16 de diciembre 2020
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El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, negó los más de 300 muertos y miles de heridos que dejó la represión policial y paramilitar contra las protestas cívicas de 2018, según organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. En un acto de entrega de cartas credenciales de doce nuevos embajadores, el caudillo sandinista insistió, sin presentar pruebas, que durante el levantamiento ciudadano solo se “asesinó” y “torturó” a policías y simpatizantes orteguistas.
“Aquí vino la protesta armada de fusiles, de escopetas, de ataques a las instituciones del Estado”, dijo Ortega. Además, según él, se destruyeron e incendiaron “hospitales y escuelas”, aunque que no hay evidencia de la quema de un colegio o nosocomio durante el estallido popular.
Prosiguió —sin especificar una cifra— que hubo “policías asesinados” y “sandinistas torturados” en los tranques levantados por los ciudadanos, a los que llamó “golpistas”. “Cada vez que asesinaban a un policía, lo torturaban, también lo transmitían alegremente por las redes y por algunos medios de comunicación. Situación aberrante”.
“Para los organismos de derechos humanos, tanto los de Naciones Unidas como los de la OEA, sencillamente, aquí no murieron sandinistas, aquí no murieron policías, no les ha preocupado investigar y lo que se dedicaron fue a hacer entrevistas, donde sin ninguna fundamentación acusaban a la Policía, al Frente de haber matado a ciudadanos que habían fallecido en los hospitales por otras razones”, aseguró.
Misiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), y el Grupo Interdiscipliario de Expertos Independientes (GIEI), han señalado que, durante 2018, solicitaron entrevistas con la Fiscalía y otras instancias del Gobierno para escuchar su versión de los hechos, pero nunca accedieron.
“Víctima de campaña”
El presidente se quejó de “una campaña internacional feroz”, que mostraba a los sandinistas como asesinos, y a los manifestantes como “pacíficos”.
“Ciudadanos fallecidos en un hospital porque tenían días de estar ahí, tenía un padecimiento renal o cardíaco, entonces los ponían en la lista y tranquilamente los organismos (de derechos humanos) los tomaban como cierto. Pero además acusaban a los médicos del hospital de no haberle prestado atención médica a esa persona”, manifestó.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) determinó en su informe final, en 2018, que existe “numerosa y variada información” sobre “severas irregularidades y denegación del servicio de atención médica estatal” a los heridos en las protestas.
“La Policía aguantando en los cuarteles ataques armados de todos los días. Llegó un momento que ya la población, la misma gente que simpatizaba con partidos duros de oposición al Frente Sandinista, empezaban a clamar que ¿dónde está la Policía? ¿dónde está el Estado?”, afirmó.
Ortega comentó —sin dar fecha o mayores detalles— que los manifestantes se apoderaron de un vehículo escolta de la entonces embajadora estadounidense, Laura Dogu, quien llamó a la primera dama y vicepresidenta, Rosario Murillo, para que pusiera “orden”.
“Decían que no salga la Policía, que se quede acuartelada la Policía, mientras ellos cometiendo crímenes y destrucción por todo el país. Y ya cuando salió la Policía a poner orden, entonces otra vez se recrudece la campaña”, se lamentó el caudillo.
“Los medios inventan”
Ortega negó la censura televisiva, la persecución a la prensa independiente y la confiscación de medios de comunicación. “Van a ver que hay televisión, con programas muy críticos al Gobierno diciendo incluso cualquier falsedad”, dijo a los embajadores. “Pero bueno, ya no es libertad de expresión, sino que libertinaje”, advirtió el presidente, para quien los medios impresos o digitales “dicen lo que les da la gana, inventan cualquier cosa”.
Además, desde abril de 2018, los periodistas y medios independientes han sufrido acoso, persecución y cárcel; y en algunos casos confiscaciones de sus inmuebles como los medios Confidencial, Esta Semana y 100% Noticias.
A finales de octubre pasado, la Asamblea Nacional —de mayoría oficialista— aprobó una Ley Especial de Ciberdelitos —conocida como Ley Mordaza—, que busca silenciar a la población, y se constituye como una amenaza directa contra las libertades de expresión y de prensa y el uso de redes sociales. La legislación establece penas de dos a ocho años por la comisión de delitos como la propagación de noticias falsas, información confidencial de las instituciones, a partir de calificaciones que quedan a discreción del régimen.
