3 de julio 2023
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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó a trabajadores públicos y simpatizantes marchar en las ciudades de Nicaragua, a partir de finales de junio. La medida intenta demostrar un “apoyo popular”, que está en picada, según la encuesta de junio de 2023, de la firma costarricense CID Gallup, cuando la preferencia por el Frente Sandinista apenas alcanzó el 16%.
El 77% de los encuestados manifestó que no tiene preferencia por ningún partido político. Sin embargo, el régimen se ha empeñado por mostrar un respaldo de la población a través de la movilización de sus fanáticos. Para el opositor Juan Diego Barberena, la dictadura intenta exhibir un “poder que saben que no tienen” y a la vez, reflejan la capacidad de “instrumentalización” de sus bases, ya que esas marchas no son un reflejo del ejercicio libre del derecho a la movilización.
La cogobernante Rosario Murillo anunció este 30 de junio, el inicio de las celebraciones para “julio victorioso” en alusión al 44 aniversario de la Revolución Sandinista previsto a realizarse este próximo 19 de julio.
“Recibimos julio victorioso, celebrando a los héroes, a las heroínas del repliegue táctico a Masaya en todo el país, caminando las rutas de Sandino en todo el país…”, expresó en los medios afines al Gobierno.
Repliegue hacia Masaya
Desde 2019, Ortega y Murillo, no han participado en las las marchas del denominado Repliegue hacia Masaya, que conmemora la retirada de los guerrilleros sandinistas a través de caminos y veredas hacia esa ciudad, el 27 de junio de 1979. Tras la pandemia de covid-19, la celebración histórica, que antes de 2018 se había convertido en una fiesta para las instituciones del Estado, ha sido reducida a pequeños actos con caminatas dispersas en todos los departamentos del país.
En ese año, Ortega se trasladó a Masaya en un autobús Mercedes Benz, que encabezó otra caravana vehicular, custodiada por centenares de policías armados. No ingresó a Monimbó, el barrio histórico fuertemente reprimido por fuerzas policiales y paramilitares en 2018. El recorrido concluyó en un campo deportivo en las afueras de la ciudad, que desde horas tempranas fue ocupado por la Policía.
En 2018, los pobladores de Monimbó les cerraron las puertas a Ortega y Murillo, tras la masacre del 13 de julio. La pareja presidencial se atrincheró en la delegación policial, acuerpados por el comisionado general, Ramón Avellán y centenares de policías.
Para el secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh), Danny Ramírez, ese respaldo popular que el régimen intenta demostrar cada fin de semana no es real, porque los empleados del Estado deben asistir a las actividades por obligación. De lo contrario, podrían perder su trabajo. “Se busca un apoyo popular y hacer sentir a la población que el dueño de las calles es el Frente Sandinista, pero lo que hacen es producir terror”, expresó el defensor de derechos humanos.
También intentan afianzar el discurso de normalidad en un país donde el derecho a la manifestación está suprimido desde 2018 por las fuerzas policiales, agregó.
Tres años sin actos masivos
La dictadura acumula tres años -incluidos dos de pandemia- que no convoca a sus bases a un acto masivo, como acostumbraba realizar en la plaza La Fe para recordar el triunfo de la revolución de 1979. Para Barberena, ante el desgaste interno de la dictadura y el aislamiento internacional, provocado por la comisión de delitos de lesa humanidad y la debacle autoritaria, el Frente Sandinista también podría enfrentarse a la incapacidad de movilizar a sus bases.
Por su parte, Ramírez considera que el principal motivo de no realizar actividades masivas se debe al “miedo de tener masas en las calles”. A pesar que sean los propios simpatizantes los que participan en las mismas, la pareja presidencial, así como otros dictadores que han existido a lo largo de la historia, temen un levantamiento civil, similar al descontento de 2018.
“Ellos viven con el terror permanente y por eso, hay un férreo control de la gente, y -las marchas- se hacen por departamento, porque hay un control de la Policía, de paramilitares y de los Consejos del Poder Ciudadano”, apunta el defensor de derechos humanos.
Hasta ahora, el régimen orteguista no ha señalado cómo será la conmemoración de este 19 de julio, al que llegan con una agudización de la crisis sociopolítica y con 46% de la población asegurando que ve "poco probable” que Ortega resuelva sus preocupaciones económicas y sociales. Y con el 56% de los nicaragüenses desaprobando su gestión presidencial, según la encuesta de CID Gallup.
