28 de enero 2020
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El grupo cívico Ética y Transparencia —que desde hace más de veinte años ha sido observador electoral en Nicaragua— solicitó este martes a la Asamblea Nacional controlada por la dictadura Ortega Murillo “una participación activa” en la reforma electoral prevista para la próxima legislatura.
La reforma electoral a la que se refiere Ética y Transparencia es la misma reforma unilateral anunciada por el régimen, la cual pretende discutirse únicamente con los partidos políticos colaboracionistas. El plan dado a conocer hasta ahora por el sector oficial excluye de esa reforma electoral a los sectores opositores agrupados en la Alianza Cívica y Unidad Nacional Azul y Blanco, quienes en diciembre pasado presentaron una propuesta conjunta de reforma electoral.
Roberto Courtney, director de Ética y Transparencia, dijo que pretenden sumarse al proceso de reforma electoral “para aportar a la construcción de una salida a la crisis económica y de gobernabilidad (…) a través de un proceso electoral, libre, justo y correcto”.
Courtney negó que en caso de lograr aceptación de parte de la Asamblea Nacional estarían legitimando una reforma electoral unilateral, que no tendría reconocimiento ante la comunidad nacional e internacional. En cambio, la demanda de los sectores opositores y la comunidad internacional es una reforma profunda al cuestionado sistema electoral, en la que participe la Organización de Estados Americanos (OEA).
“En las elecciones pasadas nosotros hemos observado los procesos con o sin acreditación. Con eso no legitimamos ningún proceso. Uso esta metáfora: si alguien va a una fiesta, pachanguea y se queda callado estaría legitimando esa fiesta. En cambio, si uno va a esa fiesta y denuncia lo malo que hubo no legitima nada”, comparó Courtney.
Ética y Transparencia busca influir en posible reforma
Ética y Transparencia aspira a ser parte de la consulta de la reforma electoral unilateral planteada por la dictadura, pese a que no involucraría a los actores opositores ajenos al parlamento que son los que gozan de legitimidad nacional e internacional.
Courtney dijo que si Ética y Transparencia puede influir en una reforma electoral correcta, cuyo contenido aporte garantías para un proceso electoral, “esa ley terminará valiendo”. Es decir, que si se aprobaría una reforma electoral con demandas claves sería válida. Sin embargo, el régimen ha demostrado que no tiene voluntad política para ceder en materia electoral, partiendo desde el reemplazo del viciado Consejo Supremo Electoral a un saneamiento de la estructura nacional.
Courtney dijo que ellos son actores independientes y que han escuchado a todos los sectores opositores sobre sus planteamientos ante una reforma electoral. “Solo nos hace falta hablar con el Frente Sandinista”, dijo el director de Ética y Transparencia, argumentando que una salida a la crisis pasa por una discusión de todos los actores políticos.
“Contribuir a restablecer el diálogo y la comunicación política interna madura y sin prejuicios, con el pleno respeto a la institucionalidad del país, en pro del bienestar y el mejor futuro posible para nuestros ciudadanos”, afirmó Ética y Transparencia.
