que para Ortega sería beneficioso que el magnate Donald Trump llegue a la Casa Blanca, porque Nicaragua pasaría a ser una preocupación menor en América Latina con todos los problemas que tendría el neoyorquino y aspirante por el partido republicano. Sin embargo, es una “moneda al aire”.
“Tampoco sabemos si Trump sigue lo que dice el establishment, porque va a estar Marco Rubio presionando, y quizás ceda. ¿Cuál va a ser el grado de presión de Estados Unidos?”, interrogó Vargas, en referencia Rubio, que promueve NicaAct en el Senado.
Ortega Hegg concluye que con las elecciones del seis de noviembre los nicaragüenses tendrán una continuidad del gobierno actual, pero con un contexto menos favorable. Así que los cambios que Ortega pueda acometer van a depender de la correlación de fuerzas internas e internacional a su gobierno.
Sin embargo, el catedrático no vislumbra tan fácil que Ortega modifique su estilo de hacer política y gobierno.
“No es tan fácil entonces que renuncie a esa visión de régimen político sin presiones ni contrapartes de poder que lo lleven a someterse a un régimen político democrático y a concertar un estado de derecho y una institucionalidad consecuentes”, advirtió Ortega Hegg.
