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Me cuento entre los miles y miles de venezolanos que hemos visto en las últimas horas, videos que circulan por Instagram, X, Facebook y otras redes sociales, en los que funcionarios uniformados –policías, militares– aprovechando las atribuciones que les otorga su rol y su uniforme, saquean entre los escombros. Llegan hasta los sitios donde hay viviendas unifamiliares o edificios que se han desplomado, a buscar dinero, joyas, electrodomésticos o cualquier bien que tenga valor.
¿Han dicho algo al respecto los jerarcas de la narco dictadura? Las autoridades, ¿han emitido alguna advertencia? ¿Han formulado alguna denuncia? Nada. Como siempre. Ni una palabra.
Cabe volver a preguntarse si estos hechos son episodios aislados, casos excepcionales o si, como ocurre con los procedimientos de secuestros y desapariciones forzadas; como ocurre con los encierros en centros de detención ilegales y secretos, y como ocurre con los métodos de tortura vigentes, también responden a un patrón.
Hay que preguntarse en el espacio público, si en el pillaje constante, el raterismo todo horario, las múltiples prácticas extorsivas, las alcabalas furtivas e injustificadas, el matraqueo en cualquier punto del territorio, el robo de los hogares durante allanamientos y capturas sin órdenes judiciales, hay que preguntarse, insisto e insistiré, si toda esta variedad de actuaciones al margen de la ley, tienen algo en común, algo que pueda señalarse como una plataforma compartida.
La impunidad es la plataforma común del enorme catálogo de prácticas delictivas de policías y militares venezolanos. Los funcionarios entienden que no habrá investigación ni castigo por los delitos que cometan contra ciudadanos y familias indefensas. Solo tienen un límite, un asunto en el que no pueden equivocarse: robar a enchufados y jefes del partido y del gobierno, lo que podría acarrearles algún castigo.
Salvo esa excepción, todo les está permitido. Y es que, en el fondo subyace una especie de creencia, un tácito paradigma: que el territorio venezolano, con sus habitantes y sus bienes, es un coto privado, casi un millón de kilómetros cuadrados para el uso y disfrute impune de uniformados, especialmente si se muestran fanáticos del régimen o si hacen algún tipo de activismo a su favor.
Estos son los cuerpos uniformados –minados moralmente, incompetentes hasta extremos patéticos, desprovistos de profesionalismo, pertenecientes a instituciones empobrecidas por la propia corrupción y el propio pillaje, funcionarios expertos en prebendas y corruptelas–, las entidades impotentes para responder a la tragedia venezolana desatada el 24 de junio, tras los dos terremotos y la cadena de réplicas que les han seguido.
Este es el drama al que la Venezuela sumida en la tragedia debe afrontar: la de un Estado –instituciones, funcionarios, disponibilidad de recursos–, hundido en las miserias, en la estupidez profunda, en el agotamiento, en la podredumbre de la corrupción. Hago aquí uso de la palabra corrupción como un receptáculo que recoge una cultura de abusos, autoritarismo, desprecio hacia los ciudadanos, insensibilidad ante la muerte, una condición donde la estulticia y la prevaricación, aunque esto parezca contradictorio, no paran de crecer.
El Estado en situación de podredumbre o semi podredumbre es el Estado que, usando la Asamblea Nacional para sus fines siniestros, intensificó la persecución de ONG y organizaciones del tercer sector en 2024, neutralizándolas, ilegalizándolas y persiguiendo a sus dirigentes, hasta conducir a varios de ellos al exilio. Esas estructuras, muchas de ellas altamente profesionales y experimentadas, no podrán aportar sus capacidades fundamentales para actuar ante las secuelas de los terremotos.
Como ha recordado Luis Carlos Díaz esta semana, se llegó al extremo de detener a trabajadores humanitarios de otros países, torturarlos y, a continuación, extorsionar a sus países de origen (Colombia, Italia): se usaron a instancias administrativas como el SENIAT, para crear un cerco administrativo y financiero; y se llegó a la medida insólita, de intervenir judicialmente a la Cruz Roja de Venezuela, para imponerles autoridades a la medida del gusto del régimen.
Es la podredumbre de la que hablo, la que mantiene el bloqueo a medios de comunicación y redes sociales, en momentos en los que miles de familias demandan información, conexión confiable a internet, comunicación abierta y fluida en la búsqueda de sus familiares desaparecidos, sino también porque la sociedad en su conjunto necesita conocer la especificidad de lo ocurrido, informarse sobre la situación, saber de las víctimas, escuchar sobre los peligros que todavía subyacen y sobre cómo actuar en las emergencias.
Puesto que se sienten propietarios y señores de poder ilimitado sobre cada hecho y sobre cada punto del territorio, los uniformados cultivan otra especialidad: impedir que periodistas y reporteros gráficos hagan su trabajo, como si ello pudiese ocultar las terribles realidades del país, y en este momento, las dantescas escenas de edificios caídos, de personas que claman por auxilio bajo el retorcimiento de los escombros, de uniformados que aparecen en escena especialmente en la noche, con las manos vacías, y que buscan entre los restos qué robar, qué más pueden sustraer para engordar sus bolsillos.
La podredumbre es un Estado que obliga a la delegación de la ONU en Venezuela a contratar como funcionarios a miembros del PSUV; o es el Estado que carece de un plan para responder a las demandas de las familias de La Guaira, donde la vida se ha reducido a escombros; o es el Estado que de los cinco millones de milicianos que anunciaba hace unos pocos meses, no cuenta ni con un centenar para auxiliar a las víctimas del horror sísmico; o es el Estado que, a estas horas, hace denodados esfuerzos, preparativos para controlar y saquear la ayuda internacional.
El Estado podrido de la narco dictadura es que, ahora mismo, no pude responder a la más acuciantes y escandalosas de las preguntas: ¿dónde está la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? ¿Dónde, sus poderosas y cacareadas fuerzas rescatistas? ¿Dónde los recursos logísticos, maquinarias, herramientas e insumos para atender al sufrimiento de las víctimas? ¿Acaso todo eso no es más que una inmensa farsa –otra en medio de tantas–, y toda su participación en este momento se reducirá a dar la bienvenida a la ayuda proveniente de Estados Unidos, El Salvador, Israel, España y otros países?
Y cierro con esto: El Estado podrido de la narco dictadura es el que, a esta hora, se prepara para saquear la ayuda humanitaria proveniente de otros países, de familiares y de ciudadanos del mundo conmovidos por el sufrimiento continuo y exacerbado de los venezolanos.
*Este artículo se publicó originalmente en El Debate.
