Honduras se asoma a la reelección

El 26 de noviembre los hondureños están citados a las urnas para participar en una elección cuya principal característica es la aspiración del actual presidente, Juan Orlando Hernández, de reelegirse, a pesar de que la Constitución de Honduras prohíbe la reelección, a través de un artículo pétreo que no puede ser reformado ni por el Congreso ni por un fallo de la Corte Suprema, sino por mandato popular a través de un referéndum.

El intento de saltarse esa prohibición al organizar una consulta popular, le costó la presidencia a Manuel Zelaya, expulsado del poder por un golpe de Estado en 2009. Ahora Hernández, del Partido Nacional, ha cumplido sus aspiraciones prácticamente sin mucha oposición ni escándalo internacional y el día 26 se jugará su reelección en unos comicios en los que participan otros nueve partidos, pero de los que solo tres tienen posibilidades reales de triunfo.

Se trata de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, formada principalmente por el Partido Libertad y Refundación, de Zelaya, y el Partido de Innovación y Unidad, liderado por Salvador Nasralla, un presentador de televisión de origen libanés, quien es el candidato presidencial de este bloque opositor. El otro candidato con posibilidades es Luis Zelaya, del Partido Liberal, Exrector de la Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC) y de posiciones políticas conservadoras.

La elección, por lo tanto, se decidirá entre Hernández, Nasralla y Zelaya, en un proceso que cuenta con una amplia observación nacional e internacional, aunque también con ciertas sombras.

El analista político Víctor Meza, exministro de Gobernación y director del Centro de Documentación de Honduras (CEDOH), advierte en esta entrevista que el control del mandatario Hernández sobre el Tribunal Supremo Electoral y los magistrados de esa institución, generan temores de que se produzca un fraude electoral para favorecer al Partido Nacional.

¿Qué representa la reelección del presidente Juan Orlando Hernández en Honduras?

Es un hecho novedoso. En los diez procesos electorales que se han celebrado en Honduras durante la transición a la democracia iniciada en 1980, es la primera vez que tenemos un candidato presidente y a la vez aspirante presidencial. Es la primera vez porque la reelección en Honduras, de acuerdo a la Constitución de la República, está prohibida.

Fue por un fallo de la Corte Suprema que el presidente Hernández puede postularse.

Hubo un fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema declarando inaplicable el artículo que prohíbe la propaganda a favor de la reelección, por lo tanto ese fallo de la Sala Constitucional no habilita la reelección, sino que se puede hacer propaganda a favor de una reelección.

¿Está violando entonces el presidente Hernández la Constitución?

Es un abuso absoluto y una manipulación antojadiza de los textos legales. La participación del presidente Hernández en esta elección violenta las normas más elementales de la Constitución de la República y del Estado de Derecho en Honduras.

¿Ha habido algún pronunciamiento de los magistrados de la Corte en relación a la candidatura de Hernández y su campaña por la reelección?

No, ninguno. Esta resolución la adoptó la Corte Suprema anterior. Hoy hay una nueva Corte, pero esta ha avalado con su silencio, o con manifestaciones colaterales tácitas, esa resolución.

¿Cuenta el presidente con apoyo popular suficiente para garantizarse un triunfo electoral?

Sí, sin duda. El presidente cuenta en primer lugar con un partido bien organizado, que ha experimentado una cierta evolución interna en remoción de liderazgos desde el punto de vista de la edad, es decir que hay una especie de relevo generacional al interior del partido de Gobierno, que sin duda alguna favorece al actual presidente, pero también hay una política de clientelismo desmesurado para obtener los votos de la población, sobre todo la más pobre del país, más humilde, más ignorante.

¿Qué posibilidades tiene Hernández de ganar la elección?

Si se produce fraude electoral sus posibilidades son muy reales. Si por el contrario se logran frenar las iniciativas de fraude, que son múltiples, la posibilidad de un triunfo de la oposición se vuelve más real.

Por primera vez Honduras tiene diez partidos políticos participando en esta contienda electoral…

De los que tres realmente tienen consistencia de partido, que son el Partido Libertad y Refundación, que coordina el expresidente Manuel Zelaya y que es el partido que nace como consecuencia del golpe de Estado. Luego está el Partido Liberal, que ha sido un partido tradicional, centenario, que ahora tiene un nuevo liderazgo, caracterizado por Luis Zelaya, exrector de una universidad privada y muy ligado a los círculos fundamentalistas religiosos del Opus Dei.

Por el Partido Libertad y Refundación participa Salvador Nasralla…

Él es el candidato de una alianza partidaria entre LIBRE y un partido muy pequeño que se llama Partido de Innovación y Unidad, que se reclama ser socialdemócrata, pero que en realidad no lo es.

El candidato de la Alianza contra la Dictadura, Salvador Nasralla, durante su cierre de campaña en Tegucigalpa. EFE | Gustavo Amador | CONFIDENCIAL.

¿Y cuáles es la posibilidad que tienen de triunfo Nasralla y Zelaya?

En una elección sin fraude, Nasralla tiene más posibilidad que Zelaya de ganar la elección contra Juan Orlando Hernández.

La Conferencia Episcopal se pronunció sobre este proceso y habló de “rehabilitar la democracia y el Estado de Derecho” en Honduras. ¿Qué peso tiene este mensaje de la Iglesia entre el electorado?

Esto está asociado con la debilidad creciente de la influencia que ha tenido el cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga en la Iglesia Católica Hondureña. En esta ocasión la influencia de él ha disminuido y por eso se produce este pronunciamiento de la Conferencia Episcopal, que aunque no tiene la fuerza, ni el rigor, ni el vigor que la sociedad hondureña esperaba, por lo menos es un cierto distanciamiento con respecto al régimen, después de que la Iglesia se ha visto muy asociada no solo con la idea del golpe de Estado, sino también con el autoritarismo creciente del Gobierno actual. Y también las iglesias evangélicas, que se ven beneficiadas con transferencias financieras del Estado hondureño y del Gobierno.

¿Qué tanta credibilidad tiene el Tribunal Supremo Electoral? ¿Hay confianza en esa institución de parte de los electores y los partidos políticos?

No tiene la confianza que requiere un proceso transparente y creíble. En primer lugar porque está integrado por tres personas que se autollaman magistrados y que son nombrados por sus propios partidos políticos, lo que lo convierte en un organismo politizado partidariamente, por lo tanto vulnerable a la corrupción y a la manipulación de la ley en beneficio de los partidos que representan. Esto es un déficit de credibilidad muy grande para el Tribunal. El otro tema central es el Padrón Electoral, que carece de la credibilidad necesaria para darle legitimidad al proceso electoral. La oposición considera que casi un millón de personas están ilegalmente incluidas en el censo, ya sea por razones de defunción o por razones de ausencia y flujos migratorios.

¿Tiene control el presidente Hernández sobre el Tribunal Electoral e influencias sobre los magistrados?

Tiene una influencia absoluta y total. De hecho, se considera –y la oposición así lo denuncia– que el Tribunal Electoral es una institución al servicio del Presidente de la República.

¿Se puede fraguar en este contexto un fraude a favor del partido del presidente en las elecciones del 26 de noviembre?

Consideramos que el fraude está parcialmente montado y en camino. Pero la creciente conciencia de las fuerzas opositoras en torno al riesgo del fraude es muy importante y diría que han disminuido en toda la posibilidad de montar un fraude. En estos momentos, incluso, la alianza de oposición ha creado comandos antifraude, integrados por militantes decididos que van a estar ejerciendo una vigilancia directa en las mesas electorales, porque habrán cinco mil mesas electorales y un promedio de 18 mil urnas. Tengo la impresión de que la vigilancia estricta de parte de estos comandos puede, en un determinado momento, convertirse en puntos de conflicto y de eventual violencia.

El candidato del Partido Liberal, Luis Zelaya, durante su cierre de campaña en la ciudad de Progreso, al norte de Honduras. EFE | CONFIDENCIAL.

Además del Padrón Electoral que mencionaba, ¿cuáles son las principales deficiencias del sistema?

La oposición sostiene que la única base para definir resultados es el conteo directo en la mesa electoral, y por lo tanto el acta correspondiente que se levante con la firma de todos los representantes. Sin embargo, la posición tradicional del Tribunal Supremo Electoral es que los votos se cuenten en Tegucigalpa, centralizar el recuento. Pero ningún partido, ni el Liberal, ni la Alianza, van a aceptar eso.

¿Qué rol juega en esta elección la Misión de Observación Electoral de la OEA? ¿Tiene garantías para realizar una observación de calidad?

Hasta el momento sí. Incluso tengo entendido que van a instalar algunos controles electrónicos bajo su absoluto dominio, con gran autonomía del Tribunal Supremo Electoral, para seguir y monitorear detalladamente los momentos de la transmisión de datos y del conteo. La Misión de la Unión Europea también tiene una cantidad numerosa de observadores. La Embajada de Estados Unidos, por su parte, tiene una misión desplegada de cien observadores.

Sí son unas elecciones que cuentan con una cantidad destacada de observadores nacionales e internacionales.

Hacemos una distinción entre elecciones observadas y elecciones vigiladas. Generalmente los observadores vienen a ver el día de la votación. Y juzgan a partir de la mayor o menor tranquilidad que se observa en el ejercicio del sufragio en las mesas electorales. Pero nosotros somos partidarios de una vigilancia del proceso electoral, lo que incluye vigilarlo desde muchos meses antes. En ese sentido se han creado varias organizaciones de la sociedad civil, la más importante de ellas es la Coalición de Observación No Partidaria, conocida como N26, que va a tener desplegados unos dos mil observadores en todo el territorio nacional y que ha estado observando el proceso electoral desde aproximadamente cinco meses atrás.

¿Qué tanto peso ha tenido en la campaña los temas de la corrupción y la impunidad en Honduras?

Yo diría que las tres características principales de esta elección son: por primera vez compite un candidato que es el Presidente de la República, o sea, la reelección presidencial; por primera vez la oposición presenta una alianza amplia, que tiene posibilidades reales de triunfo; y, en tercer lugar, estas son las elecciones más influenciadas por factores externos, tanto de vigilancia como de denuncia. Me refiero, concretamente, a las declaraciones de los cabecillas del narcotráfico, que están en estos momentos siendo juzgados en los tribunales norteamericanos y que cada vez que un cabecilla del narco hace una declaración o revela la prensa norteamericana las interioridades de sus interrogatorios, eso repercute directamente en el ambiente político hondureño y en las listas electorales, porque algunos de los que aspiran a ser diputados aparecen mencionados como socios en los negocios del crimen organizado. Y, por otro lado, por primera vez una elección se celebra con la presencia de una misión internacional permanente de lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras, la famosa MACCIH.

¿Qué rol está jugando la MACCIH en este momento?

Es un rol recientemente positivo en la medida que va paso a paso logrando construir una plataforma jurídica que le permita montar un sistema nacional anticorrupción. La normativa jurídica hondureña ha estado diseñada para proteger la corrupción y hasta para estimularla y cubrirla con un manto de impunidad. La MACCIH ha tenido que crear una nueva normativa jurídica para lo que ha tenido que vencer la resistencia del Parlamento y del propio Presidente de la República. Y no ha sido fácil. Al principio existía una sensación de frustración al no poder conseguir una CICIG al estilo Guatemala, pero poco a poco la MACCIH ha ido demostrando que merece nuestra confianza y por lo tanto, en el peor de los casos, se le concede el beneficio de la duda. Yo diría que vale la pena apoyarla, estimularla, respaldarla y que poco a poco vaya construyendo ese esquema jurídico que le permita ser efectiva en su trabajo.

"El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser presidente o designado. El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por 10 años para el ejercicio de toda función pública".

Artículo pétreo de la Constitución de Honduras.