22 de diciembre 2020
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La secretaría de la Organización de Estados Americanos (OEA), mostró preocupación por la aprobación de la Ley y alertó que, con ella, se restringirán los derechos políticos con la finalidad de "limitar la competencia electoral", cuando Nicaragua se encuentra a menos de un año de las elecciones del 7 de noviembre de 2021.
"En efecto, el intento de concurrir a elecciones impidiendo la participación de quienes legítimamente se ubican en oposición al gobierno, es un atentado a derechos fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos", dice parte del documento.
La OEA, dice además, que con esta Ley el gobierno de Nicaragua "le negaría al pueblo nicaragüense el derecho a elegir libremente a sus representantes, transformando los comicios de 2021 en una imposición en lugar de una elección".
"La Secretaría General de la OEA le recuerda al gobierno su compromiso expresado públicamente, de implementar las recomendaciones de la última Misión de Acompañamiento Electoral de la OEA desplegada para las elecciones municipales de 2017, que incluía medidas que sin duda mejorarían las condiciones democráticas en el país, y que difieren radicalmente a las que ahora se pretenden implementar", agrega la secretaría.
La OEA también llamó al gobierno a derogar dicha Ley, y reiteró su llamado para que se inicie un proceso de reformas electorales consensuadas con los diferentes sectores del país para garantizar elecciones libres.
Estas reformas son recomendaciones que realizó el organismo a través de una resolución el pasado 21 de octubre y que tienen mayo de 2021 como fecha máxima para su cumplimiento. Entre otras cosas la OEA recomendó la modernización del Consejo Supremo Electoral y que acepte el despliegue de las misiones de observación nacional e internacional.
La “Ley de los Derechos del Pueblo a la Independencia, soberanía y Autodeterminación por la Paz”, fue aprobada el 21 de diciembre con los 70 votos sandinistas que controlan el parlamento, 13 votos en contra de los opositores, que serán los afectados por la legislación y entró en vigencia este 22 de diciembre cuando fue publicada en La Gaceta Diario Oficial.
Además de la OEA, el alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, calificó la Ley como un paso más del régimen de Ortega hacia la "intimidación del pueblo".
