25 de septiembre 2023
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La constante ola de violencia y restricciones ejercidas por el aparato represor de la dictadura de Daniel Ortega ha puesto a Nicaragua “en el centro de las preocupaciones internacionales”, de acuerdo a Alberto Brunori, representante para Centroamérica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
“Cada día, cada mes que pasa, la situación se complica más, porque las violaciones se acumulan y prácticamente no se ve una vía de salida. Las fórmulas de represión parece que se están ampliando, ensanchando, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde se piensa llegar con esas fórmulas de limitación de las libertades?”, se preguntó Brunori, en una entrevista para el programa Esta Semana que se transmite por YouTube este domingo 24 de septiembre de 2023.
El especialista señaló que existe un claro consenso entre la comunidad internacional sobre la gravedad de la crisis de derechos humanos y violación de las garantías constitucionales en Nicaragua, incluso en aquellos países que no condenan abiertamente al régimen orteguista.
“Lo que ha sido importante es que me parece que nadie ha puesto en duda que nuestros hallazgos indican que han habido casos de tortura, que hay detenciones arbitrarias, que han cerrado más de 3000 oenegés, hay elementos que no pueden, así nomás, descalificarse”, resaltó Brunori.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos presentó un nuevo informe sobre la situación de Nicaragua. ¿Cuáles son las principales conclusiones de este informe?
El informe que presentó el alto comisionado presenta unos escenarios de extrema preocupación, en particular por una situación de deterioro progresivo de las condiciones, tanto del espacio cívico, que se han dado con el cierre de más de 3000, organizaciones civiles desde agosto del año pasado, hasta el periodo del cierre del informe.
Además, han sucedido varias cosas, como el destierro de las 222 personas detenidas arbitrariamente, más otras 70 y tantas que han sido prácticamente reducidas también a la muerte civil. Se han cerrado doce universidades, entre estas la UCA, que tiene una gran trayectoria intelectual en toda Centroamérica, señalada de ser un centro de terrorismo, cosa que francamente cuesta creer. Encima, claro, monseñor (Rolando) Álvarez, que sigue en detención. Hay una serie de circunstancias que digamos son de extrema preocupación y que hemos tenido que describir y levantar, incluyendo fórmulas de posible comisión de tortura para los detenidos, que seguimos profundizando.
¿Qué ha cambiado desde el último informe?
Ha habido una nueva ola de violencia y restricciones en materia de espacio cívico. Cada semana, cada mes que pasa, la situación se complica más, porque las violaciones se acumulan y prácticamente no se ve una vía de salida. Las fórmulas de represión parece que se están ampliando, ensanchando, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde se piensa llegar con esas fórmulas de limitación de las libertades? Entonces ya el Estado de derecho, desde hace tiempo venimos señalando, está bajo ataque, prácticamente con los poderes del Estado controlados, incluyendo el poder local. Cualquier voz disidente termina cayendo en la mira de las instituciones represivas del Estado.
¿Cómo valora la reacción de la comunidad internacional en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ante la situación de Nicaragua expuesta por el alto comisionado?
Yo creo que ha habido una aceptación positiva y un agradecimiento que han hecho muchos Estados miembros al alto comisionado por el trabajo realizado por su Oficina. Creo que ha sido positivo. Ha habido también voces disidentes en relación al trabajo realizado. Pero aún las voces disidentes no han puesto en duda los hechos, y los hechos hablan por sí solos. Me parece un punto central. La metodología que utilizamos es una metodología comprobada que usamos en todos los países del mundo. Entonces, claro que es justo, legítimo. Lo que ha sido importante es que me parece que nadie ha puesto en duda que digamos que nuestros hallazgos indican que han habido casos de tortura, que hay detenciones arbitrarias, que han cerrado más de 3000 oenegés hay elementos que no pueden descalificarse. Yo creo que eso ha quedado muy claro en el debate del Consejo y muy claro en las intervenciones de muchísimos Estados miembro. Repito, después la discusión y el debate se admiten y se respetan.
Brasil se sumó recientemente a una iniciativa de países en la ONU que cuestiona las violaciones a los derechos humanos del régimen nicaragüense. ¿Cuál es el objetivo de este grupo y qué acciones han realizado hasta el momento?
Realmente Brasil siempre ha sido parte del grupo, es un grupo al que llaman el Core Group, que es el grupo que da seguimiento a la situación de Nicaragua en el Consejo de Derechos Humanos. Me parece que ha sido importante la intervención y el aporte de Brasil, que es parte de ese grupo, porque aparte de conocer las violaciones e inclusive la declaración que hace Chile en nombre del grupo de países, se refiere específicamente a la UCA y otras violaciones. Pero me parece importante ese aporte, que además, pide de nuevo el acceso para la Comisión Interamericana y para la Oficina del Alto Comisionado, y además de un diálogo. ¿Por qué me parece importante? Porque el aislamiento que ha habido de Nicaragua es cada vez más progresivo. Prácticamente no asiste a los comités, no tiene relación con la Oficina, etcétera. No es una señal positiva para ningún país, porque la parte del diálogo interactivo con la comunidad internacional es parte de lo que se espera de un Estado democrático de derecho.
¿Es posible que a raíz de este último informe de la Oficina del Alto Comisionado, que sin lugar a dudas demuestra la grave situación de violación de derechos humanos en Nicaragua, más países se sumen a la condena internacional?
Los hechos descritos en nuestros informes tienen ese propósito de que se reconozca y se tomen las acciones que los Estados miembro consideren pertinentes. Por supuesto que la presión internacional va también en la dirección de pedir –lo ha dicho el alto comisionado en el Consejo, un diálogo, una apertura, que el país retome con la Oficina del Alto Comisionado una interlocución, porque es la única forma. Creo que sería un gesto muy importante por parte del Gobierno de Nicaragua un acercamiento con el alto comisionado, que son varias veces que abre la puerta. Lo ha hecho la anterior, Michelle Bachelet, y lo está haciendo el actual alto comisionado, Volker Türk.
¿Considera que hay suficiente presión para que el Gobierno de Nicaragua deje entrar al país a los expertos en derechos humanos de la ONU?
La presión es amplia y se han dado sendas resoluciones en el Consejo. Yo creo que el debate entre los países demuestra que hay una preocupación. Después se pueden discutir las fórmulas. Pero que Nicaragua está al centro de las preocupaciones internacionales –lo ha manifestado el secretario general, lo ha manifestado el alto comisionado– eso no se puede dudar. Nosotros consideramos que a través de la presión ejercida por la Oficina y otros organismos, efectivamente se pueda llegar a esa apertura de ese diálogo. No hay otro camino. Antes o después eso va a suceder y lo hemos visto en la historia, en distintos países. Cuanto antes, menos son las violaciones y mejor se puede reconstruir una sociedad basada en el Estado de derecho y en una agenda de derechos humanos compartida por una buena parte de la sociedad nicaragüense.
¿Qué consecuencias tiene la negativa del régimen de Nicaragua?
La imagen internacional de un país es altamente deteriorada porque la vitrina de los países, entre otras cosas, es el Consejo de Derechos Humanos y la atención en la respuesta a los comités. Entonces, si esa es la vitrina y no aparece en la vitrina, queda con una imagen muy negativa, y eso no hace bien a las inversiones, ni a la sostenibilidad de proyectos, programas, que quedan perjudicados por la imagen de un país y que terminan cada vez más hundidos en el aislamiento.
En Nicaragua no hay acceso a la justicia, ¿qué pueden hacer las víctimas de la represión y los países democráticos para facilitar los puentes de acceso a la justicia?
El acceso a la justicia está limitado porque las instituciones del Estado están copadas. Nos parece que el sistema de justicia está fallando en dar justicia y está, más bien, garantizando la impunidad. Entonces, por el momento creería que no hay justicia posible para las graves violaciones de derechos humanos, por lo menos en Nicaragua. Me parece que sí hay que seguir usando, para las víctimas, los instrumentos que existen en el sistema de naciones, como los que los órganos de protección universal ofrecen en ese sentido. Los Estados –cuando así lo consideren pertinente– pueden recurrir a la justicia universal. Es decir, abrir casos por graves violaciones de derechos humanos en tribunales de otros países. Desde luego, las violaciones no pueden quedar en la impunidad, no van a quedar. La historia nos enseña que hoy, mañana o pasado, la justicia llega siempre.
¿Qué se propone hacer ahora la Oficina del Alto Comisionado ante la crisis de derechos humanos en Nicaragua, que cada vez es peor?
La Oficina tiene, por parte del Consejo de Derechos Humanos, un mandato reforzado de monitoreo de la situación de derechos humanos. El mismo Consejo, paralelamente, ha creado un grupo de expertos para identificar las responsabilidades en violaciones a derechos humanos de 2018 a la fecha. Nosotros vamos a seguir en esa línea. Estamos haciendo un énfasis a las violaciones, no sólo las más notorias, sino las implicaciones que tienen, por ejemplo, sobre los derechos de las mujeres, a los derechos sexuales y reproductivos. Esto no afecta no sólo a la sociedad en general, sino que además a las mujeres como tal en sus derechos sexuales y reproductivos. Y así vamos a seguir, con temas como la libertad de religión, por ejemplo, para seguir dando espacio en el Consejo y en el ámbito internacional para que se conozca, y documentar los casos.
