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La elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte fue impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador con el argumento de acercar el Poder Judicial al pueblo, combatir la corrupción y democratizar una institución acusada de responder a intereses elitistas.
Su sucesora, la presidenta Claudia Sheinbaum, ha respaldado esta línea, asegurando que el nuevo sistema permitirá una justicia más transparente y legítima.
La reforma fue aprobada por el Congreso y validada por la Suprema Corte, pese a las múltiples advertencias de expertos nacionales e internacionales que cuestionaron su constitucionalidad y su impacto sobre la independencia judicial.
¿Puede el voto popular, por sí solo, garantizar una judicatura más ética, técnica y cercana a la ciudadanía? ¿O estamos ante una medida que, bajo el disfraz de participación, puede abrir las puertas a la politización y captura del Poder Judicial?
Qué se elige este domingo
Los ciudadanos mexicanos elegirán un total de 881 cargos judiciales a nivel nacional, distribuidos de la siguiente manera:
- 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
- 2 magistrados de la Sala Superior del TEPJF
- 15 magistrados de salas regionales del TEPJF
- 5 integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial
- 464 magistrados de circuito
- 386 jueces de distrito
Es un proceso gigantesco. Se imprimirán más de 600 millones de boletas, y se instalarán casi 84 000 casillas en todo el país. A ello se suma la complejidad de las papeletas, con cientos de nombres por circunscripción, lo que amenaza con generar confusión entre los votantes y afectar la legitimidad del resultado.
Riesgos y preocupaciones: independencia judicial, corrupción y crimen organizado
Las críticas a la reforma no se han hecho esperar. La más relevante, y grave, es la amenaza a la independencia judicial.
La elección por voto popular, sostienen organizaciones como México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) o el Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford, puede alinear la actuación de los jueces no con la Constitución, sino con la voluntad de las mayorías o los intereses de quienes financian las campañas.
Y es aquí donde se abre la puerta al riesgo de captura del sistema judicial por actores políticos, económicos o incluso criminales.
Ya se han denunciado varias candidaturas con vínculos preocupantes: desde exabogados de cárteles hasta exjueces sancionados por corrupción o violencia sexual.
Un informe del Observatorio Electoral Judicial identificó al menos 130 postulantes sin competencia, y sin contrincantes, con altas posibilidades de resultar electos.
En respuesta, la presidenta Sheinbaum pidió al Tribunal Electoral considerar la descalificación de candidatos ligados al narcotráfico, aunque el daño ya parece hecho: la opacidad del proceso de selección, y la débil fiscalización de perfiles, son fallas estructurales del nuevo sistema.
Debilidades en el diseño institucional y la implementación
El diseño mismo del proceso es cuestionable. Aunque los postulantes deben cumplir con requisitos básicos —título en derecho, buenas calificaciones, cartas de recomendación—, no existe un mecanismo transparente, independiente y riguroso de evaluación técnica. La selección depende de comités donde participan los tres poderes, pero con escaso control ciudadano o académico.
Además, las campañas se realizaron en condiciones muy restringidas: sin financiamiento público ni privado, sin acceso a tiempos oficiales en medios, sin posibilidad de contratar publicidad. En teoría, esto buscaba evitar la partidización; en la práctica, ha invisibilizado a los candidatos, debilitando el derecho ciudadano a un voto informado.
No sorprende, entonces, que las encuestas pronostiquen una participación inferior al 20%.
Según datos de Enkoll y Consulta Mitofsky, la mayoría de la ciudadanía no conoce la fecha de la elección ni a los candidatos, aunque dice estar de acuerdo con la necesidad de renovar el Poder Judicial.
Este desfase entre el respaldo general a la reforma y el desconocimiento del proceso es un indicador alarmante.
¿Una elección fundacional o un experimento de alto riesgo?
Estamos, sin duda, ante un proceso fundacional que marcará un antes y un después en la historia judicial de México. Pero su éxito no puede medirse únicamente por la celebración de elecciones, sino por la calidad institucional de las mismas y por los resultados que produzcan en términos de independencia, transparencia y acceso a la justicia.
El propio Instituto Nacional Electoral (INE), encargado de la organización del proceso, ha tenido que lidiar con un calendario apretado, reglas nuevas y complejas, y un entorno de escepticismo creciente.
Este domingo evaluaremos su capacidad para garantizar una jornada confiable, pacífica y ordenada.
Desde Radar Latam 360, estaremos observando de cerca el desarrollo de la jornada electoral, incluyendo la evaluación del INE, y participando el domingo en CNN y otros medios para analizar el desarrollo del proceso.
También, para que estés debidamente informado, seguiré compartiendo información sobre el desarrollo de estas elecciones judiciales que, más allá de México, ofrecen lecciones y advertencias para toda América Latina.
La pregunta de fondo que surge de este inédito proceso y que exige respuesta es: ¿Se consolida un nuevo paradigma de justicia democrática? ¿O se fragua un experimento institucional con consecuencias peligrosas para el Estado de derecho y la democracia en México?
