17 de febrero 2023
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Los Gobierno de Gabriel Boric, en Chile, y Gustavo Petro, en Colombia, han mostrado su rechazo y “preocupación”, respectivamente, por el despojo de la nacionalidad a más de 300 nicaragüenses críticos del presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores expresa su preocupación por la decisión de retirar la nacionalidad nicaragüense a otros 94 ciudadanos, anunciada por el Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción de Managua el 16 de febrero de 2023”, señaló la Cancillería colombiana en un comunicado publicado este viernes 17 de febrero.
Agregó que “lamenta la iniciativa gubernamental de promover en la Asamblea Nacional la reforma de los artículos de la Constitución Política que regulan las condiciones de adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad”.
El comunicado destacó que “estas medidas vulneran el derecho a la nacionalidad, contemplado en un conjunto de instrumentos jurídicos internacionales, incluyendo, entre otros, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratado del cual Nicaragua es Estado parte”.
De acuerdo con medios chilenos, la canciller de ese país, Antonia Urrejola, dijo que la situación en Nicaragua “es de la más alta gravedad”.
“Nos parece que lo que se está conformando hace ya varios años, y los hechos de las últimas semanas lo demuestras, es que cada día más se trata de una dictadura totalitaria donde se persigue cualquier tipo de disidencia”.
Urrejola ha seguido de cerca la crisis de derechos humanos en Nicaragua, desde 2018. Antes de llegar a la Cancillería chilena, fungió como presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y como relatora para Nicaragua de esa organización.
La canciller aseguró que “desde Chile no solo vamos a seguir denunciando esta situación, pero vamos a seguir haciendo las acciones que correspondan para apoyar en primer lugar a estas personas que están siendo perseguidas, pero también para apoyar la democratización en Nicaragua”.
“Esperamos que el resto de la comunidad internacional esté a la altura”, apostilló.
Más de 300 nicaragüenses apátridas
En los últimos ocho días, 317 nicaragüenses fueron despojados de su nacionalidad, incluido el obispo Rolando Álvarez, condenado a más de 26 años de prisión tras negarse a ser desterrado por el Gobierno del presidente Ortega junto a 222 presos políticos excarcelados y expulsados hacia Estados Unidos el 9 de febrero.
En una nueva lista de 94 nicaragüenses declarados apátridas, anunciada el miércoles, figuran los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli; el director de CONFIDENCIAL y Esta Semana, Carlos Fernando Chamorro, y su esposa Desirée Elizondo; el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez; la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez; y el excomandante de la revolución Luis Carrión.
Según la resolución del magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, Ernesto Rodríguez, estos nicaragüenses habían sido acusados por el Ministerio Público por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en concurso real con el delito de propagación de noticias falsas a través de la tecnología de la información y de la comunicación, todo en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad.
México “atento” al respeto de derechos humanos
El Gobierno de México aseguró el jueves que está dando “puntual seguimiento” a la situación de las “personas nicaragüenses” desterradas y afirmó estar “atento” a que se “respeten y protejan” sus derechos humanos, según la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en un comunicado en respuesta a unas preguntas de la agencia Efe.
Sostuvo que “conforme a uno de sus principios torales de política exterior”, México “se mantendrá atento a que se respeten y protejan los derechos humanos de este grupo de personas, incluidos sus derechos a la nacionalidad y a no ser privada de ésta de manera arbitraria”.
“Y al uso y goce de sus bienes y propiedad a menos que ésta sea confiscada o restringida por causas justificadas previstas en las leyes y mediante el pago de una indemnización justa”, agregó.
México ha mantenido una polémica ambigüedad ante la aguda crisis política que vive Nicaragua y las denuncias de represión a opositores por parte del Gobierno de Ortega.
