2 de julio 2016
AA
Mi reciente viaje a Nicaragua tomó dos meses de planificación, pero terminó en menos de 24 horas en el país. Mi plan de investigación y entrevistas fue transparente para los empresarios y funcionarios de gobierno en Nicaragua. Pero el gobierno de Nicaragua oficialmente me ordenó irme, después de haber completado solamente un día abreviado de entrevistas sobre el proyecto de canal interoceánico.
El proyecto del canal se sitúa en un complejo ambiente político y económico. Pero parece que el proyecto, al igual que mis esfuerzos por saber de él, ha sido suspendido sin ningún afán de explicación por parte del gobierno nicaragüense.
El vocero del Departamento de Estado de EE.UU., John Kirby, reconoció que Nicaragua a 3 tres oficiales del gobierno, incluyéndome a mí, el pasado cuatro de junio, diciendo que “Era innecesario e inconsistente con la agenda positiva y constructiva que hemos establecido con el gobierno de Nicaragua. Además, un tratamiento como este tiene el potencial de impactar negativamente la relaciones bilaterales EE.UU.-Nicaragua, particularmente el comercio.”
Viajé a Managua el 13 de junio para realizar una investigación académica por ocho días, entrando al país con un pasaporte oficial de los EE.UU., para completar un proyecto patrocinado por el Colegio de Guerra del Ejército de EEUU, y con el apoyo de mis colegas en la Embajada Americana de Managua. Abierta y transparentemente, coordiné y planeé entrevistas para mi viaje, con oficiales de gobierno tanto de Estados Unidos como de Nicaragua, y claramente presenté mi afiliación y propósito al entrar al país. Después de obtener permiso de mi propia institución para realizar el viaje y coordinarme con la Embajada en Managua, empecé a establecer contactos buscando entrevistas con altos funcionarios nicaragüenses, incluyendo a: el Embajador de Nicaragua en EE.UU., Francisco Campbell; el Consejero Presidencial para el Canal, Paul Oquist, y funcionarios en la oficina de la Presidencia. Durante las preguntas rutinarias en la cabina de migración del aeropuerto de Managua, le dije explícitamente al oficial que revisó mi pasaporte que era profesor del Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos, de visita en Managua por ocho días, para conducir entrevistas sobre el proyecto del Canal Interoceánico.
La expulsión
Menos de doce horas más tarde, a las 11:15 pm, hora local, oficiales nicaragüenses me visitaron en mi hotel y “me invitaron” a irme del país, informándome que no estaba autorizado a estar en el país realizando una investigación sobre el canal, un proyecto comercial supuestamente transparente.
Mis colegas nicaragüenses me aseguran que no existe ninguna ley en Nicaragua que le permita al gobierno expulsar a una persona del país por conducir abiertamente una investigación académica sobre un tema particular, después de haber sido admitido legalmente por autoridades competentes de migración. A como dijo la Embajadora de EE.UU., en Nicaragua, Laura Dogu, en una entrevista a Confidencial: “nos enfocamos en la importancia de la libertad de expresión…, y no creo que él (Ellis) estuviera haciendo algo diferente a cualquier otro académico en el mundo”.
Aunque mi visita fue truncada, si tuve la oportunidad de tener numerosos encuentros con colegas nicaragüenses, que me brindaron valiosa perspectiva sobre el proyecto, que no ha sido ampliamente reportado en la prensa de habla inglesa.
Confirmé que el proyecto mismo del canal no está progresando físicamente. En agosto de 2014, trabajadores chinos visitaron propiedades a lo largo de la ruta del canal, acompañados de policías y militares nicaragüenses; pero el gobierno no ha comprado tierra a lo largo de la ruta, ni ha comenzado la construcción de un puerto provisional en Brito, que debería estar sucediendo si el proyecto del canal estuviera avanzando.
También descubrí que la oposición al proyecto del canal es más amplia de lo que se reconoce fuera de Nicaragua, con 64 marchas involucrando a más de 400,000 opositores a la Ley del Canal, desde que la Ley No. 840 (la ley que autoriza la concesión a HKND) fuera aprobada hace tres años. Adicionalmente, hay más de 175,000 firmas en una petición para repeler la ley. La resistencia es particularmente fuerte en lugares como el municipio de Nueva Guinea, donde nunca ha habido una presencia estatal fuerte, y que fuera uno de los territorios que más apoyaron a los contras durante la guerra civil.
También descubrí aún más razones de las que tenía antes para cuestionar la viabilidad comercial del proyecto. Mis colegas confirmaron que la firma consultora financiera McKinsey&Co.,había realizado, realmente, al menos dos estudios sobre el proyecto. Nunca se publicaron los resultados del segundo estudio, que supuestamente expondría las bases financieras del proyecto, sugiriendo que no existe viabilidad económica para el canal que McKinsey esté dispuesta a respaldar.
Los secretos de Ortega y Wang Jing
También entendí cómo la mala fe, y la excesiva búsqueda del interés personal por parte de ambas partes, ha contribuido a los problemas del proyecto. El principal inversionista, el billonario chino Wang Jing, parece haber palanqueado el interés de sus contrapartes nicaragüenses por el poder personal y el enriquecimiento, para asegurarse un trato con más ventajas personales que las que él había anticipado. A como ha sido ampliamente reportado, la Ley 840 permite a la compañía de Wang Jing, HKND, desarrollar proyectos y ocupar tierras virtualmente en cualquier parte de Nicaragua (con la aprobación pro forma de su contraparte nicaragüense), si fuese considerado necesario para el canal, pagándole solo una compensación trivial al gobierno por el uso del canal durante sus primeros años de operación.
Es menos discutida, sin embargo, otra interpretación de la Ley 840. Si Wang Jing no pudiera construir el canal, tiene la opción de demandar al gobierno de Nicaragua en una corte internacional (Inglaterra) por todos los gastos incurridos en el desarrollo del proyecto - posiblemente hasta $200 o $300 millones de dólares. Si esta interpretación es correcta, Wang Jing jamás ha arriesgado su propio capital en el derroche de campañas publicitarias y estudios, sino más bien, el dinero del pueblo nicaragüense.
A como queda claro con mi propia expulsión, el gobierno de Nicaragua ha administrado el proyecto del canal detrás de un manto de secretividad, posiblemente con el fin de ocultar los beneficios personales que acumulan los involucrados en el lado nicaragüense. La falta de conocimiento de Wang Jing con los idiomas español e inglés, ha impedido su conexión con el pueblo nicaragüense, pero mis colegas aseguran que ha sido el liderazgo nicaragüense el que ha evitado que el público conozca los detalles del proyecto, controlando incluso el acceso de la prensa durante eventos oficiales.
Similarmente, alguna vez creí que la prestigiosa consultora McLarty y Asociados, basada en Washington DC, había terminado su relación con el gobierno de Nicaragua preocupados por su reputación. Mis colegas alegan que en realidad fueron los oficiales nicaragüenses los que sacaron a McLarty del proyecto, porque no querían un intermediario norteamericano entre ellos y Wang Jing.
En general, Wang Jing y el gobierno de Ortega parecen estar decepcionados el uno con el otro. A como notó un colega, Wang Jing fue manipulado para creer que Ortega podía entregar a Nicaragua como un país donde él podía hacer lo que quisiera para avanzar el proyecto. Los Ortegas pensaban que Wan Jing podía producir los copiosos fondos y numerosas compañías necesarias para convertir el canal en una realidad. Ambos parecen haber escarmentado, pero ahora están atrapados en un matrimonio que no pueden escapar fácilmente.
La sombra de la República Popular China
Al final, mi desagradable experiencia con el gobierno de Nicaragua profundiza mis preocupaciones de que el proyecto siga adelante como esfuerzo fundado y construido por el gobierno de la República Popular de China (RPC), complementado con lucrativas concesiones para amigos de la familia Ortega; o que colapse una vez que las elecciones de noviembre 2016 tengan lugar. Después de ese evento, el gobierno ya no necesitará la ilusión de que el proyecto avanza para evadir el costo político de reconocer su fracaso.
Con respecto al posible financiamiento de la RPC, irónicamente, las probabilidades de que eso suceda se ven incrementadas por las relaciones actuales de EE.UU., con el régimen de Ortega. Si la relación Taiwán-RPC se deteriora con el nuevo gobierno de Tsai-Ing-Wen, la RPC podría retomar su “guerra por reconocimiento diplomático” con Taiwán, suspendida desde el 2008, cuando los gobiernos previos de Taiwán buscaban un acomodamiento con Beijing. Si la RPC reinicia activamente el cortejo de países que alrededor del mundo reconocen a Taiwán para que cambien su posición, Nicaragua, que antes, brevemente, favoreció a la RPC durante el gobierno sandinista de 1979-1990, podría ser un buen candidato para cambiar su reconocimiento diplomático, de Taiwán a China una vez más, particularmente si al hacer esto, asegurara fondos chinos para el canal.
En el contexto de estos incentivos, o aún sin ellos, la percibida aquiescencia de los EE.UU., con las prácticas del régimen de Ortega podrían persuadir al liderazgo de la RPC de que EE.UU., aceptaría, con solo mínima resistencia, el establecimiento de una base estratégica para la RPC, y una presencia comercial expandida en Centroamérica, a través de la construcción del canal de Nicaragua.
Sin la mayoría de los fondos viniendo de China, atraer los $50 a $100 billones que el canal y sus proyectos asociados requerirían sería virtualmente impensable en el actual clima de Nicaragua. En general, los inversionistas solo hacen esas inversiones de gran escala, largo plazo, y bajo retorno, cuando tienen casi absoluta confianza en la estabilidad y transparencia del gobierno anfitrión. Si el gobierno anfitrión puede expulsar arbitrariamente y sin debido proceso a un académico legítimamente admitido en el país por preguntar sobre la comerciabilidad de un proyecto, lo inversionistas no pueden sentir seguridad para invertir billones de dólares en un proyecto de infraestructura que el gobierno puede expropiar con la misma facilidad.
Con esta reputación, tampoco es probable que Nicaragua atraiga a un número significativo de turistas. A como ilustra el desastre económico desarrollándose en Venezuela, una cultura de acciones gubernamentales arbitrarias eventualmente ahuyenta a las empresas productivas que sostienen al gobierno y alimentan al pueblo.
Tristemente, mi expulsión no fue la única manera en la que el régimen de Ortega perjudicó el clima de negocios ese día. Horas después de expulsarme del país, el gobierno también desterró a otros dos oficiales que estaban ahí para revisar protocolos de seguridad en negocios nicaragüenses, para que pudieran exportar a EE.UU., con más facilidad. Al igual que en mi caso, esa acción solo contribuirá a empobrecer aún más al pueblo nicaragüense, y finalmente erosionará la base de apoyo que mantiene al gobierno en el poder.
Investigar conductas criminales
Más allá del daño que el régimen de Ortega hace al desarrollo y prosperidad de su propio pueblo, la audacia de la expulsión de tres ciudadanos estadounidenses, que permanecían legítimamente en el país, trabajando en asuntos oficiales del gobierno de EE.UU., sugiere que no está funcionando la estrategia norteamericana de comunicación respetuosa con el régimen. Los intentos por minimizar los abusos del gobierno nicaragüense solo lo envalentonan más, y ponen en tela de duda la resolución norteamericana de desmotivar al régimen sandinista en sus esfuerzos por ocultar su naturaleza represiva, y la conducta criminal, posiblemente generalizada, de sus líderes.
Mientras los votantes nicaragüenses se preparan para ir a las urnas en noviembre, el gobierno de los EE.UU., tiene tanto el derecho como la obligación moral de trabajar con grupos de sociedad civil para promover el avance de la democracia efectiva, con el mismo entusiasmo que aplica a interactuar con grupos de sociedad civil que denuncian las prácticas de gobiernos que no pertenecen al ALBA, como Honduras y Guatemala.
Como parte de un esfuerzo norteamericano más amplio por promover la institucionalidad democrática, el respeto a la ley y los derechos humanos en la región, es en el interés estratégico de los EEUU., retomar una posición de principios frente a la erosión del respeto a las prácticas democráticas en el gobierno de Nicaragua, así como las serias acusaciones sobre las actividades criminales de sus líderes.
Con respeto a las acusaciones creíbles de conducta criminal, los EE.UU., deben estar claros de que sus propias agencias de aplicación de la ley, así como otras agencias internacionales, deben monitorear estas actividades. Aquellos conectados con el crimen organizado transnacional, o que se enriquecen a costa del pueblo 0nicaragüense, no escaparán de la justicia para vivir de sus malhabidas riquezas una vez que abandonen el gobierno.
Los EE.UU., también deberían trabajar con aliados en la región para imponerle costos al liderazgo sandinista por las acciones que socavan la democracia en el país, tales como negar la presencia de observadores del gobierno de EE.UU., y el Centro Carter en las elecciones de noviembre 2016. Es ahora el momento para prevenir que Nicaragua degenere en otro régimen autoritario al estilo de Venezuela, antes de que las organizaciones de sociedad civil queden anuladas, y antes de que las instituciones de gobierno queden completamente al servicio de los sandinistas.
Más allá de la cuestión de la democracia en Nicaragua, los EE.UU., deberían trabajar más activamente con vecinos como Costa Rica, incluyendo la extensión de mecanismos de seguridad, cuando acciones nicaragüenses como la compra de tanques rusos T-72 le dan a sus vecinos motivos para sentirse inseguros. Los EE.UU., necesitan monitorear de cerca la construcción del centro de entrenamiento de inteligencia y seguridad ¨Mariscal Zhukov¨, financiada y ejecutada por Rusia, incluyendo la colaboración con países de la región para enviar personal ahí, para asegurar que el centro no sea usado para actividades que vayan más allá del legítimo entrenamiento de personal de seguridad.
Finalmente, si el gobierno de Nicaragua sigue adelante con la construcción de un canal financiado por la RPC, los EE.UU., debería trabajar con Europa, y otros interesados a nivel global, para insistir en fiscalización y transparencia, un compromiso legal con la neutralidad estricta en cuanto a acceso a la vía marítima priorizando tarifas de uso, y una mesa internacional de fiscalización. Si la RPC financia y construye el canal sin esas medidas internacionales, los EE.UU., y demás interesados deben prepararse para verlo como un acto económicamente hostil.
Mi breve viaje a Nicaragua me dejó profundamente conmovido por el espíritu de su pueblo, aunque pasmado por la audacia de su gobierno. Me dejó más consciente ante la importancia del imperio de la ley, protegiendo a los ciudadanos de las acciones arbitrarias de sus gobernantes y grupos privilegiados. Y me dejó con deseos de regresar algún día, bajo un régimen en que los académicos y hombres de negocios puedan, por igual, estar más seguros sobre sus derechos individuales e inversiones, tenga o no el país un canal interoceánico.
*Evan Ellis es profesor de Estudios Latinoamericanos en el Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército de EE.UU. Este texto se publicó en el sitio web www.latinamericagoesglobal.org y se reproduce con autorización del autor.
