Está “en manos de Ortega” desmontar nueva Nica Act

Al comandante Daniel Ortega no le funcionó el acuerdo de “trabajo conjunto”, firmado con la OEA, para evitar la introducción de una nueva iniciativa de sanciones de Estados Unidos a los préstamos de organismos multilaterales, conocida como Nica Act 2017. Sin embargo, analistas nicaragüenses coinciden en que “revitalizar” el acuerdo, con los ajustes necesarios para que este en verdad responda a los problemas técnicos y políticos del país, permitiría desmontar la Nica Act y prevenir un escenario que boquearía la mitad de los recursos disponibles para inversión pública y aceleraría la caída de la economía.

La nueva versión de Nica Act, presentada este miércoles por veinticinco legisladores estadounidenses ante la Cámara Baja de ese país, “endurece” la propuesta de condiciones de Estados Unidos al gobierno de Ortega, al demandar —además del restablecimiento de las instituciones democráticas— el combate a la corrupción, incluyendo la investigación de altos funcionarios señalados por este tipo de actos, con un mandato para que el Departamento de Estado presente un informe al respecto, ahora en noventa días, y no en 120 como la propuesta original.

El proyecto se introduce seis meses después de su primera versión, que fue aprobada por unanimidad de esa Cámara en septiembre de 2016. La nueva Nica Act demanda que Estados Unidos abogue “firmemente” para que a través de la Organización de Estados Americanos se envíe una misión de observación electoral para los comicios municipales del próximo noviembre.

Sin embargo, no menciona nada sobre la “mesa de conversación e intercambio” y el acuerdo posterior que durante ese período han impulsado el gobierno de Ortega y la Secretaría General de la OEA, con el compromiso de “fortalecer” la institucionalidad democrática del país.

El exdiputado y exaliado del gobernante Frente Sandinista, Agustín Jarquín Anaya, considera que “evidentemente” los congresistas norteamericanos no tomaron en cuenta el diálogo de Ortega con la OEA porque es “insuficiente” para lograr cambios importantes en el sistema democrático de Nicaragua. “No vieron ahí —dice— una solución real”.

La omisión de la nueva iniciativa sobre el acuerdo entre el gobierno de Ortega y la OEA tampoco sorprendió a representantes de la oposición nicaragüense, que cuestionan la “falta de seriedad” de un proceso que califican de “excluyente” y a su juicio no atiende los problemas reales del sistema político y electoral del país.

“Ortega no logró engañar a los congresistas y las acciones de su régimen solo han empeorado hacia un proyecto autoritario y dinástico”, estima la historiadora y comandante guerrillera Dora María Téllez.

Acuerdo con OEA urge ajustes

Jarquín Anaya estima que el acuerdo con la OEA resulta “muy diminuto” para las garantizar los ajustes que necesita el sistema político nicaragüense.

La oficina del uruguayo Luis Almagro no demoró en descalificar la utilidad de la iniciativa, a la que el gobierno de Ortega —también en una reacción casi inmediata— ha llamado “una nueva amenaza” y la califica de “injerencista”.

“Desde esta Secretaría General se invita a los legisladores patrocinantes (sic) del proyecto a reconsiderar los aspectos necesarios que permitan al Gobierno de Nicaragua y a la Secretaría General contar con los tiempos y espacios necesarios para llevar adelante el trabajo acordado entre ambas partes”, solicitó la Organización, tras afirmar que la medida “no es un aporte constructivo” al proceso bilateral.

Jarquín, que también fue compañero de fórmula presidencial de Ortega en 2001, considera que no se requiere solo de una reacción “pidiendo comprensión, sino de una reforma a ese memorando de entendimiento, si es que se quiere efectivamente enfrentar con eficacia la amenaza que representa la Nica Act”.

“Lo que corresponde en Nicaragua, por el interés de los nicaragüenses y para que incluso el mismo presidente Ortega pueda no tirar por la borda los logros que ha tenido su gestión de gobierno —como el diálogo con la empresa privada o los avances en energía eléctrica o infraestructura— es retomar las promesas originales, cuando él (Ortega) solicitaba un voto de confianza para poder llegar al gobierno”, estima Jarquín.

El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas del American Collage, Ricardo de León Borge, considera, por ejemplo, que el acuerdo con la OEA debería retomar las recomendaciones del organismo hechas tras las elecciones de 2011, que son las mismas citadas por los congresistas estadounidenses. Además, estima que en lugar de tres años, el acuerdo entre la OEA y el gobierno debería de garantizar un proceso electoral transparente e inclusivo para las próximas municipales de noviembre.

“Esto (la nueva Nica Act) debe ser tomado como un llamado de atención para que el proceso (de diálogo y “trabajo conjunto” con la OEA) se reencause, porque hoy hay muchos retrocesos a nivel democrático y a nivel institucional, que hacen que no tengamos un Estado de Derecho”, afirma De León.

“Todos ganamos”, considera Jarquín

Luis Almagro and Daniel Ortega. Photo: Nicaraguan presidency

El también excontralor de la República, Agustín Jarquín, coincide en que Ortega tiene “la oportunidad de revitalizar el acuerdo, que se revise y darle fuerza y arraigo”, porque a su juicio, Ortega ni siquiera estaría cediendo nada, sino cumpliendo con lo que manda la Constitución Política de Nicaragua, la Carta Democrática y los Acuerdos de Esquipulas, firmados en los noventa.

“Si efectivamente Nicaragua retoma la institucionalidad, la lucha efectiva contra la corrupción, las demandas con la Ley 840 (de la concesión para la construcción del canal interoceánico) y se supera ese daño a la soberanía y la afectación a los campesinos, si además se retoma la titulación de las tierras de los indígenas que ha suspendido, todas esas cosas serían muy positivas”, apunta Jarquín.

Además, sostiene que es de igual importancia “despartidarizar el sistema”, eliminado todas las banderas de instituciones y actos públicos, tal como regresar la independencia y respetar el proceso de profesionalización de la Policía Nacional y el Ejército Nicaragua y garantizar la autonomía municipal.

“Todo esto le daría gobernabilidad a la administración de Ortega y es una manera de rescatar las cosas positivas que ha hecho. Todos ganamos. Sino lo hace, el deterioro en economía, como ya lo han señalado los economistas, se va a acelerar con esta situación, y de hecho ya se mira el enfriamiento”, advierte.

De León está de acuerdo en que sin estos cambios “vamos a sufrir los nicaragüenses y el gobierno también pagará el costo”.

Jarquín recordó que antes de llegar al gobierno, Ortega “hablaba de una lucha frontal contra la corrupción, pero lamentablemente ha sido diferente”.

“Debe haber separación de poderes, no puede haber un poder omnímodo ni continuar mandando mensajes de corrupción e impunidad al permitir y cubrir este tipo de acciones en la administración pública”, agrega el excontralor.

Condiciones en BID y Banco Mundial

Tal como su primera versión, la nueva Nica Act propone que Estados Unidos vote en contra de Nicaragua en los préstamos de los organismos multilaterales en los que ese país tiene voto decisivo, e incluye al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial.

En septiembre del año pasado, en el contexto del primer texto de la iniciativa, el excanciller Francisco Aguirre Sacasa calculó que los organismos multilaterales prestan a Nicaragua unos 250 millones de dólares al año, en condiciones favorables. Estos montos, además, se han mantenido tras la caída de la cooperación petrolera, con la crisis del aliado gobierno de Venezuela y hoy representan más del cincuenta por ciento de los recursos disponibles para la inversión pública.

Las excepciones al veto estadounidense son préstamos por “razones humanitarias, o para promover la democracia en Nicaragua”, o cuando en las ayudas a organizaciones de la sociedad civil y programas de democracia, gobernabilidad y derechos humanos.

Entre septiembre de 2016 y abril de 2017, o bien, entre la introducción de la primera Nica Act y su nueva versión ahora más endurecida, Ortega hizo una sola acción diferente a las medidas acostumbradas desde que regresó a la presidencia en enero de 2007: aceptar un proceso de diálogo con la Secretaría General de la OEA.

La razón de esta acción, según diversos analistas, fue frenar la primera Nica Act y ganar tiempo ante la nueva administración estadounidense; de paso —añadieron— Ortega evitaba que la Secretaría General revelara el contenido de su informe sobre la situación política y electoral a las puertas de las votaciones de 2016, tras las cuales Ortega fue proclamado para un tercer período consecutivo, junto a su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta.

Pero la iniciativa no se refiere al acuerdo entre el gobierno de Ortega y la OEA, y en cambio, sí cita ampliamente el último informe del Departamento de Estado sobre las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Además, hace énfasis en los señalamientos y recomendaciones que la organización realizó tras las elecciones nacionales de 2011, en las que Ortega impuso su reelección inconstitucional, y la oposición reclamó un fraude orquestado por el mismo tribunal electoral.

Aquel año, la OEA recomendó depurar el padrón electoral, garantizar la acreditación de los fiscales de todos los partidos políticos, el pluralismo e independencia de todos los niveles de la estructura electoral y garantizar la cedulación ciudadana.

Para las siguientes elecciones nacionales, en 2016, el gobierno no solo omitió estas recomendaciones, sino que además inhabilitó a la oposición nicaragüense y conculcó el derecho a la observación electoral, garantizando un proceso sin competencia ni garantías, al que la ciudadanía respondió con una abstención masiva y sin precedentes. Las irregularidades de este proceso también son citados por la nueva Nica Act.

No obstante, el acuerdo con la OEA omite la mayoría de estas recomendaciones y ni siquiera hace mención de su propio informe de 2011, manteniendo también en secreto el informe preparado el año pasado, previo a las votaciones.

Gobierno rechaza; oposición lo culpa

EFE

A pesar de que la OEA salió en defensa de su acuerdo con el gobierno casi de inmediato, el gobierno de Ortega no mencionó el acuerdo con la OEA en su reacción al proyecto de los congresistas norteamericanos.

“La Nica Act 2017 es una amenaza más, de las muchas que a lo largo de la historia se han cernido sobre Nicaragua, en el afán de las mentalidades imperialistas de apropiarse de nuestro país. Es un nuevo intento de concederse el derecho de intromisión destructiva en nuestros asuntos nacionales”, indica la nota de prensa, leída por Murillo en una llamada a medios oficialistas.

En Nicaragua, el opositor Frente Amplio por la Democracia (FAD) lamentó que la vocación del ejercicio “dictatorial y corrupto” de Ortega y Murillo cree “una vez más”, las condiciones para que “se restrinja la cooperación financiera internacional”.

“Esta iniciativa de ley puede ser evitada si se escucha el clamor del pueblo de Nicaragua que desde el 2008 demanda elecciones libres, justas y transparentes, si el gobierno detiene la persecución a defensores y defensoras de derechos humanos, e inicia investigaciones serias sobre abusos y violaciones a derechos humanos y sobre innumerables actos de corrupción”, advirtió el FAD. El movimiento Ciudadanos por la Libertad, en cambio, no se ha pronunciado al respecto, bajo argumento de estar concentrado en las gestiones para obtener su personería jurídica.

Congresistas fustigan a Ortega

La nueva Nica Act está firmada por quince congresistas republicanos y diez demócratas, encabezados por la republicana Ileana Ros-Lehtinen y el demócrata Albio Sires.

La Cámara de Representantes recordó que en diciembre de 2015, el Congreso aprobó una ley con numerosas condiciones para la ayuda a Honduras, Guatemala, y El Salvador, incluyendo la lucha contra la corrupción, la protección de los derechos humanos, la lucha contra el tráfico humano y el mejoramiento de la seguridad fronteriza.

“Esta versión de la Nica Act va un paso más allá de la versión anterior que Albio y yo presentamos en el último Congreso, pide que el régimen de Ortega combata activamente la corrupción y tome las medidas significativas para proteger a defensores y activistas de los derechos humanos. Estas son preocupaciones bipartidistas, y como muchos de nosotros hemos presenciado durante más de una década, el poder de Ortega que ha llevado a Nicaragua a una continua espiral descendente”, declaró Ros-Lehtinen.

Sires, por su parte, agregó que “Ortega y su familia continúan acumulando gran cantidad de riquezas, mientras que Nicaragua sigue siendo el segundo país más pobre del Hemisferio Occidental. Él ha pasado años reprimiendo a la oposición política y ha creado una monarquía de facto haciendo que su esposa asuma el papel de vicepresidente”.

Los analistas Oscar-René Vargas y Ricardo De León Borge coinciden en que la crisis venezolana ha influido en la introducción de la nueva Nica Act.

“Era lo esperado por la sencilla razón de que el caso de Nicaragua es para Estados Unidos una carambola con el caso de Venezuela”, dice Vargas.

Según De León, el país anglosajón también ve en Nicaragua “un posible problema más adelante”, como lo ha sido Venezuela. Sin embargo, indica que “habrá que ver si la administración de Donald Trump aceptará impulsar la acción sobre Nicaragua, si ya tiene el reto de Venezuela”. También, estará por verse si la OEA dejará su doble rasero para medir el deterioro democrático de ambas naciones y cuestionar a Ortega con la misma vehemencia dedicada al venezolano Nicolás Maduro.

Empresarios: nicas debemos resolver

• El sector privado reaccionó con prudencia al anuncio de la introducción de la nueva Nica Act

Álvaro Rodríguez Zapata (izquierda) presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua.

Sin llegar a rechazar la iniciativa de los congresistas estadounidenses –pero tampoco sin aplaudirla– la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham), instó en un comunicado a buscar las maneras de desactivarla antes que pase a formar parte del cuerpo legal de ese país.

“Consideramos de urgencia la necesidad de fortalecer la institucionalidad y nuestro sistema democrático, a la vez que hacemos un llamado a las autoridades nacionales a impulsar las reformas necesarias que resten argumentos al Congreso de EE. UU., para la no aprobación de dicha iniciativa de ley y evitar así, sanciones que afecten al pueblo nicaragüense”, señala la Cámara en un comunicado.

Pensando en la forma en que la aprobación de esa ley podría perjudicar al país, los empresarios aglutinados en AmCham reiteran su posición oficial en el sentido que “los asuntos de orden interno deben ser resueltos por los nicaragüenses, lo que hace imperativo la adopción de medidas para evitar se convierta en ley, y su consecuente afectación al clima de negocios, la inversión extranjera y el desarrollo económico”.

De paso, aprovechan para “respaldar firmemente el proceso de diálogo promovido por la Organización de Estados Americanos”, (OEA), algo en lo que coinciden con Enrique Zamora, Presidente de Agropecuaria Lafise, quien insta a esperar los resultados del dialogo instaurado entre el gobierno de Daniel Ortega con la OEA, “que es un organismo regional”, aunque reconoce que “no podemos detener la decisión de un grupo de senadores de Estados Unidos”.

A escala local, el también vicepresidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), instó por “fortalecer el dialogo interno y la institucionalidad”, recordando que el mismo Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), del que también es miembro, mantiene un dialogo permanente con el gobierno.

“La relación del sector privado con el gobierno no es de ahora. Es coyuntural. Comenzó en 2007, y sirvió para establecer canales de comunicación y poder trabajar con el gobierno”, explicó.

(Con la colaboración de Iván Olivares)