16 de noviembre 2023
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El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, extendió por un año más la vigencia de la orden ejecutiva 13851, que declara la “situación” en Nicaragua como una “amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional”, y establece sanciones para los ciudadanos que apoyen a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En una carta a los presidentes de la Cámara de Representantes y el Senado, Biden informó que el decreto presidencial —emitido en noviembre de 2018 por el entonces presidente Donald Trump— “continuará vigente más allá del 27 de noviembre de 2023”.
El presidente estadounidense considera que la situación en Nicaragua, gobernada con mano de hierro por la familia Ortega Murillo, “continúa representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”.
Biden detalla que “la situación en Nicaragua” plantea una “amenaza” por “la respuesta violenta del Gobierno de Nicaragua a las protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018”. Así como “el continuo desmantelamiento y socavamiento sistemático de las instituciones democráticas y el Estado de derecho por parte del régimen Ortega-Murillo”.
Además, “su uso de la violencia indiscriminada, y sus tácticas represivas contra civiles, así como su corrupción que conduce a la desestabilización de la economía de Nicaragua”, según la misiva compartida por la Casa Blanca.
Enmiendas a la orden 13851
En octubre de 2022, Biden enmendó la orden ejecutiva 13851 y amplió su rango de acción para sancionar a representantes y entidades de los sectores de la economía nicaragüense, que apoyen a la dictadura orteguista.
La vicepresidenta Murillo fue la primera alta funcionaria en ser sancionada con esta orden ejecutiva, titulada “Bloqueo de bienes de ciertas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua. La primera dama fue castigada el 27 de noviembre de 2018, junto al colaborador cercano de la pareja presidencial, Néstor Moncada Lau.
Con la enmienda se autorizó una sanción a la Dirección General de Minas (DGM), adscrita al Ministerio de Energía y Minas (MEM), con lo que se pretende “complicar” las exportaciones de oro nicaragüense a Estados Unidos, dijo en su momento Ricardo Zúñiga, secretario adjunto del Departamento de Estado para Latinoamérica.
