Senadores de EE.UU. presentan ley para sancionar a orteguistas

Un grupo de diez senadores estadounidenses, tanto demócratas como republicanos, presentó este miércoles un proyecto de ley para imponer sanciones a funcionarios del Gobierno de Nicaragua, y allegados a la pareja presidencial, señalados de estar involucrados en actividades represivas desde que iniciaron las protestas el 18 de abril, así como en violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción. 

La denominada “Ley para los Derechos Humanos y la Lucha contra la Corrupción” fue presentada a propuesta del líder demócrata en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE.UU., Bob Menéndez, junto a los senadores republicanos Marco Rubio, Ted Cruz, David Perdue y Tom Cotton; y los demócratas Bill Nelson, Dick Durbin, Patrick Leahy, Tim Kaine y Ben Cardin. 

“No podemos permanecer en silencio mientras Daniel Ortega y (su esposa) Rosario Murillo atentan contra su propia gente, tal y como ponen de manifiesto las imágenes de estudiantes siendo tiroteados al buscar asilo en una iglesia”, denunció Menéndez.

El objetivo de esta legislación, de acuerdo a los senadores, es ayudar a encontrar “una solución negociada” a la crisis que enfrenta Nicaragua, así como lograr que los responsables “rindan cuentas” ante la justicia.

“Lo que comenzó como protestas pacíficas legítimas se ha convertido en una masacre de meses de duración mientras los ciudadanos de Nicaragua se enfrentan a la violencia estatal aplicada por la policía y los paramilitares apoyados por el régimen de Ortega”, dijo el senador Menéndez. 

Según el líder demócrata, esta legislación bipartidista está diseñada para “responsabilizar a quienes creen que su participación en graves violaciones de derechos humanos pasaría desapercibida para la comunidad internacional”. 

Abogan por elecciones 

Asimismo, el proyecto de ley aboga por la convocatoria de nuevas elecciones en el país con estándares democráticos y observación electoral. También pide que los servicios de inteligencia investiguen la participación de funcionarios nicaragüenses en casos de corrupción y de abusos como la expropiación de propiedades privadas.

La propuesta de ley requiere que el secretario de Estado, Mike Pompeo, certifique de forma anual que el Gobierno de Nicaragua toma las medidas adecuadas para alcanzar los niveles necesarios de democracia, respeto a los derechos humanos y lucha contra la corrupción.

“Las sanciones que hemos propuesto apuntan al centro de la violencia que azota a Nicaragua: el régimen de Ortega y sus hombres fuertes, que han infligido una campaña de terror contra nicaragüenses inocentes. Esta legislación es el último paso para hacerlos responsables, y a menos que estos abusos terminen, no será la última”, dijo el senador Ted Cruz.

Cruz manifestó que “existe un nexo” de cooperación de seguridad entre Nicaragua, Rusia y Venezuela que “representa un riesgo directo para la seguridad nacional de los Estados Unidos” por lo que apuntar “a los activos de los líderes sancionados de Nicaragua, como lo requiere este proyecto de ley, ayudará a revelar la red de instituciones financieras que se utilizan para la actividad ilícita”. 

El proyecto de ley deberá ser votado primero en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado y después en el pleno del Senado, antes de ser sometido a votación en la Cámara de Representantes. 

Sancionar a abusadores

Por su parte, el senador demócrata Bill Nelson, insistió que este proyecto deja claro el apoyo de Estados Unidos al pueblo nicaragüense y muestra al régimen de Ortega “que la comunidad internacional no tolerará la erosión constante de la democracia y la libertad en Nicaragua”.

“Ortega y sus matones deben rendir cuentas por el abuso y asesinato de nicaragüenses que ejercen sus derechos fundamentales”, dijo Nelson. 

El senador republicado Marco Rubio declaró que Estados Unidos “debe solidarizarse con el pueblo nicaragüense mientras lucha por defender sus derechos y restablecer la democracia”. 

“En respuesta a la represión violenta y letal de su propio pueblo por parte del gobierno de Ortega, este proyecto de ley bipartidista requerirá que el presidente (Donald Trump) imponga sanciones contra los funcionarios nicaragüenses responsables de los continuos abusos contra los derechos humanos y la corrupción”, demandó Rubio. 

Fiscalizar a Nicaragua

El senador Dick Durbin manifestó que se debe pedir a Ortega que se comprometa a realizar elecciones anticipadas. 

“Ya es hora que los autócratas latinoamericanos como el presidente Ortega dejen de enriquecerse a sí mismos y a su círculo más cercano de facilitadores corruptos a costa de su pueblo y en su lugar restablezcan las normas democráticas”, expresó Durbin.

 “No hay justificación para la brutal represión contra estudiantes y otros nicaragüenses que están hartos de un gobierno corrupto y abusivo”, indicó el senador demócrata Patrick Leahy. 

Leahy dijo que la salida a esta crisis “son las negociaciones y las elecciones anticipadas” esperando que Ortega “ponga al pueblo nicaragüense antes que a los intereses de él y su familia”. 

Los que ya fueron castigados

El Departamento de Estado de los Estados Unidos ya estableció el pasado 7 de junio una serie de restricciones de visas “contra personas involucradas en abusos contra los derechos humanos o que socavan la democracia en Nicaragua”. 

Esta es el segundo proyecto de ley presentado por senadores de ambos partidos para castigar a funcionarios orteguistas involucrados en la masacre, similar a otro que fue promulgado en 2014 para el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, promovido también por el senador Bob Menéndez, el demócrata de más alto rango en la comisión de exteriores del Senado.

El Departamento de Estado norteamericano anunció el pasado 5 de julio jueves nuevas sanciones de la Ley Global Magnitsky Act contra tres altos funcionarios del gobierno de Ortega por violar los derechos humanos y estar involucrados en actos de corrupción.

Los sancionados fueron el comisionado general Francisco “Paco” Díaz, director de facto de la Policía Nacional; Fidel Moreno, secretario de la Alcaldía de Managua, y Francisco “Chico” López, exvicepresidente de Albanisa, expresidente de Petronic y tesorero del FSLN. Ellos se sumaron al exmagistrado electoral, Roberto Rivas, quien fue el primer sancionado con esa ley cuyo efecto se traduce en congelar todos los activos de los sancionados en Estados Unidos, y prohibirles cualquier clase de transacción comercial y financiera, a través de sanciones aplicadas por el Departamento del Tesoro.