7 de noviembre 2022
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El observatorio ciudadano Urnas Abiertas indicó que, durante las votaciones #Municipales2022 de este 6 noviembre, se registró un abstencionismo del 82.7%. Ese nivel de abstención supera al observado en la “farsa electoral” de 2021, que fue del 81.5%.
Ligia Gómez, vocera del observatorio electoral, detalló que la información fue calculada con base a los datos recibidos de 366 Centros de Votación (CV) de toda Nicaragua, donde la participación ciudadana alcanzó un raquítico 17.3%.
Los porcentajes tienen un margen de error de 5% y un nivel de confianza de 95%, según Urnas Abiertas, compuesto por un grupo de expertos multidisciplinarios y voluntarios.
La decisión mayoritaria de la ciudadanía nicaragüense, de negarse a legitimar con su presencia en las urnas, la farsa electoral que escenificaron Daniel Ortega y Rosario Murillo, representa una nueva derrota para un régimen que utilizó toda la fuerza del Estado en pos de ese objetivo, y falló, según expertos en temas electorales y líderes políticos, entrevistados por el programa Esta Semana.
La dictadura trató de legitimar la extensión de su dominio por sobre la mayor parte de las administraciones municipales del país, utilizando diversos actos de coacción, abuso de los bienes estatales, el secuestro de 19 ciudadanos, etc., y aunque esos Gobiernos seguirán en su poder, la alta abstención observada, es evidencia del rechazo mayoritario que cosecha su propuesta.
“Los ciudadanos se negaron a legitimar este proceso, que es lo que tanto urgía a la dictadura”, aseguró Juan Diego Barberena, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), al hacer su propio análisis sobre el resultado de esta nueva “jornada de abstención masiva, en la que el gran derrotado es el orteguismo”.
Su conclusión es que “no pueden decirse triunfadores”, señalando la soledad, el aislamiento internacional, y la ilegitimidad absoluta con la que emergió el régimen, tanto después de las presidenciales del año pasado, como de estas votaciones municipales, las que refrendaron que ellos “carecen de legitimidad popular”, en particular después de que le quitaron a la gente su derecho a decidir y elegir.
A criterio de Barberena, este 6 de noviembre volvió a quedar demostrada la incapacidad del régimen para movilizar, ya no a la gran cantidad de ciudadanos que necesitaban fotografiar en los centros de votación, sino incluso a sus simpatizantes, tanto este año como el pasado, y tal como se ha visto incluso en las efemérides que antaño se celebraban en las plazas de forma multitudinaria.
Héctor Mairena, también miembro del Consejo Político de la UNAB, resaltó que “el orteguismo sale sin ninguna legitimidad” de estas votaciones, y que el rechazo ciudadano constatado en 2021, que “propició que la comunidad internacional repudiara y descalificara rápidamente ese proceso”, esta vez servirá también para constatar que los Gobiernos locales que surjan de esta farsa electoral, “carecen de toda legitimidad”.
Ni siquiera con amenazas pudieron lograr ‘la foto’
Esta vez, una vez más, haber abusado de los recursos estatales —lo que incluye el monopolio de la fuerza— resultó insuficiente para movilizar a la ciudadanía, a pesar de las múltiples amenazas que se profirieron en contra de cada grupo meta.
Olga Valle, directora de Urnas Abiertas, dijo que su presencia en al menos 148 de los 153 municipios del país, les permitió constatar que la constante fue de “presión absoluta” de todas las instituciones del Estado, en contra de los empleados públicos, lo que incluyó a sus familiares en edad de votar.
Fue un sistema de “vigilancia absoluta”, en el que hubo puestos de control en las afueras de los centros de votación o en las casas vecinas. A veces, efectuado desde un toldo con sillas para vigilar quién llegaba a votar, como continuación del esquema de amenazas que se implementó en los días previos al seis de noviembre.
Valle dijo que eso incluyó a pequeños y medianos comerciantes a los que les dijeron que podían perder su permiso de operación si no demostraban que habían votado; a estudiantes que fueron amenazados con perder su derecho a cédula, a ciudadanos a los que les dijeron que no podrían obtener un pasaporte, etc.
Barberena amplió la lista, relatando que algunas de las amenazas incluyeron la negativa futura a recibir un récord de policía, un certificado de salud, un permiso policial para venta de licor, y hasta la imposibilidad de ser proveedores del Estado, lo que consideró “un acto de desesperación que pretendía lograr una mayor participación electoral”.
Ivania Álvarez, investigadora de Urnas Abiertas, amplió la lista para incluir amenazas contra estudiantes de Medicina; familiares de víctimas de guerra a los que les dijeron que les retirarían la pensión; asegurando que tampoco renovarían permisos de transporte ni permisos sanitarios, así como los que requieren los ganaderos para desempeñar su actividad.
La campaña de coacción incluyó a jubilados y comerciantes, amplió Ana Quirós, integrante del Consejo Político de la UNAB.
Y ahora, ¿qué sigue?
Las consecuencias de este acto electoral en el que no se estaba eligiendo a nadie son, en general, predecibles. Lo que no se sabe es cuán rápido —y con cuánta virulencia o intensidad— vayan a ocurrir.
Más allá del previsible desconocimiento del proceso por parte de la comunidad internacional, al que Mairena hace alusión, está el señalamiento de Barberena, quien indica que “la dictadura se sabe derrotada una vez más, pero su reacción será reprimir y oprimir a la ciudadanía nicaragüense. Seguiremos haciendo incidencia internacional para que se libere a los presos políticos, y se restablezcan los derechos de los nicaragüenses”, prometió.
Quirós opina que “probablemente, veremos un aumento en la migración, que estará provocado por el desencanto, por el reconocimiento de que en Nicaragua no hay legitimidad, así como por la profundización de la crisis social, política y económica que hay en el país, con el riesgo de que se nos cierren algunos mercados a los que exportamos”.
“El desconocimiento del régimen incidirá negativamente en esa situación económica, y eso producirá más migración”, consolidando al Gobierno de Nicaragua como “el mayor exportador de mano de obra barata hacia otros países”, sentenció.
En una entrevista previa, Haydée Castillo, defensora de derechos humanos, y observadora electoral, recordó que los Gobiernos locales están concebidos para ser los más cercanos a las necesidades de la población, en temas como medioambiente, agua, deporte, desarrollo, tributación, etc.
Los Gobiernos locales surgidos de procesos fraudulentos como este, no pueden cumplir su función de satisfacer estas necesidades, no solo por un tema de legitimidad, sino también por su absoluta subordinación a los intereses del Poder Ejecutivo, por sobre los de las comunidades locales, incluyendo usar a las alcaldías “como caja chica de la dictadura”, y como base para la represión en contra de los ciudadanos.
Y así, mientras la deuda externa siga creciendo, y alimentos tan básicos como los frijoles, el queso y el aceite están tan caros, y los salarios tan bajos, al grado que se necesitan 2.5 salarios mínimos para comprar la canasta básica, Castillo solo puede concluir que habrá más éxodo, migración y exilio forzoso, porque “los nicaragüenses ya no podemos construir un proyecto de vida en estas circunstancias”.
