10 de febrero 2022
La Alcaldía de Rivas, bajo control del gobernante Frente Sandinista desde 2008, está descabezada desde la semana pasada, cuando fue intervenida por la Dirección de Investigaciones Económicas de la Policía y el Instituto de Fomento Municipal (INIFOM), según fuentes vinculadas a la investigación.
El alcalde Wilfredo López Hernández, un dirigente local del FSLN que apoyó con entusiasmo el proyecto del fallido canal interoceánico en 2014, está suspendido de su cargo, mientras se realiza la investigación, de acuerdo con fuentes de la alcaldía. En cambio, los principales funcionarios de su administración: el gerente Doyler Balmaceda, la jefa de planificación Martha Hernández, el director de proyectos Ernesto Barrios, y el asesor legal de la institución Carlos Molina, fueron obligados a renunciar a sus cargos.
López Hernández contestó anoche una llamada telefónica de CONFIDENCIAL, pero inmediatamente guardó silencio cuando el equipo periodístico se identificó y le preguntó sobre la crisis de la municipalidad. La investigación estaría centrada en supuestos actos de corrupción relacionados con los negocios del alcalde y otros funcionarios, aprovechando sus cargos públicos. En particular, se investiga la sobrevaloración del proyecto “Casas para el Pueblo Bismarck Martínez”, que aún no ha sido inaugurado, y la inscripción de propiedades a nombre de terceros, así como el proyecto de remodelación del parque de la ciudad, en que se presume un desvío de fondos superior a los dos millones de córdobas.
En medio del hermetismo que acostumbra el FSLN, la intervención municipal en esta alcaldía del sur del país despertó una serie de especulaciones sobre la posibilidad de que López Hernández estuviera detenido y bajo vigilancia. Sin embargo, dos fuentes confirmaron que está libre y explicaron que es probable que sea sustituido por quien designe la pareja presidencial, una decisión a la que se sumarán en coros los partidarios del FSLN y sus aliados.
El exconcejal opositor de Rivas, Josué Vásquez, actualmente en el exilio, dijo que, a finales de enero de 2022, supo que el Concejo Municipal de Rivas se reunió de manera extraordinaria para aprobar el cierre del presupuesto municipal de egresos e ingresos de 2021, pero no se abordó ningún tema vinculado a López Hernández, a quien conoció personalmente cuando fue parte del Concejo Municipal entre 2012 y 2017.
Según la versión de Vásquez, López fue separado de facto directamente por el Ejecutivo cuando debió hacerlo el Concejo como máxima autoridad local. “Lo destituyen a él y todos los altos cargos están suspendidos”, afirmó este opositor, quien fue informado que el último viernes de febrero habrá una nueva sesión municipal en la cual se conocerán detalles de lo ocurrido. Actualmente nadie sabe nada al respecto, fuera de los involucrados y las autoridades que intervinieron la gestión local.
Sin embargo, el exconcejal caracterizó la gestión administrativa del alcalde como poco transparente, porque había eliminado los procesos de licitación, su oficina tenía un presupuesto asignado de dos millones a tres millones de córdobas y el mismo salario de López Hernández era muy alto, aunque no precisó la cifra.
“Uno de los requisitos es que los proyectos fueran a licitación y con “Wil” López empezó a perderse eso. Él nombraba a la empresa que iba a hacer los proyectos y lo que se aprobaba no era lo que existía en la realidad”, señaló el exconcejal Vásquez.
Magistrada interrogada en “El Chipote”
El otro escándalo de corrupción que sacude al FSLN en Rivas toca directamente a la magistrada Ileana Pérez, presidenta de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cercana al presidente Daniel Ortega, y a cargo de la circunscripción sur que corresponde a los departamentos de Granada y Rivas.
Fuentes policiales confirmaron que Pérez fue interrogada el viernes 4 de febrero en la Dirección de Auxilio Judicial conocida como El Chipote, por el caso de una propiedad que en el pasado fue de un narcotraficante y terminó en manos de un hermano de la funcionaria, el juez de lo civil en Rivas, Emilio Chan López.
La propiedad, ubicada en Cruz de Monte San Juan 1/2c al norte, en el municipio de Rivas, fue confiscada al narcotraficante Luis Medina Amoretti, asesinado por sicarios en Costa Rica durante 2014.
En agosto de 2021, el registrador de la propiedad de Rivas, Pedro Muñoz Carranza, fue destituido de su cargo por negarse a participar en actos prohibidos por la ley, como el registro de la propiedad del exnarco a nombre de particulares. La magistrada Pérez sustituyó a Muñoz con Jeiner Alexander Herrera Condega, quien varios meses después registró la propiedad a nombre del juez de Rivas Emilio Chan López, hermano de la magistrada.
La semana pasada la Policía realizó un allanamiento en la propiedad inscrita a nombre del juez, y al encontrar una cifra superior a los 200 000 dólares en efectivo, inició una investigación.
El juez Chan, la magistrada Pérez, y el registrador Herrera, fueron interrogados en la Dirección de Auxilio Judicial, pero ninguno de los tres se encuentran detenidos.
Hasta el momento, pese a que la denuncia sobre las acciones de la magistrada ha sido anticipada por el canal 100% Noticias y otros medios de comunicación, ni la Policía ni la Corte Suprema de Justicia se han pronunciado sobre la investigación. Pérez tampoco respondió su celular cuando CONFIDENCIAL intentó ubicarla.
“El rollo es bastante grande, no se sabe las explicaciones que dieron sobre una fuerte cantidad de dinero que hallaron en la casa del juez”, dijo la fuente que explicó que la Alcaldía de Rivas —bajo investigación por los asuntos administrativos del edil Wilfredo López Hernández— emitió las certificaciones catastrales para facilitar el traslado de la propiedad a favor del hermano de la magistrada Pérez.
A pesar de la gravedad de los hechos, fuentes vinculadas al FSLN descartaron que la investigación pueda tener mayores consecuencias para la magistrada Pérez, quien “cuenta con el apoyo y la protección del presidente Ortega” o para su hermano que está en proceso ser trasladado a otro departamento para ocupar otro cargo.
La magistrada Pérez es una funcionaria de carrera judicial, leal al FSLN y a Daniel Ortega, conocida porque falló en 2002 contra el expresidente Arnoldo Alemán Lacayo (1997-2001) en un caso por un fraude de 1.3 millones de dólares en contra de la televisora estatal Canal 6.