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Qué sucederá con la política económica estadounidense con Biden

Si los republicanos conservan el control del Senado, Biden tal vez estará mejor posicionado para resistir presiones de la izquierda en ascenso

Foto: EFE/Shawn Thew/Archivo

Michael J. Boskin

26 de diciembre 2020

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El presidente electo de los Estados Unidos Joe Biden tiene una agenda de política económica muy diferente a la del presidente Donald Trump. Pero que pueda poner en práctica sus propuestas dependerá de tres factores: la composición final del Senado; la capacidad de Biden para aprender de aciertos y fracasos del pasado (en particular la debilidad histórica de la recuperación de la era Obama); y que la economía de los Estados Unidos pueda evitar un shock que le reste crecimiento.

Biden ganó con facilidad el voto popular en la elección de este año, y lo mismo que Trump en 2016, pequeñas pluralidades de votos en varios estados pendulares le entregaron una cómoda victoria en el Colegio Electoral. Pero los republicanos, pese a haber gastado mucho menos en la campaña, lograron avances sorprendentes en la Cámara de Representantes y en las legislaturas de los estados. Las encuestas de boca de urna muestran que las principales inquietudes de los votantes fueron la economía, el empleo y la pandemia de covid‑19. Incluso el electorado californiano se negó a reinstaurar la acción afirmativa o permitir una suba del impuesto a las propiedades de las empresas; de modo que la elección fue más una «onda roja» republicana que una «ola azul» demócrata.


Para obtener el control del Senado (con el voto de desempate de la vicepresidenta electa Kamala Harris) los demócratas necesitan ganar las dos segundas vueltas del 5 de enero en Georgia. Si no lo consiguen, la agenda de Biden se verá muy limitada, y tendrá que negociar con los senadores republicanos o de lo contrario gobernar con decretos e imposiciones regulatorias, como hicieron Obama y Trump.

Si los demócratas se imponen en las dos elecciones de Georgia, el senador por Nueva York Charles Schumer será líder de la mayoría. En tal caso, Schumer indicó que anulará la norma procedimental que permite trabar las sesiones con maniobras dilatorias («filibuster») y que en la práctica supone que para aprobar casi cualquier ley se necesite una supermayoría de 60 votos. Con ese cambio, los demócratas podrán aprobar cualquier política detrás de la cual puedan encolumnar a sus legisladores.

Por su parte, Biden quiere aumentar la alícuota del impuesto corporativo y subir los impuestos que pagan las personas de ingresos más altos (superiores a 400 000 dólares al año) y las pequeñas empresas por los conceptos renta, plusvalías, dividendos, bienes inmuebles y nómina. Incluidos los impuestos de los estados a la renta, el tipo impositivo marginal máximo del programa de Biden sería alrededor de 65% para los contribuyentes de mayores ingresos en California y la ciudad de Nueva York. Estados Unidos ya tuvo impuestos tan altos en un pasado remoto (con efectos discutidos sobre el crecimiento económico y la recaudación) pero alcanzaban a una proporción de la población mucho menor).

Además de medidas de estímulo a gran escala por la pandemia, Biden también planea sumar varios billones de dólares de gasto durante la próxima década para combatir el cambio climático, proveer un seguro médico estatal, invertir en infraestructura, etcétera. Esas propuestas implican varios billones de dólares más que se añadirán a una deuda nacional que incluso sin ese gasto adicional ya se calcula en 13 billones de dólares. Y esto, después de enormes déficits de las dos administraciones previas. Si bien por ahora la Reserva Federal de los Estados Unidos parece dispuesta a hacerle lugar a este gran aumento de la deuda, su actitud puede cambiar más adelante.

Con una economía que todavía está por debajo del pleno empleo, hay razones humanitarias para financiar con déficit algunas partidas de gasto selectivas. El problema es que casi cualquier paquete legislativo nuevo incluirá disposiciones de gasto adicionales, costosas y nocivas. Un buen ejemplo es la propuesta que busca no sólo ampliar el seguro de desempleo (algo con lo que estoy de acuerdo) sino también añadir un complemento de 600 dólares semanales a la prestación normal, con lo que dos de cada tres beneficiarios recibirán más de lo que ganarían trabajando.

Biden también propone un montón de regulaciones nuevas en muchos sectores de la economía (desde energía hasta atención de la salud) cuyos costos económicos pueden ser muy superiores a los beneficios. Respecto de las prácticas comerciales desleales de China, es probable que su enfoque sea más multilateral, ya que analizará unirse al sucesor del Acuerdo Transpacífico y reducirá los aranceles de la administración Trump; esto enviará señales de una visión más favorable al comercio internacional. Hay que ver si China responderá y cómo.

En el polarizado entorno político de los Estados Unidos, muchos piensan por acto reflejo que todas las políticas de la administración Obama funcionaron (o fracasaron) mientras que todas las políticas de Trump fracasaron (o fueron un éxito). Pero pensar así no ayuda a tomar decisiones sensatas. El débil crecimiento después de 2008 no es enteramente atribuible a las políticas de Obama, teniendo en cuenta que su gobierno heredó la peor crisis financiera desde la Gran Depresión. Pero la falta de crecimiento firme es prueba prima facie de que había margen para obtener mejores resultados (como yo predije en 2008).

Del mismo modo, Trump no puede atribuirse todo el mérito por las buenas cifras de crecimiento, un desempleo de las minorías históricamente bajo, el aumento de salarios en las franjas inferiores y unos mínimos históricos de pobreza antes del desastre de la covid‑19. Sin embargo, es evidente que tuvo algunos aciertos (por ejemplo la reforma del impuesto de sociedades y la eliminación de regulaciones).

De elaborar en forma detallada y llevar adelante la agenda de Biden se encargará su equipo económico, liderado por la expresidenta de la Reserva Federal Janet Yellen como secretaria del Tesoro, y con exasesores de Obama en otros puestos clave. En general, son figuras de ideas progresistas (pero no radicales) en materia regulatoria, fiscal y macroeconómica. Todas manifiestan una preocupación admirable por la población más desfavorecida y el medioambiente, pero tendrán que resistir el entusiasmo de sus colegas más ideologizados por propuestas que no pasarían ningún análisis serio de costo‑beneficio. Especialmente preocupante es la nominación de Neera Tanden, presidenta del izquierdista Center for American Progress, para un puesto que habitualmente ocupan personas con una visión escéptica en materia de gasto, déficit y regulación: la dirección de la Oficina de Gestión y Presupuesto.

En cualquier caso, es probable que la recuperación actual pierda vigor en las próximas semanas, como resultado de una nueva ronda de medidas de confinamiento. Pero con la llegada de la primavera y el verano a Estados Unidos, Biden puede contar con un fuerte empuje de las vacunas contra la covid‑19 y el posible gasto en «estímulo» adicional. Es tradición que los estadounidenses recurran a un Gobierno dividido para llevar el péndulo político hacia el centro. Si los republicanos conservan el control del Senado, Biden tal vez estará mejor posicionado para resistir presiones de la izquierda en ascenso, lo mismo que la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

Después de dos primeros años políticamente desastrosos, el presidente Bill Clinton trabajó con un Congreso bajo control republicano para equilibrar el presupuesto y reformar el sistema de prestaciones sociales. Es un modelo que Biden tal vez debería imitar, por el bien del país y por el de su propio legado.


*Este artículo fue publicado originalmente en Project Syndicate. Traducción: Esteban Flamini.

 


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