26 de enero 2024
AA
La urgencia de realizar un cambio político en Nicaragua, como resultado de la presión externa y la recuperación del espacio cívico nacional, va más allá de sacar a la dictadura Ortega-Murillo del poder.
La destrucción causada al país y los costos en tiempo y recursos que demandará la reconstrucción democrática, hacen de la movilización algo impostergable.
Primero, el control total de la sociedad que ha ejercido el régimen ha sido destructivo para el país. Segundo, el nivel de destrucción al que están llevando al país es tal que, de ocurrir un cambio en tres años, tomará más de cinco para empezar a recuperar la estabilidad democrática y económica en el país. Pero para entonces el mundo también habrá avanzado mucho más.
Tanto la comunidad internacional, como los grupos cívicos comprometidos con una transición democrática, y la disidencia del régimen que quiere ser parte de una solución nacional, tienen que asumir el reto de empezar a transformar Nicaragua ahora, porque de otra forma el desastre de hoy será un retraso irreversible mañana. Postergar la transformación de Nicaragua condenará al país a una nación fracasada y fallida.
El clan familiar y el círculo de poder tienen un control total sobre la sociedad. Este es un país en donde el pluralismo ya no existe; no hay sociedad civil legalmente existente, se han eliminado y confiscado escuelas universidades privadas, no hay libertad de asociación, está prohibida la libertad religiosa o cualquier otra forma de expresión. Políticamente no hay pluralidad de partidos, pesos y contrapesos institucionales, ni garantías a derechos civiles y políticos: en la calle un policía te detiene y revisa la información de tu celular. La libertad de empresa es un mito porque entre la amenaza a confiscarte o encarcelarte está la oferta de extorsión o eliminación del negocio. La Policía y el Ejército trabajan para el clan familiar y el clan familiar les retribuye con impunidad y prebendas económicas.
El régimen está provocando un efecto de asfixia sobre varios sectores sociales y económicos cuya existencia depende de la aprobación o el veto del clan familiar. Liberarse de la asfixia es un imperativo para la transición.
El totalitarismo ha dado lugar a un creciente debilitamiento de las bases políticas del FSLN y revela que el régimen no logrará sostenerse en el poder de manera permanente, y puede entrar en crisis y colapsar en tres años. La combinación de una continua presión internacional (política y material), la inercia económica que no genera riqueza, la gestión política de la oposición, y una masa crítica de disidentes dentro del régimen (arriesgándose en medio de purgas), apuntan hacia una salida política en torno a la crisis de sucesión dinástica de Ortega a Murillo antes de 2026.
Pero la transición política hacia un cambio de gobierno en Nicaragua por la vía electoral, sin Ortega y Murillo, demandará el retorno a la política del movimiento azul y blanco que surgió en las protestas de abril, el retorno de los exiliados y la participación grupos cívicos excluidos, y partidos, en una forma de concertación política.
Si bien llegar al poder es vital para asegurar una transición política, gobernar bajo una agenda de reconstrucción democrática y estabilización, es difícil de cumplir en cinco años y representa un desafío monumental ante la debacle heredada por la dictadura. El efecto destructivo sobre el pluralismo, la libre empresa, los derechos constitucionales, y el desarrollo humano trae secuelas que requerirán un trabajo arduo que durará, si se hace con éxito, más de diez años en recomponer al país.
Primero, restablecer la justicia sin impunidad y el pluralismo en Nicaragua es un esfuerzo material, humano y político. Lo político requiere de crear un andamiaje legal que no solo desmonte las estructuras totalitarias, pero que promete no repetición. Esto es un arreglo político que implicará acuerdos negociados en la transición para hacer de la justicia el pilar de la transición.
Reconstruir el tejido social de Nicaragua en el Estado y la sociedad civil, es una tarea de mediano plazo, y requiere reclutar los recursos humanos y los líderes ejecutores de temas sociales necesarios para ofrecer servicios y representación social en el país.
La mayoría de los directores ejecutivos de las cuatro mil oenegés cerradas se fueron del país debido a la persecución, y su retorno no garantiza que podrán retomar las cosas a como se dejaron, después de la destrucción. En lo material se requerirá financiamiento externo considerable, superior a lo que recibían las oenegés anteriormente ya que las pérdidas y el daño hecho por la ausencia de servicios durante más de tres años a la población reflejarán una necesidad de inversión bastante alta. Reconstruir solamente un tercio de las oenegés que fueron eliminadas es una inversión de al menos 500 millones de dólares por tres años.
La reconstrucción del tejido educativo resultado de las confiscaciones de universidades y colegios privados y del daño en la formación de más de cien mil jóvenes, y no incluye los 200 000 jóvenes que han emigrado y una fracción de los que quisieran volver, es un trabajo monumental. La reconstrucción del ecosistema de medios de comunicación independientes, confiscados y perseguidos que operan desde el exilio, es una tarea de largo plazo que demanda nuevas modalidades de inversión y una modalidad de transición gradual.
Segundo, el desarrollo de la libre empresa en Nicaragua requiere devolverle la confianza judicial que sus operaciones comerciales no serán usurpadas. Además, la inversión privada dependerá de la forma en que los pequeños empresarios puedan obtener préstamos adecuados, que el gran capital se sienta en posición de asumir el riesgo político de invertir en esta reconstrucción. Actualmente, el gran capital desconfía en el grupo cívico opositor, y de lograr éste gobernar, tomará mucho esfuerzo de construcción de confianza y negociación para que el despegue del crédito y la inversión.
El retraso económico de Nicaragua se refleja en el aumento de la economía informal y la caída de ingresos, pero también en la pérdida de un liderazgo modernizante necesario para adaptarse a la economía del conocimiento, economía digital e inteligencia artificial. Son palabras mayores en un momento en que las zonas francas mantienen un modesto nivel de producción con tecnologías de muy bajo nivel y poca competitividad y sin cadenas de valor nacional. La inversión en capital humano es vital porque el aprendizaje necesario para operar en la economía del siglo XXI en este momento está ausente en Nicaragua.
Tercero, reformar las políticas públicas pasando de una filosofía talibana a una democrática debe priorizar la inversión en capital humano por encima de obras públicas. Pero las fuentes de financiamiento son limitadas. La inversión pública en Nicaragua era de 1400 millones de dólares en 2023, y la mitad se dedicó a obras públicas desconectadas del capital humano. Reorientar el gasto y la inversión en educación y salud, en particular, requerirá aumentar el endeudamiento, pero éste está supeditado al endeudamiento ya existente (60% del PIB) y la capacidad de pago del servicio de la deuda (3% del PIB). Un aumento incremental de un 15% en gasto social no será suficiente para recuperar las pérdidas de más de cinco años de negligencia del estado. En este momento los nicaragüenses tienen una educación promedio de cinco años mientras la sociedad moderna tiene formación de catorce años.
Cuarto, la reconstrucción de un andamiaje institucional incluye la restauración de los pesos y contrapesos políticos, la revocación de las leyes de la dictadura y la introducción de marcos democráticos que incluya nuevas leyes de partidos políticos, elecciones, fomento al pluralismo, y la competencia económica, entre otros. El punto de partida es crear confianza mutua entre las fuerzas democráticas, los disidentes (que hayan apostado a darle la espalda a la dictadura), las élites económicas, la institucionalidad militar y la comunidad internacional acerca del modelo político a desarrollar. Esta confianza mutua incluirá implementar un programa de justicia sin impunidad y el retorno de los exilados y crear incentivos a una parte de los más de 800,000 que se fueron. Requerirá contar con un plan de integridad fiscal y financiera que corte de la raíz cualquier forma de corrupción que se estableció bajo esta captura de estado.
A tres años del 2026, el movimiento pro democracia tiene que asumir desde ahora no solo la tarea de promover una estrategia para salir de la dictadura durante su crisis de sucesión dinástica, sino también diseñar una estrategia de reconstrucción democrática de Nicaragua para enfrentar la devastación “el día después”.
