3 de junio 2019
AA
La dictadura de Daniel Ortega se comprometió en la mesa de negociación con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, con la OEA y el Vaticano como testigos, a liberar a todos los presos políticos en un plazo máximo de 90 días, que vence el 18 de este mes. Hasta ahora, Ortega ha excarcelado a unos 500 reos de conciencia, pero no ha liberado plenamente a ninguno. En la cuenta regresiva, la presión internacional se mantiene sobre el régimen orteguista con plazos para una variedad de sanciones, incluyendo la eventual aplicación de la Carta Democrática Interamericana.
La abogada constitucionalista y delegada de la Alianza Cívica, Azahálea Solís, sostiene en entrevista con el periodista Carlos F. Chamorro, en el programa Esta Semana, que a la par de la presión internacional también se mantiene la resistencia nacional, en la que están involucrados los presos políticos excarcelados, que demandan su libertad plena y las de los más de 180 reos de conciencia que continúan en las cárceles de la dictadura.
El 18 de junio se vence esta cuenta regresiva, que se establece a partir del acuerdo que hizo el régimen con la Alianza Cívica, teniendo como testigos internacionales a la OEA y al Vaticano, para liberar a todos los presos políticos. Confírmanos cuántos presos tiene registrados la Alianza, en este momento, en las cárceles, y cuántos están excarcelados esperando su liberación definitiva, y cuántos también están bajo persecución.
En concreto, nosotros estamos hablando de 183 personas encarceladas todavía, de la lista original y, más las últimas encarcelaciones. Pero, hay una lista de 102 personas que fueron incluidas en la lista que entregó la Alianza Cívica, y que también están en la lista de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que el Gobierno ha dicho dos cosas: una, que nunca estuvieron presas; o dos, que estas personas ya fueron liberadas. Sin embargo, nosotros, a través de las líneas de teléfono que se establecieron, tenemos que hay 57 personas más presas, que tenemos pendiente de confirmar con sus familiares, que el Gobierno no las asume o que dice que ya fueron liberadas.
Es decir, estamos hablando de más de 200 personas, en nuestra lista, que todavía deben ser excarceladas. Y realmente, es una lista bastante grande, por eso es que nosotros consideramos que se debe seguir manteniendo, se deben publicar cuáles son estas listas, por una parte; y por el otro lado, también, se deben mantener las líneas abiertas para confirmar con sus familiares si estas personas fueron excarceladas o todavía están en el Sistema Penitenciario.
¿Y el número de excarcelados que están bajo arresto domiciliar son más de 400?
Son más de 400, porque el Gobierno solamente pone en su lista los que han salido el 27 de febrero, el 15 de marzo, el 4 de abril, los que sacaron en mayo, es decir, ellos solamente ponen ahí los que han salido unilateralmente, pero, también hay que incluir a una serie de personas que ellos han ido excarcelando poco a poco, sin mayor publicidad; y a otra gente que ellos la incluyeron como presos comunes, en la que sacaron, más o menos, de lista de presos comunes que ellos decían, de 53, 54 personas. Ellos excarcelaron 36 en Semana Santa, y, también excarcelaron, en una lista de presas comunes, a una mujer que está en la lista de presas políticas que nosotros tenemos. Es decir, que son más de 400 personas, realmente, las que están excarceladas.
¿Qué espera la Alianza Cívica? ¿Cumplirá Ortega plenamente lo que acordó? ¿Los liberará a todos o intentará mantener ese estatus de excarcelados de algunos presos, como rehenes, sin otorgarles plena libertad?
En este punto hay varias cosas. Primero, hay una cantidad de personas que ya desde el cuatro, cinco de abril estaban en posibilidades de salir, que era la lista conciliada con la Cruz Roja Internacional y, de esas personas, hay un buen número de personas que están en esa lista que todavía continúan encarceladas.
Luego, hay otra cosa que es importante tener en consideración, que es el compromiso que tiene el Gobierno con la Secretaría General, es la lista de presos políticos de acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, por lo tanto, es necesario que esto se actualice, porque a partir de marzo se ha continuado el encarcelamiento de personas. Y luego, está el punto central, que es de que el Gobierno se comprometió, ante garantes internacionales, hay una resolución del Consejo Permanente de la OEA, y hay una Asamblea General en junio, en la que Nicaragua va a ser un tema importante y, que para esa fecha, que es posterior al 18 de junio, Nicaragua tiene que haber cumplido, no solamente la excarcelación, sino la liberación de todos estos presos políticos, y el acuerdo de derecho y garantía, relacionados con el tema de la libertad de expresión, de asociación.
Para entonces también tendrán que haberse entregado las personerías jurídicas de los once organismos a los cuales se les quitó personería jurídica; para entonces tendrá que ya haberse regresado 100% Noticias, tendrá que haber regresado CONFIDENCIAL; tendrán que haber estado liberadas todas las personas que están en este momento con orden de captura, y que están en el exilio; porque todos esos son compromisos que están en el acuerdo del 29 de marzo. Y, es muy clara la resolución del Consejo Permanente, de que debe haber buena fe de parte de los negociadores, y la buena fe es cumplir los acuerdos; para entonces ya La Prensa y El Nuevo Diario no tendrán que tener problemas de los insumos, estoy hablando que para la Asamblea General deben estarse cumpliendo todos esos acuerdos.
Estás del ‘debe ser’. Esto debió haber ocurrido ya hace más de dos meses y sin embargo no ocurre. Por algún motivo Ortega está reteniendo rehenes para llegar hasta el último minuto. La pregunta es ¿cumplirá o no? ¿Hay algún indicio sobre cómo serían liberados los presos? Ustedes han propuesto que se otorguen sentencias absolutorias. El Gobierno ha hablado en algún momento de amnistía. ¿Se conoce, en todo caso, cuál sería la vía?
La vía correcta para reestablecer los derechos, la dignidad de todas las personas que han sido sometidas a estos procesos infames e injustos, e ilegales, es la que ha presentado el cuerpo de abogados, que es la ruta jurídica conocida la semana pasada.
El Gobierno ha estado insistiendo en el tema de la amnistía, recordemos que en la amnistía, hay resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que rechaza las autoamnistías, no puede darse ninguna autoamnistía, ningún Gobierno. Pero además, establece una serie de parámetros relacionados con esto, que está ligado a que no puede haber amnistía por delitos de lesa humanidad, y recordemos que al Gobierno de Nicaragua se le ha señalado que aquí se cometieron, el año pasado, delitos de lesa humanidad. Todo esto con seguridad va a ser analizado en la Asamblea General que se realizará después del 18 de junio, la Asamblea General es el 26 de junio, frente a eso, ese es el gran problema que tiene el Gobierno, es decir, que el cumplimiento de la fecha de liberación es el 18 de junio, y la Asamblea es con posterioridad.
Posiblemente lo que el Gobierno tiene, en relación con los presos políticos, es mantenerlos de rehenes para lograr una amnistía para su gente, pero eso no es posible. O sea, no es posible que se dé amnistía frente a delitos de lesa humanidad, ni es posible que se dé amnistía de espalda a la justicia transicional, no es posible dar amnistía de espalda al derecho a la verdad que tiene toda la ciudadanía nicaragüense, y de espalda a que haya justicia por las más de 325 personas asesinadas el año pasado y en este año.
Manifestantes autoconvocados marchan en los predios de la Catedral de Managua exigiendo libertad para los presos políticos. Carlos Herrera | Confidencial
Si la liberación de los presos implica la restitución plena de todos sus derechos políticos, esto supone también la restitución de las libertades democráticas para todos los ciudadanos, para todo el país. ¿Quiere decir que ese día 18 de junio debería suspenderse el Estado de excepción de facto, el Estado policíaco, el Estado de sitio que ha impuesto Ortega?
Exactamente tendría que desaparecer eso, tendrían que anularse todas las órdenes de captura que hay, alrededor de trescientas órdenes de captura para personas que están en el exterior, por ejemplo: Félix Maradiaga, Luciano García, Roberto Samcam, Dulce María Porras. O sea, una serie de personas a las cuales se les emitió orden de captura, que deben quedar anuladas. Por supuesto, y debe de reestablecerse, para entonces, todo lo que está establecido en el acuerdo del 29 de marzo.
¿Cómo valora la Alianza la reunión que sostuvieron algunos de sus miembros con el secretario general este jueves, y entiendo que también el día viernes? ¿Almagro se pronunció de manera categórica sobre la liberación de los presos, la restitución de las libertades, y que la reforma electoral debe de darse en el marco de las negociaciones con la Alianza? ¿Le estaría, esto, cerrando las puertas a cualquier pretensión de Ortega de hacer una negociación unilateral, ya sea con Estados Unidos, con Almagro, con la comunidad internacional?
Fue muy importante la reunión el jueves con la Alianza, y la reunión que hubo el viernes con un sector más amplio de la sociedad nicaragüense, en la que también estuvo la Unidad Nacional, el movimiento campesino, y otros sectores más de la sociedad nicaragüense, y en las dos reuniones el planteamiento fue la liberación total de los presos políticos. Yo acabo, también, de estar en una reunión con miembros de la OEA, en la que también señalan que el 18 de junio es la fecha tope, si para entonces no está la liberación de los presos políticos, pues, la OEA tendría que tener otra actitud.
También está en el tema de los derechos y garantías, y fue muy claro que toda la sociedad nicaragüense tiene el derecho de dar su planteamiento alrededor de la reforma electoral, que no es aceptable un proceso de reforma electoral al margen de la mesa de negociación, no puede ser como el Gobierno lo pretende hacer, por la vía unilateral, y con los actores que ellos consideran. Los actores son los distintos actores nacionales, sean partidos políticos, sea sociedad civil, sean organismos de derechos humanos, sea movimiento estudiantil, sea movimiento campesino. Es decir, todos los sectores nicaragüenses tienen voz y derecho de hablar sobre la reforma electoral y, además, el planteamiento, que es bastante unánime, que ha ido creciendo mucho más, de que deben haber elecciones adelantadas, y eso se ha reiterado, tanto en la reunión, solo de la Alianza, del jueves, como en la reunión del viernes con otros sectores nicaragüenses.
Miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia durante una conferencia de prensa en el INCAE. Carlos Herrera | Confidencial
Supongamos que Ortega no cumple plenamente lo que ha acordado, cumple quizás parcialmente, hace alguna excarcelación, hace una propuesta unilateral de reforma electoral, y eso podría satisfacer a una parte de la comunidad internacional y ser rechazado por otra; podría ser objeto de sanciones por parte de la OEA, de parte de Estados Unidos, de parte de la Unión Europea. Pero hemos visto, en el caso de Venezuela, que es el espejo de Ortega, que Maduro ha enfrentado sanciones muchísimo más severas de la comunidad internacional y se mantiene en el poder. La pregunta es ¿puede solamente la sanción externa producir en Nicaragua un cambio político? ¿Será que Ortega está preparándose para enfrentar esas sanciones internacionales?
Es posible que eso pueda estar entrando en su cálculo, de que en lugar de pedir lo que antes estaba demandándole a la Alianza, de que era la suspensión de las sanciones, pueda estar pensando que las sanciones no se suspendan, pero que se rebajen, y él pueda navegar en el resto del año 2019, en esa situación. Sin embargo, yo creo que a la par de la presión internacional, es claro que la resistencia nacional sigue, y que, aunque en este momento Ortega, a través de la represión, ha podido tener un cierto control de esa resistencia, lo cierto es que la resistencia está ahí presente, y que sumado a la presión internacional, pues, no es posible que Ortega pueda navegar en los próximos seis meses en una circunstancia así.
Por otra parte, recordemos que Nicaragua no es Venezuela. Venezuela tiene otros recursos que Nicaragua no tiene. Además, recordemos que es muy difícil que se pueda aceptar algún esquema en el que el Gobierno pudiera estar pensando que es la autoamnistía, el negar la justicia transicional, el negar la investigación independiente de los hechos que han ocurrido en el país, y que esos son materia pendiente. O sea, es materia pendiente todo, los temas de libertad, los temas de derecho, los temas de justicia y los temas de democracia, o sea realmente los cuatro elementos, los temas de agenda que se han planteado en la mesa de negociación están pendientes por parte del Gobierno, es decir, es muy difícil que él pueda vender algo favorable, porque lo que dice, no ha hecho nada de lo que dice, ni en tema de libertad, ni en tema de derecho, ni en tema de democracia, ni en tema de justicia. Dice que hace, pero en realidad es que no lo hace, solamente excarcela.
Azahálea, la encuesta de CID-Gallup que presentamos el miércoles pasado en Esta Noche, una mayoría, incluso de partidarios de Ortega, dice que el país va por el rumbo equivocado. El 62% de la gente está a favor de que se adelanten las elecciones, y el 59% dice que la mejor salida, para el país, sería la renuncia de Ortega y Murillo. ¿Si Ortega se cierra a la negociación ahora, y el 18 de junio, ha contemplado la Alianza la posibilidad de establecer puentes, contactos con representantes de la cúpula del régimen, con representantes del Ejército, para buscar una salida política sin Ortega y sin Murillo?
Eso no se ha planteado así. Lo que está planteado por parte de la Alianza es, la próxima semana, hacer una serie de análisis en relación a los caminos que se deben tener, más allá de la negociación. Eso sí te lo puedo asegurar, que se están planteando algunos caminos más allá de la negociación. Porque, en relación a la encuesta, más allá de los resultados que esta nos da, es la comparación de estos resultados, que han venido cambiando, o sea, en algún momento había algunos resultados más favorables a Ortega, y cada vez, estos resultados, son más desfavorables a Ortega y queda más claro el tema de la renuncia que, en algún momento del año pasado se planteó, pero ahora es mucho más contundente este tema de la renuncia. Yo creo que son escenarios que se deben plantear, y que están planteados en el análisis de la Alianza, pero todavía no se han tomado decisiones al respecto.
Después del 18 de junio, ¿tiene la alianza una propuesta específica de reforma electoral y de adelanto de elecciones? Es decir, ya sea que Ortega cumpla o no cumpla, que es lo más probable.
Hay una propuesta que se ha trabajado el año pasado y este año, hay varios planteamientos de que esto sea sometido pronto. Incluso, se habla de antes del 18 de junio hacer esta propuesta de salida política, con todos los sectores, para tener un consenso nacional alrededor del tema electoral o alrededor de la salida política de este país. Eso está en la agenda, ahorita, de la Alianza.
