16 de mayo 2022
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Los jueces que forman parte del esquema de represión que dirige el régimen Ortega Murillo, tendrán que responder por sus actos ante la justicia, ya que su labor permite que la dictadura aplique un barniz de falsa legalidad, a la persecución del liderazgo opositor, que permanece encerrado en las cárceles de Nicaragua.
“La impunidad no es para siempre. Sabemos quiénes son [estos jueces]. Sabemos lo que están haciendo, y van a tener que responder tarde o temprano por sus actos”, expresó la eurodiputada Soraya Rodríguez, en el programa Esta Semana, que solo se transmite en línea por causa de la censura imperante en el país.
Esta semana concluyó la cadena de juicios realizados en El Chipote, donde 53 reos políticos fueron condenados a penas de cárcel de ocho a trece años, precisamente la semana en la que se reunía el Grupo de Trabajo para América Latina, por lo que tanto Rodríguez, como sus colegas Jordi Cañas y Javier Aznar, pidieron al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ampliar las sanciones para incluir a los jueces que dictan esas sentencias.
Lo hacen “a sabiendas que son injustas. Los jueces se han convertido en un brazo ejecutor de la dictadura, y con estas sentencias, vulneran los derechos humanos de los prisioneros. Por eso presentamos una lista para sancionar a jueces que condenan a presos políticos detenidos sin ninguna garantía; en condiciones inhumanas, deplorables, sufriendo torturas -que es en lo que se ha convertido El Chipote- porque sus sentencias condenatorias son las que permiten mantenerles injustamente en prisión”, detalló.
Las sanciones solicitadas son individuales, y les impediría entrar a la Unión Europea, además de “interceptar todas las cuentas y movimientos financieros que tengan en territorio comunitario”, dijo la eurodiputada, enfatizando en que, el hecho de aparecer en esa lista, es una llamada de atención para que esos jueces tengan en cuenta que la impunidad con la que día a día vulneran los derechos humanos, no es para siempre.
A su juicio, estos funcionarios no pueden alegar que solo cumplían órdenes, porque en Nicaragua no se respeta el Estado de derecho, ni hay separación de poderes. “La obediencia debida no es excusa para vulnerar los derechos humanos. Cualquier juez que no quiera convertirse en el último eslabón del aparato represivo de Ortega para seguir manteniendo en una prisión ilegal, ilegítima y en condiciones deplorables a personas que no han cometido otro delito que oponerse a una dictadura, debe oponerse, y si no lo hace, debe ser responsable de sus actos”, sentenció.
Aislar a la dictadura
El contacto constante con los familiares de los presos políticos, ha cimentado en la representante europea la certeza de que “El Chipote es un centro de torturas, no una prisión, ni un centro de reclusión”, mencionando la situación en que se encuentran algunas presas como Dora María Téllez, pero también Tamara Dávila, Suyen Barahona y Ana Margarita Vijil, que tienen más de once meses de confinamiento solitario.
“Nos llegan noticias verdaderamente terribles de la situación y el estado físico y psíquico en el que están estas personas… y el sufrimiento y la incertidumbre de sus familias, que no saben realmente cómo están. En estas condiciones, es imposible pensar que quien dicta una sentencia condenatoria por ‘conspirar para atentar contra la integridad del Estado’, siendo que las denuncias se han construido sobre falsedades, sobre legislación que el régimen aprobó precisamente para producir estos encarcelamientos, puedan ser ajenos a la dictadura, y a la vulneración de los derechos humanos que hay en Nicaragua”, sentenció.
Al apuntar en contra de los jueces, no significa que Ortega y Murillo salgan del radar. Ni siquiera en un momento en que la invasión rusa a Ucrania, ha tensado las instituciones europeas que tratan no solo de dar una respuesta apropiada al agresor Vladímir Putin sin arrastrar a sus países a la hecatombe, sino también, de resolver la crisis humanitaria que representa tener que atender a más de cinco millones de refugiados ucranianos.
La reciente expulsión de la Organización de Estados Americanos, y la invasión de su sede, “es un ejemplo claro de que Ortega está fuera de la ley, no respeta ninguna norma de derecho internacional ni interno, y por lo tanto hay que seguir avanzando y poniendo presión sobre la que ya es una de las peores dictaduras de América Latina”, declaró.
“Hasta ahora, las únicas señales que están dando Ortega y Murillo… es una continua huida hacia adelante”, actitud que también ha tenido respuesta por parte de la comunidad internacional, ante lo cual, Rodríguez opina que “hay margen para avanzar en la presión sobre el régimen, con más sanciones individuales”.
La constitución en el Consejo de Derechos Humanos, de un grupo de expertos para monitorear y documentar las vulneraciones de los derechos humanos, “es un éxito de la sociedad nicaragüense. No queda otro camino para ayudar al pueblo de Nicaragua, que aumentar la presión sobre el régimen, aumentar su aislamiento internacional y seguir apoyando a la sociedad nicaragüense, que resiste a este régimen, aun en las peores condiciones”, valoró.
Aunque la comunidad internacional quiere aislar al régimen y estar cerca de la sociedad civil, Rodríguez reconoce que es difícil hacerlo en un entorno en el que la dictadura persigue y anula a las oenegés que están dentro del país y que funcionan “como vínculo para poder ayudar. Indudablemente la situación es muy compleja, pero no queda otro camino para ayudar al pueblo de Nicaragua, que es el que tiene que hacer la transición de esta dictadura brutal, a una democracia”.
