20 de agosto 2023
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El 14 de marzo de 1990, el entonces rector de la Universidad Centroamericana (UCA), padre César Jerez, anunció al final de su lección inaugural para ese curso académico, la decisión de la Junta de Directores de la UCA de conceder un doctorado “honoris causa” a Daniel Ortega, que en ese momento todavía era el presidente de Nicaragua.
El 27 de julio de ese mismo año, en un acto realizado al aire libre en el campus de la UCA, cerca del portón principal, el rector Jerez le entregó ese reconocimiento “por su gestión como presidente, por su contribución a la paz y a la democracia”, en referencia al hecho de haber aceptado la derrota electoral del 25 de febrero de 1990, y haber entregado la presidencia a Violeta Barrios de Chamorro.
“Por breve tiempo fue él alumno de la UCA y la universidad desea reconocer sus méritos, no en su ascenso al poder, sino cuando desciende del mismo”, explicó el sacerdote jesuita.
Casi treinta y tres años después, el mismo Daniel Ortega, honoris causa de la UCA, atornillado en un poder dictatorial durante 16 años consecutivos, ordenó la confiscación de la universidad jesuita y ejecutó su cierre, sustituyéndola con una universidad estatal.
La derrota del FSLN en 1990
En 1990, Nicaragua vivía tiempos convulsos, tal como lo refleja la extensa lección inaugural del rector César Jerez. Un año antes, Ortega y la cúpula del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), habían accedido a realizar unas elecciones anticipadas y pasarlas de noviembre de 1990 a febrero de 1990, basados en la seguridad que le daban casi todas las encuestas, en algunas de las cuales la intención de voto le beneficiaba en una proporción de dos a uno.
Ese 14 de marzo, el padre Jerez señaló: “Estamos teniendo esta lección inaugural poco después de haber vivido en Nicaragua un proceso electoral y casi en las vísperas de iniciarse un nuevo período presidencial. Los resultados de las elecciones han sido una sorpresa general y nos han dejado desconcertados. Esta Universidad, con ánimo de mantener informado al pueblo nicaragüense, procuró una observación continua del proceso electoral, por medio de una serie de encuestas de opinión, hechas con la mayor seriedad científica posible”.
Al reconocer que “tales encuestas comprometieron a la UCA y al mismo rector”, Jerez añadió que “sencillamente tenemos que confesar que esas encuestas (realizadas por la empresa ECO del encuestador Raúl Obregón) no reflejaron la intención de los votantes y que no usamos instrumentos científicos de control para balancear las interpretaciones que de las encuestas hicimos”.
La candidata de la Unión Nacional Opositora (UNO), Violeta Barrios de Chamorro, obtuvo el 54.7% de los sufragios, mientras Ortega se quedó con el 40.8%. Una diferencia de casi 200 000 votos (13.9 puntos porcentuales), que en su momento se achacó al comportamiento “güegüense” de la cultura política nica, aunque el padre Jerez expuso una tesis mucho más elaborada.
“Al preguntarnos el porqué de este resultado se nos ocurren mil y tantas interpretaciones. Haciendo un esfuerzo de síntesis pienso que pueden reducirse a las siguientes”, indicó señalando en primer lugar su convicción de que “la política de agresión” (armada, económica, comercial, financiera, diplomática, ideológica) de parte de Estados Unidos contra Nicaragua, simplemente dio resultado.
“Para mí, está aquí la explicación fundamental, aunque todavía puede parecer un tanto general”, admitió, por lo que pasó a detallar cómo “a lo largo de diez años esta agresión golpeó fuertemente el corazón y el estómago de la mayoría de la población”, en referencia a la muerte de miles de nicaragüenses (de ambos bandos), así como a la miseria económica causada por la guerra.
El bloqueo económico estadounidense, y las malas decisiones del Gobierno sandinista, también contribuyeron a esa debacle.
Ante la muerte –el primer producto de la guerra– “todos deseaban la paz”, dijo Jerez, para explicar que si muchos (777 522) ciudadanos votaron por Chamorro fue porque tuvieron la convicción de que la oposición podría lograr más fácilmente “un entendimiento con la Administración norteamericana, capaz de lograr el advenimiento de la paz”.
El poder del voto secreto
El religioso jesuita tenía razón. El primer decreto de la presidenta Chamorro, pocos minutos después de recibir la banda presidencial, fue abolir el obligatorio Servicio Militar Patriótico. Durante su Administración, también desmovilizaría el ejército de la contrarrevolución y se reduciría el Ejército, creando el Parque de la Paz, donde fueron sepultadas miles de armas.
En su lección inaugural, el rector dijo que si la gente votó en contra del Frente Sandinista (en total, hubo 840 648 personas que no votaron por él, contra 579 886 que sí lo hicieron, según este informe de la Misión de Observadores Electorales de la Organización de Estados Americanos, OEA), fue por “algunos errores del Frente Sandinista”, aclarando a renglón seguido que esos errores eran “de cuadros, generalmente, no de la alta dirigencia”.
Añadió que esos “errores administrativos, actitudes de prepotencia, provocaron un voto de castigo. La mayoría del pueblo cobró esos errores cuando vio que contaba con el poder del voto secreto: decidió hacer uso de ese poder”.
El honoris causa y la confiscación
Poco más de cuatro meses después de pronunciar ese discurso, enmarcado en la celebración del trigésimo aniversario de esa alma mater, y cuando Ortega ya había comenzado a “gobernar desde abajo”, el padre Jerez formalizó la intención de entregarle un doctorado “honoris causa” en ciencias humanas.
El rector insistió en que el mérito de Ortega era aceptar su derrota electoral y bajarse del poder –al que llegó en 1979 a través de una revolución armada– de forma pacífica, facilitando una transición democrática.
Una crónica registrada por el portal católico suizo Cath.ch, señala que el religioso destacó la gestión de Ortega “a favor de los pobres… aunque se hayan cometido errores”, mientras que Ortega, en un discurso kilométrico hizo un preámbulo en el que “lamentó la polarización de la sociedad nicaragüense mantenida por un grupo que quiere restaurar la opresión de los pueblos y niegan la democracia”.
Luego, en un estilo que no ha cambiado a lo largo de tres décadas, mencionó la violencia política vivida por Nicaragua desde su independencia: luchas entre liberales y conservadores, cuarenta años de dictadura, intervenciones y ocupaciones estadounidenses. Indicó que con la revolución, prevaleció el principio de justicia económica y social, y que su derrota en las elecciones de febrero de 1990 no representaban “la victoria de la contrarrevolución, sino del modelo democrático”.
El pasado 16 de agosto de 2023, después de haber demolido durante 16 años consecutivos las instituciones democráticas que surgieron en 1990, tras su regreso al poder en 2007, el doctor “honoris causa” de la Universidad Centroamericana, Daniel Ortega, encumbrado como caudillo de una dictadura dinástica, ordenó el cierre y la confiscación de la universidad jesuita, en la que solamente estudió un semestre universitario en 1962.
Su justificación fue acusar, sin pruebas y sin derecho a la defensa, a la UCA y sus directivos de promover el “terrorismo”, por haber promovido el diálogo nacional y una salida democrática durante la crisis política nacional, y por haber acogido en su campus a los estudiantes y las víctimas de la represión que desató el Estado, durante la rebelión cívica de abril de 2018.
