1 de abril 2022
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Un grupo de 21 organizaciones opositoras en el exilio enviaron nuevamente una carta a la junta de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) solicitando que no “se sigan aprobando más desembolsos al Estado de Nicaragua hasta que se respeten los derechos humanos y se restaure la democracia y el Estado de derecho”.
Estas organizaciones ya habían protestado anteriormente ante la junta de Gobernadores del BCIE en noviembre de 2021 en el marco de la construcción de la nueva sede de la institución financiera regional en Managua.
El edificio fue inaugurado el pasado 18 de marzo de 2022 por el gobernante Daniel Ortega y el presidente del BCIE, el hondureño Dante Mossi, pero no estuvieron presentes los miembros de la junta de Gobernadores.
“Recordamos al BCIE que el Tratado Marco de Seguridad Democrática indica que el desarrollo sostenible de Centroamérica sólo podrá lograrse con la conformación de una comunidad jurídica regional, que proteja, tutele y promueva los derechos humanos. Por tanto, las entidades regionales no deben estar al margen de estos parámetros y mucho menos proveer recursos económicos a regímenes que han sido abiertamente señalados por la comunidad internacional como violadores de derechos humanos, incluyendo crímenes de lesa humanidad”, cita la carta enviada por las organizaciones opositoras.
En una nota de prensa, las organizaciones firmantes señalan su “estupor” ante las recientes declaraciones del presidente ejecutivo del BCIE durante su reciente visita a Managua, donde además de intentar “legitimar las acciones del régimen, comprometen seriamente la estabilidad financiera de Nicaragua a mediano plazo, ya que a la fecha, la deuda externa total del país supera al 100% del PIB”.
Durante su intervención en Managua, Mossi dijo que “el BCIE está listo para satisfacer las demandas que presente el país”. También aseguró que en Nicaragua “los programas se implementan bien”, y anunció que apoyarán la recuperación de la pandemia, incluyendo un componente de financiamiento a pequeños empresarios del corredor seco para desarrollar programas de agricultura sostenible. “Estamos a punto de crear un mercado de deuda regional para que Nicaragua pueda financiarse”, añadió Mossi en su discurso.
Después que algunos organismos financieros multilaterales cerraran sus fuentes a Ortega, en respuesta a la crisis de derechos humanos provocada por la represión estatal y el estado policial desde abril de 2018, el BCIE se convirtió en el principal proveedor de recursos del Gobierno, al que aprobó 2289 millones de dólares en nuevos proyectos, entre enero de 2017 y junio de 2021.
La nota de prensa de las organizaciones firmantes cita a Violeta Delgado, miembro del Consejo Político de Unidad Nacional Azul y Blanco (Unab), quien dijo que “el BCIE ha garantizado que regímenes autoritarios, cuestionados en sus actos y violaciones a derechos humanos, cuenten con recursos financieros para continuar violentando y reprimiendo a sus pueblos".
"Las denuncias de uso de los fondos del banco para proselitismo político, sin la participación de la sociedad civil en mecanismos de auditoria ciudadana ejemplifica, entre otros aspectos, el nulo interés del BCIE con los principios de transparencia, participación ciudadana y derechos humanos”, añadió.
También se cita a Damaris Rostrán, integrante de la Mesa de Trabajo de New Jersey y de la diáspora nicaragüense en EE. UU., quien expresó que con esta misiva, “estamos enviando un mensaje a las autoridades del BCIE, ya que es de suma necesidad que revisen su actuar y dejen de financiar a la dictadura Ortega Murillo”.
Las organizaciones hacen un llamado a los gobernadores del BCIE “a revaluar el riesgo financiero y reputacional que para este banco significa continuar otorgando financiamiento a un gobierno ilegítimo como el que usurpa el Estado nicaragüense”. Además piden que se tome “nota sobre esta situación de violación a los derechos humanos e ilegitimidad del régimen Ortega-Murillo para evitar se sigan aprobando más desembolsos al Estado de Nicaragua”.
