16 de agosto 2018
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El Gobierno de Daniel Ortega declaró "inaceptable" la presencia de un Grupo de Trabajo creado por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), al que calificó de "injerencista" y según dijo, no les abrirá sus puertas para dar seguimiento a la crisis que atraviesa este país, la más sangrienta desde los años 80.
"El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua declara inaceptable la presencia en nuestro país de la comisión injerencista integrada el jueves nueve de agosto por el Gobierno de Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos", señaló el Ejecutivo nicaragüense en una declaración.
El Gobierno señaló a ese Grupo de Trabajo de haber sido conformado y dirigido por Washington, desde la OEA, en su afán "de seguir interviniendo en los asuntos internos de Nicaragua", por lo que, sostuvo, "no son bienvenidos a nuestro país".
"Por lo tanto, no serán recibidos en nuestro suelo patrio", afirmó.
El Gobierno explicó que suscribió esa declaración de conformidad con sus políticas de seguridad soberana, dignidad nacional, "y de exigencia de respeto a nuestras decisiones de Estado".
La creación del Grupo de Trabajo, que busca apoyar el diálogo nacional y contribuir a la búsqueda de soluciones a la crisis que vive Nicaragua, fue aprobada el 2 de agosto mediante una resolución, que recibió el aval de 20 de los 34 países que son miembros activos de la OEA.
El Grupo integra a Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guayana, México, Panamá y Perú, y tiene por objetivo colaborar en el proceso de diálogo nacional en el país centroamericano y articular medidas de apoyo, acompañamiento y verificación.
Desde el pasado 18 de abril, Nicaragua está sumergida en una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 317 muertos confirmados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), también descalificada por el Gobierno.
Las protestas contra Ortega se iniciaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
(Con información de EFE)
