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Pantasma, o el zarpazo definitivo al autogobierno municipal

Como Zelaya y Somoza, Ortega liquida la autonomía municipal, pero la autonomía y el municipio renacerán

El asalto de las municipalidades de San Sebastián de Yalí, El Cuá y El Almendro del partido CxL se da 48 horas después de la toma de la comuna de Santa María de Pantasma

3 de julio 2022

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A medida que la dictadura ha sido cerrando las tenazas de su dominación, el municipio ha ido despareciendo de la esfera pública. Es una consecuencia lógica. Cualquier régimen autoritario que se precie de serlo necesariamente borra el municipio como espacio de autogobierno porque no está en su naturaleza parcelar el poder para compartirlo con pequeños gobernantes más cercanos a la población y sus problemas. Cada vez que un régimen autoritario ha pretendido clausurar el municipio ha cercenado su autonomía política. La usurpación manu militari de la alcaldía de Santa María de Pantasma es una muestra irrefutable de ello.

El municipio tiene tres componentes: territorio, población y Gobierno. Pero para que el Gobierno local gobierne necesita tener autonomía; de lo contrario sería simplemente una delegación administrativa del Gobierno central. A su vez la autonomía municipal consta de tres esferas: la administrativa, la financiera y la política. La historia de Nicaragua (y de otros países) ha mostrado que la esfera política es las más importante de las tres porque sin ella no hay autogobierno, que en esencia es la autonomía local. Sin autonomía política no hay autonomía de las municipalidades para decidir cómo se organiza la administración interna ni para gestionar los servicios, y menos para planificar el desarrollo local; tampoco hay autonomía para decidir qué hacer con los recursos financieros propios (recaudados y transferidos) del municipio. Sin autonomía, o sean sin autogobierno, el municipio es un territorio con una población que no decide nada porque le falta la tercera pata.


Zelaya eliminó de un plumazo las bases de su autonomía política en 1896, tres años después de subirla a los altares con la Libérrima de 1893. Somoza no tuvo asco de suprimirla en 1937 mediante un simple decreto que cancelaba las elecciones municipales. Ortega, poco amigo de las sutilezas, ha sido todavía más descarado: pese a no cambiar ni una coma de las leyes que consignan la autonomía local, la ha suprimido por la misma vía de hecho de sus pares. Si al inicio la sepultó a golpe de fraudes y de asfixia financiera, el sábado 2 de julio le clavó la última puñalada con el acto vulgar de la ocupación policial de la alcaldía de Pantasma a la vista de todos los pobladores de la ciudad.

¿Por qué recurrir a semejante barbarie institucional a tan solo cuatro meses de unas elecciones municipales en las que tiene todas las garantías de hacerse con las 153 alcaldías del país?

Se podría ensayar varias hipótesis por muy difícil que sea ponerse en las cabezas de una dictadura bicéfala.

Impaciencia por apropiarse del botín. En otras palabras, si se la van a robar mañana, mejor robársela cuanto antes posible. En vista de que unas elecciones, por muy contraladas que estén, siempre encierran algún grado de incertidumbre, es mejor despejar todas las dudas arrebatando por la vía de hecho esa pequeña cuota de gobierno que se les escapó hace cuatro años. Con este golpe (sí señores, esto sí que es golpismo) podrían estar mandando –al menos- dos mensajes: a los partidos colaboracionistas, dejarles claro que solo podrán medrar las migajas que le deje el dueño del circo; que se olviden de buscar parcelas propias. A la población no orteguista de los municipios, “olviden toda esperanza”, mejor abstenerse y resignarse a no tener gobiernos propios.

Tapar los casos de corrupción de otras alcaldías orteguistas. El caso del municipio de Rivas parece ser solo la punta del iceberg de la corrupción que campea a sus anchas en toda la administración del orteguismo según se deduce de las purgas periódicas que practican incluso con sus más fieles escuderos. Frente a los escándalos que ya no han sido capaces de tapar, y por miedo a que toda la porquería bajo la superficie salga a flote, lo mejor era castigar para aleccionar hacia el interior del partido y del Gobierno, y desviar la atención de la opinión pública hacia otros casos, enturbiando las aguas como hace el pulpo para escapar del peligro. Y sí, ciertamente, el robo, la bajeza empleada en contra de la alcaldía de Pantasma, es de tal calibre que provoca un escándalo aún mayor que las corruptelas patrocinadas por el FSLN.

Castigo al alcalde por las declaraciones a Esta Semana y Confidencial. Visto el antecedente de José Antonio Peraza, encarcelado por haber dado declaraciones a estos medios, lo más probable es que la usurpación de la alcaldía de Pantasma, sea un castigo en contra del alcalde Oscar Gadea por las declaraciones brindadas hace una semana. Esta reacción, típica de la dictadura orteguista, pretende que nadie en Nicaragua dé declaraciones a los medios de comunicación independientes. Es decir, ampliar a toda la sociedad la prohibición que ya impera sobre los funcionarios públicos de no hablar con los medios independientes. Este interdicto persigue completar el cierre total de Nicaragua, al más puro estilo de Corea del Norte, un agujero negro del que no salga nada, ni siquiera el pensamiento de sus habitantes.

Sin embargo, a pesar de lo chocante, lo grotesco y lo vulgar que exhibe esta última puñalada en contra de la autonomía municipal, la dictadura una vez más fracasará porque la autonomía emerge de la población, más aún de una sociedad como la de Pantasma que en los años 80 ya se levantó en contra de la barbarie y la violación generalizada de los derechos humanos por parte del FSLN y de Barquero, el infausto secretario político detestado por unanimidad.

Como ocurriera en otras ocasiones, la autonomía y el municipio renacerán cuando las sombras de la bajeza hayan desparecido. Entonces, como la cigarra, volverá a cantar, “después de un año bajo la tierra” y los pueblos de mi país volverán a celebrar su autogobierno.


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Silvio Prado

Politólogo y sociólogo nicaragüense, viviendo en España. Es municipalista e investigador en temas relacionados con participación ciudadana y sociedad civil.

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