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Fiscalía usurpa funciones: no puede inhibir de facto a Cristiana Chamorro

La Fiscalía usurpa funciones, afirman juristas, “hay persecución política”. En “solidaridad”, ACxL “pausa” selección de candidatos

Confidencial Digital

2 de junio 2021

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La solicitud del Ministerio Público de inhabilitar a la precandidata presidencial Cristiana Chamorro Barrios para optar a cargos públicos y la petición de medidas precautelares en su contra, son parte de “una cadena de ilegalidades y arbitrariedades” en la acusación interpuesta este lunes por la Fiscalía que, según juristas consultados, dejan en evidencia que se trata de “un caso de persecución política”.

Chamorro fue acusada formalmente por “los delitos de gestión abusiva y falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos” a través de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH). En la acusación, la Fiscalía solicitó su inhibición en el proceso electoral, al asegurar que “no está en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, por encontrarse en un proceso penal”.

La aspirante a la presidencia respondió a través de Twitter ante su inminente inhibición: “No soy candidata oficial y pretenden inhibirme. Qué miedo le tienen al cambio. Unida, Nicaragua volverá a ser república”.


La jurista y académica, María Asunción Moreno, recordó que Chamorro goza de la presunción de inocencia, ya que “no ha sido procesada ni condenada por ningún  delito”. Por tanto, valoró que la, también, exdirectora de la FVBCH “está en pleno goce de sus derechos políticos”. 

Moreno señaló que la inhabilitación para ejercer cargos públicos “solo puede imponerse mediante sentencia firme condenatoria, ya que esta inhabilitación no es una medida cautelar sino una pena que se impone una vez la persona procesada sea condenada”. 

Además, la jurista indicó que entre las medidas cautelares previstas en los artículos 166 y 253 del Código Procesal Penal “no está la inhabilitación” para optar a cargos de elección popular. 

En la acusación la Fiscalía también solicitó retención migratoria para Chamorro; la periodista María Lily Delgado y los extrabajadores de la Fundación, Lourdes Arróliga y Guillermo Medrano. Además, les prohíbe concurrir a “determinadas reuniones y lugares”, e incluso comunicarse con personas vinculadas a los hechos investigados, “para evitar que evadan el proceso investigativo llevado en su contra”.

Estas medidas precautelares son “ilegales” y “arbitrarias”, indica Moreno. Puesto que “deben ser impuestas por un judicial a solicitud de la Fiscalía”, con la finalidad de garantizar la presencia del acusado en el juicio, ello no significa que la persona sea culpable.

“Un caso de inhibición ilegal”

“Estamos ante un caso de inhibición ilegal en el que el régimen (de Daniel Ortega y Rosario Murillo) pretende limitar el ejercicio de los derechos políticos de Cristiana”, subrayó la doctora Moreno.

Por su parte, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) repudió y condenó “el abuso de autoridad de la Fiscalía” que pretende inhibir a Cristiana Chamorro de participar en la contienda electoral. “Esto es ilegal e inconstitucional”, señaló la oenegé. 

“La limitación del derecho a participar en una elección de cargo público solamente se puede dar por las causas establecidas en la Constitución y estas son: limitaciones de edad, y la imposición de pena corporal grave, mediante sentencia judicial condenatoria”, precisó el Cenidh en un hilo de Twitter. 

En este mismo caso, la Policía orteguista mantiene secuestrados al exfinanciero de la FBVCH, Walter Gómez y al excontador Marcos Fletes, quienes fueron capturados el pasado 28 de mayo y desde entonces sus familiares y abogados no han logrado comunicarse con ellos. 

También han sido llamados a declarar una veintena de periodistas y directores de medios de comunicación. Los últimos en haber declarado fueron el escritor Sergio Ramírez Mercado, la periodista Patricia Orozco y el sociólogo Cirilo Otero.

Precandidatos respaldan a Cristiana Chamorro

Los precandidatos presidenciales: Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Arturo Cruz y Miguel Mora, también condenaron la solicitud de inhibición de Cristiana Chamorro, por considerar que es “absurda”, “injusta” e “ilegal”.

“Expreso mi más absoluto rechazo a la injusta persecución política contra Cristiana Chamorro, que nace del miedo que la dictadura le tiene a un proceso electoral libre. La acción arbitraria del régimen, amerita el más amplio repudio nacional e internacional”, dijo Maradiaga. 

Asimismo, Cruz escribió en su cuenta de Twitter: “Nosotros seguiremos adelante, no nos vamos a guiar por legalidades espurias. Cristiana debe seguir en su proceso de inscripción en Alianza Ciudadana, así también los demás precandidatos. Vamos a cerrar filas, que el futuro del país está en juego”.

"Ese juego perverso, de inhibir a todos, de pretender que la oposición se autodestruya, no les va a funcionar. Ninguno de nosotros vamos a prestarnos al zancudismo y al colaboracionismo, jamás. ¿Quieren cargar con el costo de inhabilitar la vía electoral? Pues, háganlo", agregó Cruz en un hilo.

Ante la posible inhibición de Chamorro, la Alianza Ciudadanos por la Libertad canceló las actividades que tenía previstas este miércoles relacionadas con la inscripción de precandidatos presidenciales y en las próximas horas se pronunciará al respecto.  

Miguel Mora, precandidato presidencial del cancelado Partido de Restauración Democrática, también expresó su solidaridad a través de Twitter.

Por su parte, la Unión Demócrata Renovadora (Unamos) advirtió que la Fiscalía “usurpa funciones que no le corresponden” y por lo mismo emitió “una resolución ilegal, inconstitucional y espuria”, por la que deberán responder en el futuro. 

“El despojo de derechos civiles y políticos mediante un comunicado amenaza a cada nicaragüense, quienes perdemos toda protección legal frente al poder de la dictadura y su maquinaria represiva.  No hay artículo de la Constitución que tenga valor alguno, ni ley que sea respetada”, señaló Unamos.  

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Confidencial es un diario digital nicaragüense, de formato multimedia, fundado por Carlos F. Chamorro en junio de 1996.

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