3 de abril 2019
A menos de doce horas para que se venza el plazo de alargue de las negociaciones del INCAE, la posibilidad de finiquitar un acuerdo final es remota. La Alianza Cívica y la dictadura Ortega-Murillo mantienen posiciones encontradas sobre los garantes internacionales y el adelanto electoral. El estancamiento es patente, y el fracaso del diálogo ya es perfilado entre algunos negociadores ante la “intransigencia” del régimen en las últimas sesiones.
“Siguen en el mismo estancamiento. No hay disposición de poner los garantes internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU”, relató una de las fuentes de la negociación a Confidencial. “El gobierno dice que cuando se concluyan todos los acuerdos, con el protocolo final, van a proceder a nombrar garantes, lo cual no es nada, porque no se va a llegar a acuerdo final. No habrá acuerdo porque se niegan a hablar de anticipo electoral, y sin anticipo electoral, ¿qué va a firmar la Alianza?”.
La jornada de este martes terminó bajo un ambiente tenso y de desesperación ante la imposibilidad de acercar posiciones. La Alianza Cívica no brindó conferencia de prensa. La delegación de la dictadura brindó su versión a través del diputado tránsfuga Wilfredo Navarro, quien amenazó con “buscar otros interlocutores” si la comitiva opositora se levanta de la mesa del INCAE.
“Nosotros negociamos en la mesa. El problema que si ellos (Alianza Cívica) se levantan, Nicaragua va a buscar otras soluciones y otros interlocutores”, advirtió Navarro con prepotencia. “El adelanto de elecciones no está en la agenda. Esa es una bravuconada de la Alianza Cívica. Garantes internacionales vamos a nombrarlos en su momento. Se están conciliando las listas de los presos políticos, y en las medida que continúen actitudes Alianza cívica, será más difícil conciliar posiciones, demostrando que no tienen voluntad política”, agregó el otrora adulador del caudillo liberal Arnoldo Alemán.
Las negociaciones se estancaron desde este sábado 30 de marzo, cuando la policía y los paramilitares de la dictadura rompieron el acuerdo firmado menos de 24 horas antes en el INCAE sobre el compromiso de restituir las libertades y respetar las manifestaciones cívicas.
Ante la represión y la violencia, la Alianza Cívica planteó este lunes que no avanzarían más en la negociación hasta que no se nombren como garantes internacionales a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas. El gobierno mantiene el veto a estos dos organismos debido a que en sus respectivos informes catalogaron como “una masacre y crímenes de lesa humanidad” lo ocurrido en Nicaragua desde el 18 de abril, desmontando con pruebas la narrativa del régimen de lo que sucedió fue “un intento de golpe de Estado”.
Una “payasada” como propuesta de justicia
Otra fuente vinculada a la negociación del INCAE aseguró a Confidencial que este martes, luego de que el lunes hubo una sesión tensa y agitada, la comitiva oficial llevó a la mesa “una propuesta de justicia que es una payasada”.
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“La propuesta dice que mantendrán su ‘Comisión de la Verdad’, agregándole dos personas mas. Mantienen todo el mismo sistema de justicia. Es decir que ellos, todo el aparato estatal, se van hacer cargo de resolver e impartir justicia para las víctimas de la masacre”, aseguró la fuente.
La ‘Comisión de la Verdad” del régimen (también llamada ‘Comisión Porras’) está conformada por personajes cercanos al orteguismo, y desde su institución en mayo de 2018 no han resuelto nada sobre la masacre. En cambio, han emitido algunos informes que han causado indignación entre los familiares de los más de 325 asesinados. La ‘Comisión Porras’ ha cambiado fechas y lugares de los asesinatos de los jóvenes. Por ejemplo, aseguraron que Orlando Perez, el hijo de la profesora Socorro Corrales, murió el 4 de julio en un tranque, cuando fue asesinado el 20 de abril en la ciudad de Estelí.
“No veo panorama positivo (en el diálogo). Ellos (el régimen) están actuando como que van a continuar en el poder, manteniendo el mismo esquema de justicia y cerrados con el adelanto de elecciones”, aseguró al fuente a Confidencial.
Las fuentes coincidieron que la dictadura pretende hacer ver a la Alianza Cívica como la causante de romper el diálogo. Sin embargo, insistieron en que para la Alianza Cívica no tiene sentido seguir avanzando en la negociación si el régimen no accede a integrar a los garantes internacionales y anticipar las elecciones.
Cruz Roja entregará lista de presos conciliada
Al margen de este estancamiento que podría derivar en una ruptura de las negociaciones, está previsto que el Comité Internacional de la Cruz Roja presente una lista conciliada de los "presos políticos" que deben quedar en libertad en un plazo no mayor de 90 días, a partir del 20 de marzo.
Confidencial conoció de ante mano que en la lista de la Cruz Roja hay 290 nombres de presos políticos que coinciden entre las listas presentadas por la Alianza Cívica y la dictadura. No obstante, queda un margen de reos que el gobierno no reconoce como presos políticos, mientras que a contrapelo los opositores sostienen que sí lo son. Otro punto que podría agravar más el diálogo.
La tarde de este martes se rumoró que el régimen iba a poner en libertad a 50 presos políticos. Sin embargo, no sucedió. De hecho, ni siquiera se barajó en las discusiones de la mesa.
Ante este panorama, este miércoles se decidirá si el diálogo continuará o quebrará definitivamente. “No veo muchas posibilidades de avanzar. El gobierno está totalmente intransigente, sin ninguna determinación de avanzar en el tema de los garantes”, aseguró una de las fuentes.