29 de marzo 2016
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En abril del año pasado, empleados estatales de la Empresa Nacional de Puertos demolieron una inversión del empresario Milton Arcia en Ometepe, sin ninguna autorización o justificación legal. Diez días después, en vez de ofrecer explicaciones, el Estado, a través de la Procuraduría, trató de justificar al acto de barbarie presentando una declaración pre datada de utilidad pública de la propiedad. Antes de eso, los propietarios del hotel Punta Teonoste en las playas del Pacífico, o los propietarios de una valiosa propiedad situada a orillas de carretera a Masaya, frente a Galerías Santo Domingo, vieron cómo personas o entidades vinculadas al Estado, invadían sus propiedades de forma arbitraria.
“Eso es debilidad institucional. Por supuesto que este tipo de casos afecta la imagen del país. Es indiscutible. No solo eso, también afectan el clima de inversión y el desarrollo económico, porque la garantía de los derechos de propiedad, es fundamental para el desarrollo”, aseguró el jurista Tomás Delaney, al ser entrevistado para el programa de TV ‘Esta Noche’, que se transmite por canal 12.
Delaney, que es miembro de la Comisión de Institucionalidad de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) citó al presidente Calvin Coolidge, (que gobernó estados Unidos entre 1923 y 1929), al decir que existen “dos motores fundamentales para mover la economía: la propiedad privada y la libre competencia”.
“El mismo presidente Coolidge explicó estos conceptos a su manera de la siguiente forma: Dijo que la propiedad privada no consistía tanto en el título de propiedad, sino en la convicción íntima de que esa propiedad estaba garantizada y protegida por el Estado. Y que la libre competencia consistía en que no hubiera privilegios para nadie”, añadió citando un fragmento del discurso que ofreció al presentarse el segundo Informe de Institucionalidad Económica 2016.
Regresando a los tres casos de afectaciones a la propiedad citados antes, cuyas posibles soluciones pasan por negociaciones con el poder político, pasando por alto los tribunales que solo servirán para legitimar las decisiones del caudillo, Delaney consideró que “no es criticable que los afectados busquen soluciones en una mesa de negociación”.
“Lo que sí es criticable es sustituir los canales institucionales normales, donde deben dilucidarse este tipo de problemas, por otro tipo de opciones, porque al abandonar los canales institucionales normales se debilita la misma institucionalidad. Como dicen los estudiosos, las instituciones se fortalecen entre ellas mismas. En la medida en que se vayan abandonando unas, las otras van quedando desamparadas, y se va debilitando todo el sistema”.
Percepción de mayor orden
El problema es que esa es la costumbre en Nicaragua, y esa costumbre, además de cimentar el poder del caudillo (cuyas decisiones omnímodas definen el bienestar o el fracaso de quienes recurren a él), limitan el desarrollo político de una sociedad, así como su progreso económico.
Durante la presentación del Informe de Institucionalidad Económica, Delaney definió que “ningún sistema, político o económico, puede funcionar de manera sostenida sin institucionalidad. Cualquiera sea el sistema de gobierno que tenga un país, cualquiera sea el modelo económico, no puede funcionar sin las instituciones apropiadas”.
“La institucionalidad –entendiéndola como un conjunto armónico de organizaciones, normativas, criterios y prácticas para alcanzar un fin determinado– es lo que hace posible el funcionamiento de cualquier comunidad, sociedad o nación. Es como el mecanismo que hace posible que un motor funcione”, añadió.
El informe de Funides se concentra en derechos de propiedad y seguridad jurídica, porque esos temas “aparecen mencionados recurrentemente por los sectores económicos y empresariales del país en las diversas consultas y encuestas de opinión que se han hecho”, aseguró.
De forma consistente, las encuestas hechas con representantes del sector privado señalan la inseguridad jurídica, la sumisión del Poder Judicial ante el Ejecutivo, la corrupción y el retraso en la aplicación de justicia, como algunos de los males que les hacen dudar de invertir más, y a más largo plazo en el país.
Según una encuesta efectuada entre 105 abogados (de un universo de casi 15,500), hay mayor agilidad en el sistema judicial, tal como lo explicó la economista Lylliam Huelva, en el programa de TV ‘Esta Noche’.
Las respuestas de los encuestados indican que “se ha reducido el número de casos en mora”, y esto parece ser así porque “se están implementando nuevos sistemas de despacho judicial que han contribuido a esas mejoras”. Con todo, “el reto siempre está en mejorar las percepciones sobre la independencia interna y externa del sistema”, admitió.
En referencia al Registro de la Propiedad, se señala que “la agilidad ha mejorado”, así como “las percepciones de corrupción”, entre 2013 a 2015. “Pareciera que el trabajo que ha venido realizando el Registro para ordenarse, y las inspecciones, que han dado como resultado la remoción de 13 de los 17 registradores, han incidido en la percepción de que se están ordenando las cosas”, explicó. Pero Nicaragua aun sigue estando a la zaga del resto de Centroamérica en cuanto al tiempo que se requiere para registrar una propiedad.
Avances insuficientes
En uso desde mediados de la década pasada, los ‘certificados de no objeción’, se mantienen como un requisito a cumplir “para efectuar determinadas transacciones de propiedades que tenían un origen dudoso, donde el Estado había estado involucrado por alguna razón”, explica Delaney.
Aunque su entrega “se ha venido agilizando, y son menos las exigencias… ya no las solicitan las partes, sino que eso queda a criterio del Catastro”, aunque Huelva asegura que para la comunidad legal del país sería de mucha utilidad que el documento se les entregara a petición de ellos como usuarios del sistema, en especial cuando “los bancos te piden presentar la no objeción, pero la Procuraduría no me la emite a mí como usuaria”.
Huelva abogó por “seguir avanzando para que haya más agilidad”, y por “poner a trabajar a la comisión que emite las constancias, porque de otra forma, no existe libertad para poder transar esas propiedades en las zonas fronterizas y las zonas costeras”, por ejemplo.
Se refiere a la limitación impuesta en la Ley de zonas fronterizas que regula el derecho de propiedad en una franja de 15 kilómetros, lo que paraliza la posibilidad de negociar propiedades en una extensión de tierra que equivale al 9% del territorio nacional.
La experta también cree que si existe la percepción de que el gobierno se preocupó más por resolver los casos de los ciudadanos estadounidenses (naturales o nacionalizados), que por dar respuesta a sus connacionales, es por la importancia que los medios de comunicación le dieron al tema.
“El problema con el waiver es que ha estado dominando la agenda pública, y la discusión sobre el problema de la propiedad en Nicaragua ha girado mucho en torno a eso, lo que no permite que se pueda ver de forma integral, cómo están las cosas en el país”. La otra razón es que tampoco hay un monitoreo constante de casos nacionales por resolver, como sí lo había en el caso del waiver.
Uno de los principales hallazgos del Informe en materia de seguridad jurídica, es que “el sistema judicial de Nicaragua ha avanzado en agilizar los procesos judiciales. Este logro resulta en reducciones en la duración de los mismos: cerca de una quinta parte del tiempo para juicios de primera instancia y cerca de un tercio del tiempo, para apelaciones”.
Huelva explicó que, pese a las mejoras, el país necesita avanzar más rápido para ‘alcanzar’ a los vecinos de la región, que resuelven sus expedientes judiciales más rápido que los letrados y el sistema nicaragüense.
Del mismo modo, “persiste el reto de fortalecer la independencia interna y externa del sistema judicial, para así brindar seguridad jurídica a inversionistas y ciudadanos”.
Algo similar ocurre en torno al tema del derecho de propiedad. “El legado de prácticas informales pasadas todavía afecta la seguridad de la tenencia de la tierra y la agilidad de las transacciones respectivas. Aunque todavía no se cumplen plazos establecidos, dejando a Nicaragua en un lugar desfavorable en la comparación regional, se observan avances en la agilidad para inscribir una propiedad”, señala el documento.
No es un decreto. Es cultura
Para el abogado Tomás Delaney, “la experiencia histórica enseña que la democracia y el estado de derecho son el caldo de cultivo para el desarrollo integral. La democracia comienza de abajo para arriba. Es una actitud, una cultura. La gente tiene que hacer suyos esos valores, acostumbrarse a ellos, para que pueda lograrse una democracia estable”.
“Por su parte, la eficacia del estado de derecho no se mide únicamente en función de que se cumplan las leyes. También se manifiesta en lo que siente la gente en el día a día, en su vida cotidiana, en sus relaciones con los demás. Se expresa a través del respeto mutuo y del orden”, añadió.
“Se desprende entonces que las instituciones formales no son causa, sino efecto. Son consecuencia, son un reflejo de principios y valores fundamentales, cuya construcción debe comenzar desde abajo, desde la base de la sociedad. Las instituciones, de cualquier tipo que sean, se construyen, se erigen, encima de esa base. Si la base no es sólida, las instituciones ceden. Este es el principio fundamental de la institucionalidad”, concluyó.
