21 de junio 2017
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Las acciones que se tomen para extender la sanidad de las finanzas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), deben incluir una nueva ley de seguridad social que sustituya a la actual, promulgada a inicios de los años 80 del siglo pasado.
“Hemos tenido dos leyes de seguridad social. La primera se implementó durante 25 años, de febrero de 1957 a febrero de 1982. La segunda fue de marzo del 82 a marzo del 87. Son 35 años.
Ya colapsó. Esa ley no corresponde al Siglo XXI. No necesitamos una reforma, sino un cambio total de la Ley de Seguridad Social. Necesitamos una nueva ley integral”, asegura Manuel Israel Ruiz, experto en temas actuariales.
A principios de mayo pasado, una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó una serie de recomendaciones a considerar para evadir —o simplemente atrasar— el problema de liquidez que vive el Instituto, cuyos gastos crecen desde hace varios años a tasas mucho mayores que la de sus ingresos.
“El INSS cumplió 60 años. Actuarialmente hablando, ya llegó al periodo de maduración: estamos ‘maduros’ en prestaciones, pero estamos ‘verdes’ en materia de cobertura. Tenemos la segunda cobertura más baja de América Latina”, aseguró Ruiz durante el Foro Nacional sobre Justicia Fiscal, auspiciado por el Instituto Nicaragüense de Investigaciones y Estudios Tributarios (Iniet) y la Fundación Friedrich Ebert (FES).
Aumentar la afiliación de asegurados
Para demostrarlo, refiere que “en 2006, el INSS tenía unos 440,000 afiliados, lo que equivale al 19% de la Población Económicamente Activa (PEA), pero diez años después tenemos el 26%. Ni siquiera crecemos 1% anual con relación a la PEA. Solo 0.80%. Estamos colapsados en el tema de afiliación”, sentenció.
Sergio Santamaría, director del Centro de Investigación y Asesoría Socio Económica (Cinase), amplió el tema mostrando que solo un 35% a 38% de los casi 1.2 millones de afiliados a la seguridad social cotiza las 52 semanas que tiene el año. Al confrontar ese dato con el hecho que la PEA es de 3.2 millones de personas, le resulta claro que “es imposible que la gente pueda cotizar 1,500 semanas”, como lo propone el FMI.
Ruiz añadió que solo el 45% de los afiliados llega a los 60 años de edad con las 750 semanas cotizadas. “La otra mitad se queda en el camino (sea porque cayeron en el terreno informal de la economía o simplemente se quedaron en el desempleo), así que ya no cumplen las 750 semanas de cotización mínima”.
Empleados aportaron más
Tanto Ruiz como Santamaría señalan que si bien es cierto el sector empresarial aumentó su aporte a la seguridad social en tres puntos porcentuales, (por lo que los empresarios aducen que ya no tienen capacidad de aportar más), son los asegurados quienes más han aumentado sus aportes.
Santamaría detalló que cuando entraron en vigor las reformas de 2014, disminuyó la ‘tasa de retorno’ (el porcentaje de su salario que el INSS entregará al nuevo jubilado en concepto de pensión mensual), por lo que un asegurado tendría que trabajar cinco años más para tener derecho a la misma pensión que habría obtenido antes de las reformas de 2014.
Ruiz grafica ese mismo hecho pero de otra manera. “Antes con 31 años de cotización, uno se jubilaba con el 80% de su salario. Ahora se necesita cotizar 42 años para llegar a ese mismo 80%”.
Pensando en el 62% de los 900,000 asegurados del INSS que tiene entre 17 y 35 años de edad, Ruiz detalla que si llegaran a jubilarse con los parámetros actuales después de haber cotizado solo 750 semanas, obtendrían una pensión equivalente al 50% de su salario, mientras que antes del 31 de diciembre de 2013, habría obtenido el 56% de su salario. “De entrada, le habían quitado seis puntos”, lamenta.
“Los asegurados pagaron un costo de 12% al reformarse la Ley en 2014, mientras que los empleadores solo tres puntos en 4 años”. Con los cambios aplicados a partir de ese 1 de enero de 2014, resulta que entre más semanas cotizadas tiene un trabajador, mayor es el aporte de ese trabajador a esa reforma paramétrica, detalló.
La urgencia de encontrar una solución a la situación financiera del INSS se vuelve más evidente al considerar que de forma directa o indirecta, poco más de un tercio de la población (2.2 millones de personas) está ligada al Instituto.
“Hay 950,000 afiliados activos (sin meter los cesantes que están fuera del país, o los que están dentro pero sin cotizar), más 1.75 personas vinculadas a cada asegurado, más los 200,000 pensionados: son 2.2 millones de personas que tendrán que pagar un costo si se reforma la ley”, explicó Ruiz.
Mejorar administración: no más “caja chica”
En su análisis, Ruiz encuentra que hay cerca de 25 acciones que deben tomarse para frenar el deterioro financiero del INSS, comenzando por la forma en que se administra para lograr que deje de ser la ‘caja chica’ (‘caja grande’, según otros), de los sucesivos gobiernos.
“Hay que fortalecer la autonomía institucional del INSS” que es por ley un organismo autónomo, sin embargo “no goza de autonomía financiera ni administrativa, lo que permite que los distintos gobiernos utilicen los recursos de los cotizantes para fines distintos al establecido en la ley”.
De ahí que proponga que los directivos, el presidente y vicepresidente ejecutivo del INSS sean nombrados por la Asamblea Nacional, a propuesta de los cotizantes, pensionados, empleadores y del Poder Ejecutivo. Aunque en este momento, el FSLN cuenta con las tres cuartas partes de los votos, recuerda que eso no siempre será así.
Autonomía financiera y administrativa
“Sin verdadera autonomía financiera y administrativa, siempre seremos caja chica. Tenemos que ser nosotros quienes los nombren para que nos rindan cuentas a nosotros. Al ser elegidos por la Asamblea Nacional ellos pueden tener mayor autonomía”, sentenció.
Ruiz también observa que “la atención médica a favor de los asegurados se concede de manera discrecional, por la falta de una ley que regule esta prestación. No tenemos una ley que nos diga cuáles son nuestros derechos. Todo se maneja de manera discrecional”.
Siendo que el INSS carece de una ley que regule las inversiones, y que estas las decide el Consejo Directivo, por medio de un reglamento interno que aprueban ellos mismos, recomienda que la nueva ley de seguridad social establezca reglas claras para regular las inversiones, incluyendo los porcentajes que se harán en el país y en el extranjero.
Luego que una negociación de la que pocos tuvieron noticia previa determinó que la deuda histórica del Estado con el Instituto era de US$500 millones, y que la Ley 890 mandara a pagarla en 50 años, a razón de 2% anual, Ruiz demanda que la deuda se cancele en 20 años aumentando la cuota en el Presupuesto General de la República para comenzar a abonar US$25 millones anuales a partir de 2018.
“El INSS necesita que le devuelvan los recursos que le van venido quitando a lo largo de las décadas”, reclamó.
Limitar los gastos
El crecimiento descontrolado del gasto administrativo del INSS está en la mira de todos los que observan desde fuera el deterioro constante de las finanzas del Instituto. Ruiz por su parte, recomienda establecer de manera clara las normativas de control de esos gastos.
“En 2016, los gastos administrativos fueron de 2,789 millones de córdobas, equivalentes al 13% de los ingresos. El Acuerdo No. 7 del Reglamento Financiero del INSS, establece el 6.5% para los gastos administrativos, por lo que propongo que esos gastos se reduzcan en un quinquenio, hasta situarse en ese 6.5% que dice el acuerdo financiero, con lo que se ahorrarían más de 1,300 millones anuales”, aseveró.
El Estado también debería hacerse cargo de los montos que se pagan en concepto de pensión de vejez reducida proporcional, y viudez reducida proporcional.
“Al 31 de diciembre de 2016 había 42,946 pensiones de vez reducida proporcional, con un monto anual de C$1,343.8 millones”. Si estas pasaran a estar a cargo del Presupuesto General de la Republica, el INSS, dejaría de pagar más de 1300 millones anuales.
“El INSS paga más de US$480 millones anuales en pensiones y salud. Por lo tanto, el Estado tiene la obligación de asumir el pago de esas pensiones para que el INSS pueda seguir pagando esos US$480 millones anuales”, insistió.
El experto también observa que hay que cambiar el modelo de afiliación, siendo que al 2016, la cobertura del universo de afiliados activos alcanza al 26% de la PEA, con un crecimiento anual inferior al 1%.
Para cambiar esa realidad, el INSS debe trabajar para alcanzar una cobertura del 60% de la PEA en 20 años, “afiliando de manera acelerada a las empresas formales, la mano de obra tercerizada, los trabajadores del sector informal, y llevar la seguridad social al campo”, lo que implica crecer al menos 3% anual de la PEA.
Desde luego, saber dónde están los C$17,000 millones de reservas técnicas, reservas de deterioro y reservas de contingencia, también sería de mucha utilidad, y ayudaría a mantener la estabilidad macroeconómica del país, pero como dice Ruiz, “la respuesta está en la oscuridad”.
Publicar estados financieros auditados
“El INSS no va a quebrar porque ya quebró”, dice CPA
El problema del INSS es financiero, administrativo, social, de confianza, político, y también contable. Por eso el Iniet llevó a su foro sobre Justicia Social en el que se conversó sobre el tema del INSS, al contador público autorizado Giovanny Rodríguez, quien analizó la situación del Instituto a la luz de su profesión.
Su primera frase es esperanzadora, porque sugiere que el Estado no puede permitirse dejar al INSS a su suerte, siendo que es “una entidad de riesgo sistémico. Una entidad demasiado grande para dejarla quebrar”, para soltar a continuación que “el INSS no va a quebrar”, porque “el INSS ya quebró”.
“Si los bancos deben publicar sus estados financieros auditados, y siendo que el INSS es una entidad de riesgo sistémico, las reformas que se hagan deberían mandatar que el Instituto también publique sus estados financieros auditados”, recomendó.
