7 de agosto 2020
AA
Además de los agobios que provocan la pandemia y la crisis socioeconómica, la población nicaragüense debe soportar las oleadas represivas, que no cesan, y lidiar con las embestidas recaudatorias del régimen, que arrecian en lugar de amainar. Ahora con el agravante de que el despojo pasó de córdobas a dólares.
¿Cuáles son las razones y las sinrazones de esta embestida sobre los bolsillos cada vez más escuálidos de los hogares nicaragüenses?
Vamos por partes.
El Banco Central publicó un informe sobre el comportamiento, en el mes de abril, de la economía nacional. Más allá de los cuestionamientos habituales sobre los malabares estadísticos que practica esa institución, el documento ofrece información útil para estimar el impacto socioeconómico de la pandemia.
Para mayor fidelidad, transcribimos literalmente las líneas más elocuentes del informe: El Índice Mensual de Actividad Económica, IMAE, “registró una disminución de 9.5 por ciento con relación a abril de 2019”. Este comportamiento se explica por “…disminuciones registradas en las actividades de: hoteles y restaurantes, -56.1 por ciento; industria manufacturera, -24.6 por ciento; intermediación financiera y servicios conexos, -17.5 por ciento; explotación de minas y canteras, -17.3 por ciento; energía y agua, -16.7 por ciento; entre otras…En las actividades primarias, disminuyeron además de la explotación de minas y canteras, las actividades de pecuario, pesca, silvicultura y la agricultura”.
Todas las actividades productivas se desplomaron. Y de manera drástica. Si consideramos que en abril detonó la alarma nacional por la pandemia, podemos tomarlo como referente para vislumbrar los meses de mayo y junio.
Naturalmente, un decrecimiento de esa magnitud tiene múltiples y graves consecuencias. Por razones de espacio nos limitaremos a dos.
La primera es el empleo, que se encuentra directamente relacionado con el ingreso, el poder de compra y la pobreza. Ahora debemos incluir el hambre entre las repercusiones.
Tomaremos como punto de partida el informe de INIDE correspondiente al primer trimestre de este año. Según el reporte oficial la situación se expresaba en los siguientes datos: 4.8% de desempleo abierto, 44.7% de subempleo y 14.2% “trabajadores no remunerados”. Es decir, la tasa de subocupación superaba, al mes de marzo, el 60% de la población laboral. Esta es la base sobre la que golpea el desplome económico de abril. Si a esto le agregamos la caída de ingresos provenientes de las remesas podemos perfilar el cuadro de penuria que se ensaña sobre la inmensa mayoría de los nicaragüenses.
Pero esos agobios al régimen le tienen sin cuidado: No ha adoptado una sola medida que contribuya a amortiguar el impacto de la crisis ni a nivel empresarial ni a nivel de la población. Al contrario.
Evidentemente, la prioridad de la mafia en el poder es preservar el aparato del Estado, comenzando por las fuerzas represivas. De ahí el afán por asegurar los ingresos indispensables para sostener la burocracia estatal. Precisamente aquí se registra la segunda consecuencia del desplome económico: la recaudación de impuestos.
En este caso el informe publicado por el COSEP, en junio, sobre las repercusiones empresariales del COVID nos ayuda a dimensionar la realidad de las empresas.
El primer dato abrumador es que el 7% de las empresas clausuraron sus operaciones y el 46% suspendieron parcialmente sus actividades. Es decir, el 53% paralizado o semiparalizado. Evidentemente, detrás de este porcentaje de empresas afectadas se encuentran miles de cabezas de familia, varones y mujeres, que perdieron su empleo y sus ingresos. Y las perspectivas son de un empeoramiento mayor, pues el 40% de las empresas consultadas manifestaron que tienen planeado despedir más trabajadores.
Los datos del estudio evidencian además el ciclo pernicioso que abate la economía del país: Para el 80% de las empresas el principal desafío es la caída de la demanda, o sea, de las ventas, y, consecuentemente, pérdida de ingresos. No puede extrañar entonces que, para el 64% de las empresas, esto es, para dos de cada tres empresas, el segundo desafío sea la falta de fondos suficientes para afrontar sus costos de operación y laborales. En estas condiciones, el pago de impuestos, los costos de energía eléctrica, comunicaciones y combustible, más los pagos al INATEC y al INSS, generan una condición de extrema vulnerabilidad.
Corresponde recordar, además, que a inicios del año pasado el gobierno descargó dos mazos sobre la economía de las familias y de las empresas: las reformas a la seguridad social y las reformas tributarias.
En resumen: a mayor desempleo, menor capacidad de compra de la población. A menor demanda, menores ventas. A menores ventas, menos ingresos para las empresas. Menores ingresos obligan a reducir costos, incluyendo despidos de personal. Y así se realimenta el ciclo.
Sobre esta dinámica el gobierno descarga su pesado y despiadado mazo.
¿En cuánto han caído los ingresos del Estado? No lo sabemos, pero la voracidad es un buen indicador.
Como decíamos al inicio. Estas medidas ahora vienen agravadas con la novedad de la dolarización. La exposición de motivos de las reformas a las tarifas migratorios incluye la siguiente frase, relativa a las tasas y multas: “… las fija en moneda dólar de los Estados Unidos de Norte América, pagaderas a su equivalente en córdoba utilizando el tipo de cambio oficial que publica el Banco Central de Nicaragua al momento de generarse el pago, al establecerse en esta moneda, se mantendrá el valor adquisitivo, sin tener que incrementar año con año las tasas”.
¿Qué significa lo anterior? Que el gobierno protegerá “el valor adquisitivo” de sus ingresos amparándose en el dólar. En cristiano: una ruda, pero transparente declaración de desconfianza sobre la solidez del córdoba. Ni siquiera le resultó suficiente el córdoba con mantenimiento de valor. Se fueron directamente al repudiado símbolo del capitalismo salvaje y del imperialismo, para aludir al recién desempolvado lenguaje del dictador.
Si el gobierno declara desconfiar de la moneda que está obligado a proteger ¿Qué señal envía a los agentes económicos?
Están enviando un mensaje con consecuencias potencialmente letales: ¿Por qué un ahorrista, grande o pequeño, va a mantener su cuenta en córdobas? ¿Por qué un comerciante, grande o pequeño, que necesita renovar sus inventarios, va a mantener sus precios en córdobas? …Y así por el estilo.
El problema es que las tarifas migratorias no son caso único. También están las vacunas y los exámenes de COVID, para citar lo más inmediato. Y si tomamos en cuenta el argumento del “valor adquisitivo”, es previsible que otras tasas y tarifas oficiales sigan el mismo camino.
El asunto central aquí es que mientras el abrió la carrera por la dolarización, la mayoría de los nicaragüenses perciben en córdobas sus cada vez más precarios ingresos.
En conclusión, la combinación de razones y sinrazones expuestas, solamente conduce a reafirmar la convicción de que mientras Ortega siga en el poder no podremos ver el sol claro ni las familias, ni las empresas, ni el país.
