13 de octubre 2022
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En un ambiente de creciente presión del orteguismo a las estructuras de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fueron destituidas por “órdenes superiores” desde inicios de octubre Katia Jaentschke Acevedo y Ruth Tapia Roa, directora de relaciones internacionales y Protocolo, respectivamente, confirmaron fuentes del Poder Judicial.
Katia Jaentschke es hija del exvicecanciller Valdrack Jaentschke Whitaker, operador político del régimen y actual “ministro consejero” en la embajada en Costa Rica. Fue destituida de su cargo como directora de Relaciones Internacionales de la CSJ que según su perfil profesional en LinkedIn, ocupaba desde septiembre de 2019.
La fuente señaló que se desconoce la causa del abrupto despido, que causó “sorpresa e incertidumbre entre los funcionarios”, donde Jaentschke era conocida como una profesional que “cumplía sus deberes como funcionaria pública y como militante del Frente Sandinista”.
La orden del despido llegó directamente de El Carmen —la oficina presidencial y la secretaría del FSLN a cargo de Néstor Moncada Lau— y se ejecutó sin titubeos, precisó la fuente.
“No la dejaron entrar a su oficina a recoger sus pertenencias personales”, dijo la fuente del poder judicial, y criticó que “otras personas señaladas por graves casos de corrupción siguen como si nada en sus puestos, lo que genera aún más desconcierto y repudio”.
También fue despedida la directora de Protocolo, Ruth Tapia Roa, quien tiene una larga trayectoria en el Gobierno Ortega Murillo como secretaria del Ministerio de Defensa (2007-2012), embajadora en Francia, y estuvo tres meses como representante ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
Ruth Tapia Roa, exfuncionaria del régimen orteguista. Foto: Tomada del 19 Digital
La destitución de Tapia ocurrió en la primera semana de octubre y como en el caso de Jaentschke la orden llegó de la Secretaría del FSLN en El Carmen.
En su breve período como representante ante la OEA en 2019, Tapia Roa defendió al régimen, cuando fue denunciado por graves violaciones de derechos humanos, cometidas contra los ciudadanos en las manifestaciones de abril de 2018.
“Hay muchas cosas buenas en Nicaragua y yo creo que eso hizo que Estados Unidos quisiera desbaratar, porque estábamos en el mejor momento. Somos un mal ejemplo para la región, porque a pesar de que seguimos siendo el segundo país más pobre de América Latina, somos un país que avanza”, dijo Tapia Roa en una entrevista con el documentalista Hernando Calvo Ospina.
Otros despidos repentinos en la CSJ
El abogado y exfuncionario del Poder Judicial, Yader Morazán, publicó en su cuenta de Twitter el 23 de septiembre, que Leónidas Tapia, asesor de la presidencia de ese poder del Estado, había sido expulsado y “luego no lo dejan pasar ni del portón de la Suprema Corte donde laboraba”.
Por considerarlo no alineado, expulsan a Leónidas Tapia y luego no lo dejan pasar ni del portón de la Suprema Corte donde laboraba de asesor de la presidencia de ese poder del Estado. (Izq.)👇
Les recuerdo que los asesores son quienes le hacen el trabajo a los magistrados(as). pic.twitter.com/lhjV8wfmEo— Yader Morazán ⚖️ 🇳🇮 (@YaderMorazan) September 23, 2022
La fuente consultada por CONFIDENCIAL confirmó que “al volver de las vacaciones de la semana patria, el licenciado Tapia fue despedido, sin ninguna explicación oficial”.
Tapia intentó viajar de vacaciones fuera del país en los días patrios, pero “no solo le impidieron, sino que también ordenaron su despido”, indicó la fuente.
Morazán confirmó que, a través de sus contactos en la CSJ, ha podido conocer que existen muchas presiones partidarias a funcionarios de la institución para que participen en actividades del FSLN que son cada vez más frecuentes, a medida que se acerca noviembre, cuando están previstas las votaciones municipales.
Confirman el testimonio de “Sergio”
Una extrabajadora del Poder Judicial, consultada bajo condición de anonimato, dijo que se sintió identificada con el testimonio de “Sergio”, un funcionario de esta institución durante más de una década entrevistado por el programa televisivo Esta Semana y CONFIDENCIAL.
“Sergio” expresó su “hartazgo” con el sistema de vigilancia política al que son sometidos por el FSLN. Entró a trabajar al Poder Judicial hace más de 12 ó 13 años, a través de un aval político, que resulta decisivo para poder trabajar ahí, aunque se tengan estudios de postgrado.
De acuerdo con su relato, la situación que viven es de subyugación a la voluntad del oficialismo: los fines de semana deben participar en actividades y vigilar también a opositores. Por eso sintieron esperanza, cuando se dio la renuncia en marzo pasado del embajador Arturo McFields, como representante de la tiranía ante la OEA.
“Los trabajadores del Poder Judicial se deben sentir como los del Ejército ruso. Van a una guerra porque no les queda de otra. Sin la motivación de que defienden una causa legítima, sino todo lo contrario. Eso es lo que los hace querer abandonar todo en la primera oportunidad que se les presente, y ese sentimiento está presente desde los niveles altos hasta los bajos. Ellos saben que trabajan para una mafia”, agregó la extrabajadora del Poder Judicial.
Además del testimonio de “Sergio”, CONFIDENCIAL publicó el 2 de octubre pasado una conversación de “Alicia”, otra trabajadora del Estado, que confirmó que existe un apoyo mínimo a la dictadura entre los empleados estatales.
Para el exdiputado opositor Eliseo Núñez, exmiembro de la Comisión de Justicia, la CSJ es hoy un “reducto partidista que obedece a las órdenes de Daniel Ortega”, desconociendo los intereses de la ciudadanía.
Núñez afirma que se pueden revisar las sentencias de la CSJ y no hay una sola en que le den la razón a un usuario que vaya en contra del Estado por cualquier razón. “Simplemente hay una orden desde el inicio de que no hay sentencias en contra el Estado, cuando se trata que esté compense o pague algo”, añadió.
También recordó, como prueba de la fidelidad del Poder Judicial a Ortega, las sentencias que claramente han favorecido al FSLN como la que permitió la reelección del tirano en 2011, la eliminación de la personería del Partido Liberal Independiente en junio de 2016, así como el reclamo por su personería jurídica del Movimiento Renovador Sandinista que duerme en el sueño de los justos.
“Es un sistema judicial totalmente sometido y, encima de eso, después de 2018, es uno que asume como propio el discurso político de Ortega de que hay un golpe de Estado y que actúa en razón de eso y no de impartir justicia. Es decir, dan por condenados a todo el mundo y se prestan a todo tipo de violaciones de derechos humanos”, lamentó el exlegislador.
