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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Estado de Nicaragua indemnizar, por hasta 535 000 dólares, al ciudadano Jaime Antonio Chavarría Morales y su familia, quienes en julio de 2008 fueron agredidos por simpatizantes del gobernante Frente Sandinista.
En una sentencia, notificada el miércoles 4 de marzo de 2026, la Corte IDH encontró responsable al Estado por las “represalias, hostigamientos e intimidaciones”, que sufrió el opositor y su familia por parte de “agentes estatales o miembros de la fuerza política del gobierno”, en el contexto de las elecciones municipales de 2008. Chavarría Morales era excandidato a concejal de la Alcaldía de Managua por la Alianza del Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
En la resolución, adoptada con seis votos a favor y uno parcialmente en contra, los jueces concluyeron que el Estado violó los “derechos a la integridad personal, la libertad de pensamiento y de expresión, de los derechos políticos, y del derecho a la igualdad ante la ley” de Chavarría Morales y los miembros de su núcleo familiar.
La sentencia dispone el pago de las siguientes indemnizaciones a las víctimas:
- USD 50 000 a favor de Jaime Antonio Chavarría Morales, en su calidad de víctima principal.
- USD 45 000 a favor de Jaime Antonio Chavarría Alonso.
- USD 40 000 para cada uno de sus hijos Cindy Alicia Chavarría Alonso y Jeffer Joaquín Chavarría Alonso.
- USD 30 000 para cada uno de sus siete nietos y nietas: Jaime Antonio y Grace Alejandra, ambos Chavarría Moreno; Astrid Belén y Jeffer Isaac, de apellidos Chavarría Munguía; Camila Monserrat, Fergie Anabelsys y Alaia Margarita, todos Chavarría Silva.
- USD 25 000 para otros familiares afectados, incluyendo a su esposa Margarita Blanca de la Concepción Alonso Flores, Eugenia Margarita Chavarría Alonso, Norman José Guillen Silva, Luis Alberto Matos Castro, Ángela Elisa Munguía Leiva y Nerling del Carmen Moreno Chavarría.
Estado de Nicaragua hacer otros pagos
Además de estas sumas, la Corte IDH ordenó otras reparaciones económicas complementarias. En materia de rehabilitación, el Estado deberá pagar USD 6000 a cada una de las 17 víctimas reconocidas, destinados a cubrir gastos de atención psicológica o psiquiátrica.
Asimismo, dispuso el pago de USD 15 000 por concepto de costas y gastos, a ser distribuidos entre los representantes legales de las víctimas, y el reintegro de USD 3965.67 al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas del sistema interamericano.
En la resolución los jueces enfatizaron que estos montos deberán realizarse dentro de un plazo máximo de un año contado desde la notificación del fallo.
La Corte IDH declaró a Nicaragua en desacato desde 2022, cuando el Estado se negó a cumplir con una serie de resoluciones de medidas provisionales que exigían al Estado liberar y garantizar la vida y la salud de más de un centenar de personas opositoras al Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo que fueron encarceladas.
Desde entonces Nicaragua no responde a órdenes de la Corte IDH ni acredita representantes para las audiencias.
Agresión a la familia Chavarría
Los hechos que originaron el caso se remontan a julio de 2008, durante el proceso de verificación ciudadana, previo a las elecciones municipales celebradas el 9 de noviembre de ese año.
El 27 de julio de 2008, Jaime Chavarría Morales fungió como fiscal de verificación electoral del Distrito Cuatro. En su calidad de fiscal, presentó una impugnación en contra del coordinador, el técnico de verificación y el técnico de cambio de domicilio del centro, por cerrar el local cuando faltaban personas para verificarse. Sin embargo, estas autoridades se negaron a recibir dicha impugnación.
Al salir del centro de verificación fue agredido junto con miembros de su familia por un grupo numeroso de personas armadas con objetos contundentes, en un contexto de violencia política.
Jaime Chavarría denunció lo sucedido a la Policía Nacional, pero la causa fue finalmente archivada en mayo de 2016, y los actos de hostigamiento e intimidación se prolongaron a lo largo del tiempo.
Corte IDH ordena al Estado “investigar”
A pesar de las denuncias presentadas ante autoridades electorales, policiales y judiciales, el Estado no llevó a cabo investigaciones diligentes ni garantizó protección efectiva a las víctimas.
“Las violaciones a los derechos del señor Chavarría Morales y de su familia son imputables al Estado, al haber sido consecuencia de acciones y omisiones atribuibles, en particular, a funcionarios de la Policía Nacional de Nicaragua, del Ministerio Público y del Poder Judicial”, dice el texto de la resolución.
Los jueces ordenaron la implementación de un “programa o curso obligatorio sobre derechos humanos y violencia en contextos políticos”, dirigido a estas instituciones del Estado.
La Corte IDH determinó que estas omisiones estatales afectaron directamente el ejercicio de los derechos políticos de las víctimas. La sentencia ordena al Estado “llevar a cabo una investigación, persecución y sanción seria, efectiva e imparcial, en cumplimiento de los estándares internacionales de debida diligencia, dentro de un plazo razonable y ante una autoridad judicial competente, independiente e imparcial”.
Los jueces consideran que el Estado está obligado a “combatir la impunidad” por todos los medios disponibles.
El incremento de causas del Estado de Nicaragua en la Corte IDH evidencia un mayor reclamo de justicia de la sociedad nicaragüense y la voluntad del sistema interamericano de evitar que estos casos queden en la impunidad.
