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El 28 de julio de 2025, dos juristas venezolanos, expertos en derecho internacional publicaron en la revista especializada Opinio Juris, un ensayo titulado: “¿Puede el derecho internacional romper con el ciclo de la impunidad en Nicaragua?”
Los autores son los doctores Thairis Moya Sánchez, profesora de la Universidad Complutense de Madrid, y Simón Gómez Guaimara, profesor de Universidad Central de Venezuela, Andrés Bello.
En su ensayo, los abogados expertos en derechos humanos, proponen promover una estrategia de acciones coordinadas ante cuatro foros: la Corte Interamericana de Justicia, la Corte Penal Internacional, a través de un estado parte, la Corte Intenacional de Justicia, y en los países que reconocen la jurisdicción de la Justicia Universal, para terminar con la impunidad en Nicaragua.
En un conversación en el programa Esta Semana, que se transmite en el canal de YouTube de CONFIDENCIAL, debido a la censura televisiva en Nicaragua, les preguntamos de que depende la viabilidad de esta estrategia, en la era de Donald Trump, en tiempos de polarización internacional, cuando hay una crisis del derecho internacional, y cuando la dictadura Ortega-Murillo representa una amenaza para los Estados vecinos de la región.
“La polarización no ayuda a nadie. El resultado es que fortalece las autocracias a nivel internacional, porque el mundo pareciera estarse convirtiendo en una tierra de nadie, donde quiere imperar la ley del más fuerte y contra eso es lo que ha estado luchando la construcción del derecho internacional. Yo quiero ser positiva y decir que sí hay posibilidades. Todo queda de parte de las acciones coordinadas que se puedan emprender en los diferentes foros”, afirmó Thairis Moya.
“Lo que falta es presión sobre la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, porque existen bases jurisdiccionales para que por medio de la aplicación de este precedente y la circunstancia clara que se encuentran en Costa Rica, los nicaragüenses desplazados por la fuerza, y siendo Costa Rica un Estado parte del Estatuto de Roma, la Fiscalía tome acciones”, comentó Simón Gómez.
En este ensayo sobre cómo puede la justicia internacional romper el ciclo de la impunidad, ustedes señalan que existen precedentes en los que la justicia ha sido efectiva en algunos países en casos de graves violaciones a los derechos humanos. ¿Cuáles serían las elecciones más importantes para Nicaragua?
Thairis Moya Sánchez: Hemos propuesto una concurrencia estratégica de diferentes mecanismos que vinculan dos tipos de acciones, por ejemplo, una acción contenciosa para establecer la responsabilidad internacional del Estado, otra penal internacional para establecer la responsabilidad de los particulares y a su vez exploramos la Jurisdicción Universal o de una jurisdicción Penal extendida, para tratar de cerrar brechas en cuanto la lucha por la injusticia que se vive contra la población nicaragüense y evitar refugios de impunidad. ¿Cuáles serían las acciones las primeras lecciones que consideramos esenciales? Primero, una acción coordinada y una unión de estrategias. Esto es esencial para todos los participantes que buscan luchar contra la impunidad. Nos enfocamos en el rol que puede hacer el componente regional, esto bajo los dictámenes de la OEA y siguiendo la Carta de Naciones Unidas que delega en las organizaciones regionales establecer esos primeros pasos para encontrar mecanismos efectivos que garanticen la paz y la seguridad internacional.
¿Qué pasa cuando un Estado se declara al margen de la justicia internacional y actúa prácticamente como un Estado forajido? Por ejemplo, Nicaragua desconoce los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Hay alguna manera de que acate, de que cumpla con esos fallos?
Thairis Moya Sánchez: Sí, a pesar de que Nicaragua haya denunciado la carta de la OEA, sigue siendo parte de la Corte Interamericana. Y por esto, a través del artículo 65 de la Convención, la Corte puede seguir reportando el incumplimiento a la Asamblea General, que puede instar al Estado a cumplir. ¿Qué más se puede hacer? Esto se inserta bajo la lógica de la garantía colectiva delineada en la opinión consultiva más reciente, la Interamericana 2620, donde se exhorta a los Estados miembros a tomar medidas aún con esos Estados que no son partes. ¿Qué podría hacer? Solicitar en una reunión, invitar a Estados miembros a adoptar medidas, revisar qué posibilidades hay de hacer una remisión estatal o a cooperar con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
Estudiamos la Corte Penal Internacional, considerando que Nicaragua no es un estado parte, sin embargo, tenemos un antecedente, el caso Bangladesh vs. Myanmar, donde la CPI, afirmó jurisdicción sobre la deportación forzada de los Rohingyas. Porque un elemento esencial del crimen se consumó en un Estado parte, es decir, en Bangladesh. Entonces, por analogía, la expulsión, impedimento del retorno de los ciudadanos nicaragüenses que llegan a Costa Rica, que es un Estado parte del Estatuto. Y aquí es donde surge el primer reto, que podría ser cómo establecer la base de la competencia de la CPI. Antecedente si hay.
La Corte Penal Internacional se enfoca en los individuos perpetradores de estas violaciones. En el caso de Nicaragua, por ejemplo, hay decretos que están suscritos por la presidencia, por personas, por diferentes instituciones que son los responsables de los destierros, de las desnacionalizaciones y de ese éxodo masivo de nicaragüenses. ¿Podría la Corte Penal eventualmente recurrir en su contra?
Simón Gómez Guaimara: En efecto, ese es el propósito de la justicia penal internacional, el hacer responsables a los perpetradores, porque los regímenes autoritarios oprobiosos no operan por sí solos, sino que hay detrás de ellos personas de carne y hueso que son quienes cometen, en última instancia, estas atrocidades
Entonces, con Nicaragua, en poder atribuirle a la Corte Penal Internacional, la competencia para hacer su trabajo, en la medida en que Nicaragua no ha ratificado, ni lo hará en el corto plazo, el Estatuto de Roma.
La situación dramática que han vivido las personas nicaragüenses ha trascendido sus fronteras, en particular, el desplazamiento forzado de activistas, de personas defensoras de derechos humanos, de estudiantes, de opositores al régimen de Ortega-Murillo, hacia el territorio de Costa Rica, aunado esto al hecho de que se les impide regresar al territorio nicaragüense, por la situación de persecución que estas personas sufren. Si regresaran, serían sujetos a tratos inhumanos, torturas y también, a una situación de privación de su libertad, llegando al grado de sufrir un peligro gravísimo contra su vida. Además, se les ha privado de la nacionalidad y en muchos casos, anulado su documento de viaje, un pasaporte. Esta situación de desplazamiento forzado constituye un crimen de lesa humanidad consagrado en el Estatuto de Roma.
Esto ha ocurrido porque se han establecido la mayor parte de ellos en el territorio de Costa Rica, Estado que sí es parte del Estatuto de Roma. Y existe un precedente muy importante que mencionaba también Thairis, el de esta etnia minoritaria del estado de Myanmar, Rohingya, que se han tenido que desplazar en similares condiciones que los nicaragüenses de Costa Rica hacia Bangladesh. Y la Corte Penal Internacional, su fiscal, inició una investigación en contra de las autoridades de Myanmar y ya existen órdenes de arresto en esta situación.
Lo que falta es presión sobre la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, porque existen bases jurisdiccionales para que por medio de la aplicación de este precedente y la circunstancia clara que se encuentran en Costa Rica, un estado parte del Estatuto de Roma, la Fiscalía tome acciones.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas para Nicaragua, el GHREN, en sus informes ha señalado que Nicaragua está violando tratados internacionales de la ONU, como el de la prevención de la tortura o el de la apatridia, y que podría ser acusado ante la Corte Internacional de Justicia, que además es el único tribunal al que la dictadura de Nicaragua le reconoce jurisprudencia. Sin embargo, hasta hoy ningún Estado ha procedido a acusar a Nicaragua. ¿Por qué? ¿Es un asunto de tipo político, o de falta de viabilidad jurídica?
Simón Gómez Guaimara: Con respecto a la Corte Internacional de Justicia, existen las bases porque se ha observado sistematicidad y generalidad en la perpetración del crimen de tortura, documenta más de 2000 casos, y la Corte Internacional de Justicia pudiera conocer de los casos de privación sistemática de la nacionalidad contra disidentes políticos. Nicaragua es parte del Convenio de Naciones Unidas contra la Apatridia, que establece que cuando existe una disputa en relación a la inobservancia de ese tratado, los otros Estados partes en él pueden demandar al Estado que no cumple con esas obligaciones estipuladas en el tratado. ¿Por qué esto ocurre? No hemos visto a la fecha esta voluntad de parte de los Estados, evidentemente que no es por circunstancias jurídicas, hay otros elementos políticos. No es porque exista un vacío a nivel de tratado o un vacío a nivel jurisprudencial. Lamentablemente, esto pareciese quedar bajo la tensión política de los Estados, la evaluación que hacen los Estados, costo-beneficio, que le puede implicar a ese Estado.
Thairis Moya Sánchez: Otra cosa que pareciera ser de peso es que muchos Estados podrían sentirse pequeños para activar estas grandes jurisdicciones o tal vez tener ciertos temores a las represalias que se puedan tener.
Un ejemplo de esto es Gambia, también de la Corte Internacional de Justicia, cómo activó su jurisdicción. O como actuaron Canadá y Países Bajos en atención a la Convención contra la Tortura en Siria.
Algunos Estados que han sido consultados sobre por qué no actúan, dicen que no quieren tener problemas con la dictadura de Nicaragua, sobre todo los vecinos de la región. Otros dicen que no es una prioridad, o han hecho alusión a que estos juicios son muy largos y muy costosos.
Thairis Moya Sánchez: En cuanto a la región, los latinoamericanos nos tenemos que preocupar por nuestros asuntos. Ningún Estado de otra región va a venir a atender esos asuntos, porque cada región tiene sus problemas que tienen que confrontar. En cuanto a costos, activar una jurisdicción Universal o la Corte Penal Internacional de Justicia no tiene que entenderse como un gran costo.
Simón Gómez Guaimara: El tema que permitir la existencia de un régimen autoritario, como el de Nicaragua que ha desestabilizado la región centroamericana genera costos sensibles en términos de seguridad, de personas migrantes y que el deterioro institucional de tu vecino te ocasionan. Esto contrastado con los costos directamente relacionados con el ejercicio de la justicia internacional que va a tener unos beneficios que no necesariamente se expresan en términos económicos, sino más bien en términos del cumplimiento de obligaciones.
¿Cómo incide en estas posibles rutas de activación de la justicia internacional el clima de polarización política que existe a nivel mundial? Empezando por la acción del Gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, que rechaza la Corte Internacional de Justicia, rechaza la Corte Penal Internacional.
Thairis Moya Sánchez: La polarización no ayuda a nadie. El resultado es que fortalece las autocracias a nivel internacional, porque el mundo pareciera estarse convirtiendo en una tierra de nadie, donde quiere imperar la ley del más fuerte y contra eso es lo que ha estado luchando la construcción del derecho internacional. Y lamentablemente, este sistema que se está tratando de imponer, lo está debilitando. Notamos que hay un desdén hacia el multilateralismo, así como por el derecho internacional y un incremento en la polarización regional, no solo en Latinoamérica, sino en todas las regiones.
La otra ruta que ustedes mencionan en su ensayo está relacionada con la activación de la jurisdicción Universal en aquellos países que lo reconocen, como ya está ocurriendo en el caso de este juicio iniciado en Argentina por un juez federal contra decenas de perpetradores de violaciones de derechos humanos en Nicaragua. ¿Cuál es la viabilidad de ese proceso, que tampoco es reconocido por el régimen de Nicaragua?
Simón Gómez Guaimara: Sí, en efecto, la jurisdicción Universal es clave para combatir la impunidad. Nosotros lo que sostenemos es que para para solucionar una crisis como la de Nicaragua, como la de Venezuela, que parecieran ser escenarios en los que la impunidad pareciera no tener fin, lo que hay que hacer es iniciar procesos de multinivel, es decir, básicamente empezar a tirar la piedrita en todos los canales que pueda abrirse una recepción de esa piedrita, de modo tal que, como dicen coloquialmente, el cántaro se llena gota a gota.
La jurisdicción Universal, como también lo han dicho los expertos de Naciones Unidas para Nicaragua, es clave porque constituye, además, una responsabilidad del conjunto de la comunidad internacional y de los estados que son parte del Estatuto de Roma.
Hay una responsabilidad compartida para combatir la impunidad. En América Latina, Argentina ha tomado un paso esencial y ya existen las órdenes de captura. La dificultad, cuando hablábamos de viabilidad, es la ejecución, de esas órdenes, porque resulta que cuando se trata de los más altos responsables, son funcionarios que pueden gozar de impunidad según el derecho internacional, ¿cómo los llevamos a prisión, al jefe del Estado, al ministro de Relaciones Exteriores.? porque existe una tensión entre esa regla clásica del derecho internacional, la inmunidad que tienen estos funcionarios frente a jurisdicción extranjera y la magnitud (de los crímenes).
En los próximos meses, mientras se celebra la Asamblea General de Naciones Unidas, el GHREN va a presentar ante la ONU una actualización de la crisis de Nicaragua y a ahondar sobre estas posibles rutas sobre la justicia. Insisto, ¿es posible avanzar avance en torno a la justicia, con este clima de polarización internacional que existe hoy en el mundo?
Thairis Moya Sánchez: Yo quiero ser positiva y decir que sí hay posibilidades. Todo queda de parte de las acciones coordinadas que se puedan emprender en los diferentes foros. Debemos recordar que si bien Estados Unidos está tomando acciones son acciones unilaterales, lo que per se no se puede traducir en que todos los Estados van a incumplir con sus obligaciones internacionales, porque están atados a una serie de compromisos internacionales
La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, establece claramente esa obligación a todos los Estados que establezcan esos lineamientos necesarios para lograr el enjuiciamiento de los responsables, sin importar prácticamente la nacionalidad o la nacionalidad con ciertos detalles para establecer esa jurisdicción. Sí hay mecanismos, pasa necesariamente por la voluntad de los Estados que los quieran activar. Y para que los Estados actúen, deben tener incentivos: que tengan las pruebas claras de que efectivamente se ha cometido un crimen internacional, los cuales de acuerdo al sistema de Naciones Unidas, sí se tienen, y una base jurídica. La internacional está super clara. Esto es una discusión que tiene que darse adentro de los Estados, y qué debe plantear la sociedad civil, las universidades, oenegés, defensores de derechos humanos, los sistemas políticos. Lamentablemente, también es algo que nos enseña la realpolitik.
