20 de noviembre 2023
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Un día después del retiro oficial de la dictadura de Daniel Ortega de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de Asuntos Legales de la OEA esperan obtener un mandato para demandar a Nicaragua el cumplimiento de sus compromisos como suscriptor de convenios internacionales sobre derechos humanos. Mientras tanto, el Consejo Permanente de la OEA, el Grupo de Trabajo sobre Nicaragua —integrado por Canadá, Costa Rica, Estados Unidos, Chile, Brasil— y otros países continuarán monitoreando la deriva dictatorial del régimen Ortega-Murillo.
En esta entrevista con Esta Semana y CONFIDENCIAL, el politólogo Manuel Orozco, investigador del Diálogo Interamericano, destacó la presión política bilateral que, al margen de la OEA, ejercen algunos Gobiernos sobre el régimen Ortega-Murillo. “Se conoce que el Departamento del Trabajo de Estados Unidos está evaluando las violaciones al Tratado CAFTA”, mientras que el Departamento de Estado está considerando “la aplicación de sanciones a algunas personas que han estado vinculadas directamente con las acciones represivas del régimen en 2023, después de la excarcelación de los presos políticos”, señaló el investigador.
Este 19 de noviembre se consumó la salida del régimen de Ortega de la Organización de Estados Americanos, que a pesar de haber condenado en decenas de ocasiones al régimen por violaciones a los derechos humanos, nunca logró reunir los votos para aplicar la Carta Democrática a las violaciones de la dictadura. ¿La impunidad del régimen de Ortega es un fracaso de la OEA?
De alguna manera se puede decir que sí lo es, en el sentido que en el período en que se trató de invocar la Carta Democrática hubo, por lo menos, una docena de países que no se sentían en una condición para hacerlo. Muchos de esos países son naciones que han mantenido un récord poco democrático y tenían el temor de la reciprocidad que podría ocurrir, la cual estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Guatemala, en este momento se está pidiendo que se invoque la Carta Democrática. Desde ese punto de vista no fue exitoso y no se logró lograr el consenso político sobre Nicaragua.
¿Qué viene el día después?, la OEA aprobó hace unas semanas una resolución para seguir monitoreando al régimen y sus violaciones, pero ¿qué instrumentos políticos tiene la OEA para presionarlo y que suspenda la represión y permita la restitución de la democracia, ahora que va a estar fuera de la OEA?
Vienen tres cosas. Primero, la decisión del Consejo Permanente de la OEA de continuar el mandato del Grupo de Trabajo que ha estado realizando sobre Nicaragua, y eso incluye algunos países que han estado muy proactivos como Estados Unidos, Chile, Costa Rica, Canadá, y otros que han sido menos activos como México y Brasil.
En segundo lugar, el mandato que necesita tener la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que Nicaragua haga cumplimiento de más de 70 tratados interamericanos que ha suscrito. La opinión de la Corte y el consenso de la Oficina Legal de la Secretaría General es que Nicaragua tiene que seguir cumpliendo con sus acuerdos legales. El tema fundamental es quién asume el rol de que a Nicaragua se le monitoree y se le haga cumplir con sus compromisos. Una de las recomendaciones es que sea la Oficina de Asuntos Legales la que se encargue de darle seguimiento, la otra es que la Corte Interamericana reciba el mandato de que es parte de su competencia legal hacer ese trabajo.
¿Qué pueden hacer los países de manera bilateral, o al margen de la OEA?
Hay muchos países que están pensando cómo manejar esa relación a nivel bilateral. Algunos en términos de mantener abierta la puerta diplomática, este es el caso de México. Otros países ya han perdido cualquier tipo de perspectiva sobre una solución diplomática con Nicaragua, por lo que están buscando cómo reciprocar las sanciones que Estados Unidos y la Unión Europea han aplicado. Hay un ámbito a nivel bilateral de varios países de respuestas en Nicaragua.
El subsecretario adjunto Eric Jacobstein, por ejemplo, dijo que Estados Unidos está evaluando formas de ejercer más presión para el régimen de Ortega, para obligar a los violadores de derechos humanos que han desmantelado la democracia a rendir cuentas. ¿Qué es lo que está evaluando Estados Unidos?
Están evaluando varias cosas. Como es sabido, por un lado, el Departamento del Trabajo emitió un comunicado solicitando opiniones para revisar las violaciones al Tratado de CAFTA, en particular al capítulo 16 y 17 del Acuerdo de Libre Comercio. Esa es una herramienta que seguramente se va a implementar en relación con el caso de Nicaragua, por las violaciones que se han producido. Eso va a levantar una investigación y va a haber consecuencias sobre la constatación de esas violaciones, que se ubican en diferentes contextos, no solamente en la Zona Franca, también en el último caso del despido de 900 personas sin prestaciones sociales, o el despido de más de 40 000 trabajadores en las organizaciones no gubernamentales que fueron eliminadas el Estado de Nicaragua.
La otra opción, es posible que se considere la aplicación de ciertas sanciones a algunas personas que han estado vinculadas directamente con el régimen represivo en 2023, especialmente después de la excarcelación de los prisioneros políticos. Eso incluye a algunos de los perpetradores de las confiscaciones, de los centros académicos y de otras entidades.
Estados Unidos ha impuesto sanciones individuales a más de 50 altos funcionarios del régimen y también a algunas instituciones, han eliminado también centenares de visas, pero estas políticas también tienen en Nicaragua el impacto de ser utilizadas como pretexto por el régimen, para reprimir más y para hacer actos de venganza política ¿Cuál ha sido el impacto de estas políticas?
El impacto ha sido muy positivo, cuando vos analizas las sanciones hacia estos funcionarios y hacia las entidades, lo que ves es, primero, que la sanción va dirigida a penalizar al transgresor de derechos humanos, a la entidad que ha estado siendo cómplice en violaciones de derechos humanos o en aspectos de corrupción.
Por ejemplo, la eliminación de Bancorp, a través de las sanciones, le dio un golpe muy grande al régimen. La sanción a individuos ha afectado su calidad reputacional y también su capacidad de movilización hacia arriba, son muy pocos, de los 58 que han sido sancionados, los que han logrado escalar hacia arriba.
Por mucho que usen de excusa (las sanciones), saben muy bien que la represión tiene una lógica que responde fundamentalmente a la subordinación de la Constitución a través de la “Ley de Autodeterminación y Soberanía”. Ese es el instrumento que se convirtió en la Carta Magna de Nicaragua. No hay excusa que valga. Realmente, lo que ocurre en Nicaragua es el producto del uso discrecional y arbitrario de esa ley.
En Nicaragua también hay una persecución en las propias filas del régimen, estamos viendo una barrida en el Poder Judicial que ha ampliado el malestar interno, pero la oposición en el exilio no es percibida por la gente como una alternativa de poder. ¿Tiene la oposición una estrategia, una propuesta para debilitar el apoyo interno que todavía tiene el régimen? ¿Qué le proponen a los servidores públicos?
A nivel público no se han manifestado, pero el movimiento cívico sí ha desarrollado vinculaciones hacia los funcionarios públicos, aquellos que han tenido un rol pasivo y se han mantenido al margen de la represión del régimen. Hay una señalización en torno a que a estas personas en el proceso de transición política se les va a considerar su rol en función de la justicia. Pero también hay una señalización muy clara de que aquellos que han sido cómplices del régimen van a pagar las penalidades correspondientes a sus violaciones.
Una de las consecuencias de todas estas transgresiones que se han producido, han sido las sanciones a varios funcionarios de la Corte Suprema, del sistema judicial, el cual creó un caos sobre la desconfianza que existe entre ellos, si son del régimen de Ortega, de Rosario (Murillo) o están al margen, o a favor de la oposición. Esa situación los ha llevado a ver cómo ellos también se comunican con el movimiento cívico para establecer algún tipo de vínculo cuando la oposición logre visibilizar su activismo político.
El régimen de Ortega no solamente se salió de la OEA, sino que fortaleció simultáneamente su alineamiento con Rusia, con China, con Irán, e incluso lleva adelante una política de provocación abierta, frontal, hacia Estados Unidos al promover la migración irregular. ¿Se siente Ortega protegido por sus aliados políticos?
Ortega no se siente protegido por sus aliados políticos. La estrategia de Daniel Ortega tiene cuatro pilares: el internacional es aislarse completamente del mundo democrático, mientras mantiene una estrategia de confrontación contra Estados Unidos a través de las alianzas con China, Corea del Norte, Irán, Rusia. Y tratar de fortalecer algún tipo de pivote que le dé la impresión de tener una paridad frente a Estados Unidos.
En segundo lugar, está la represión sistemática. Y el tercer pilar es la extorsión económica. El cuarto pilar es la propaganda. En términos internacionales lo que Ortega está haciendo es tratar de expresar su posición frente a Estados Unidos y frente al mundo. Sin embargo, lo que está ocurriendo es que su aislamiento más bien le está dando resultados negativos, porque la única fuente de apoyo económico que tiene es Estados Unidos. Entonces, Ortega se está esquineando solo frente a la situación internacional, de que los cambios democráticos son los que prevalecen en estos países y las relaciones económicas están subordinadas al cambio democrático, y ahí es donde la estrategia de alianza con China realmente tiene una perspectiva de corto plazo, pero se le va a derrumbar en el largo plazo.
En efecto, la economía de exportación de Nicaragua sigue dependiendo de nuestro principal mercado, que está en el TLC con Estados Unidos, pero ahora el régimen anuncia un TLC con China, que dice que va a comenzar el próximo año y grandes promesas de prosperidad económica. ¿Qué rol tiene China en esta estrategia económica del régimen?
El rol de China realmente es muy limitado. Para China lo que importa es tener una huella en América Latina de un régimen similar al chino. Que es aceptable ser una dictadura totalitaria y mantener una economía de mercado, al mando de un Estado empresario. Esa estrategia realmente para el caso de Nicaragua es muy difícil de lograrse, pero ese es el contexto del interés de política exterior China.
Para Nicaragua la aspiración de Ortega y Murillo es construir una élite económica que se ampare y se logre apoyar de las transacciones económicas que realice con China. En este momento, el 12% de las importaciones de Nicaragua vienen de China, menos de 1% son exportaciones hacia China, es muy difícil que se logre transformar en cinco años una relación bilateral comercial de la misma que tiene Nicaragua con Estados Unidos.
La dependencia económica de Nicaragua es de más del 65%, cuando identificas que el 30% del PIB proviene de remesas de Estados Unidos y más del 35% del comercio exterior de Nicaragua del PIB, es con Estados Unidos. Entonces, no cuadran los números frente a la realidad y la perspectiva del régimen.
Volvamos a la OEA, y al sistema interamericano, mencionaste el grupo de trabajo que existe en la OEA. ¿Pero qué papel tienen algunos de estos países como Chile, Colombia, Brasil, México, que en 2022 en la crisis de los presos políticos tuvieron algún rol de presión en relación a esto? ¿Está Nicaragua fuera del radar de estas naciones más influyentes de América Latina?
Nicaragua no está fuera del radar de Chile y de Colombia, ambos países tienen una perspectiva bastante crítica del régimen. No miran el alcance que pueden tener ellos como países para aumentar la presión sobre Nicaragua, y eso en parte es porque hay otros dos polos en el sistema interamericano que están arrastrando el pie, Brasil y México. Realmente, sobre ellos recae el riesgo moral de atacar a una dictadura, de llamarla como tal y al mismo tiempo recibir algún tipo de condena dentro de su base ideológica, los partidos de ambos países hacen un contrapeso que va en detrimento del sistema democrático interamericano.
Brasil y México se han convertido indirectamente en enemigos del cambio democrático en las Américas, y ese es realmente el gran problema en que se encuentran otros países como Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Chile y Colombia, que quieren una dirección más progresista hacia el cambio democrático.
Uruguay está en esa posición también, pero una coyuntura bastante lamentable. Y el caso de Guatemala es el más emblemático en este momento, de cómo ellos pueden prevenir que Guatemala se convierta en otra Nicaragua.
Los países del sistema interamericano reconocen que el haber metido de una forma acelerada a la oposición venezolana como un miembro dentro del sistema (de la OEA) y haber echado al régimen de Maduro, tuvo un error político muy grande porque hubo varios países que estuvieron en contra de esa decisión y, por lo tanto, decidieron que no iban a repetir esa situación. El que pagó los platos de eso fue (el pueblo de) Nicaragua. Ahora se quiere corregir la situación con el caso de Guatemala y tratar de ver cómo se hace que (el régimen de) Nicaragua rinda cuentas a través del sistema legal que existe en el sistema interamericano.
