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Los dilemas de la izquierda ante el Gobierno de Nicaragua

La izquierda tiene que optar entre ser injerencista o permanecer “neutral” ante un gobierno que no duda en matar a sus oponentes

No queda utopía de izquierda en América Latina

Manuel Iglesia-Caruncho

21 de enero 2021

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El 21 de diciembre pasado, el Congreso de los diputados en España aprobó una “Proposición no de ley” (PNL) presentada por el Partido Popular -aunque el texto consensuado contó con enmiendas del PSOE- que condenaba la represión de los disidentes y la violación de los derechos humanos (DDHH) en Nicaragua. El texto, que obtuvo los votos de todos los grupos parlamentarios excepto el de Unidas Podemos, habla de exigir al gobierno de Daniel Ortega el fin de la represión y la puesta en libertad de los opositores encarcelados; pide también que la Unión Europea presione a Ortega con el fin de que las elecciones previstas en Nicaragua en noviembre de este año sean limpias y transparentes; y recoge, en fin, la necesidad de que, como forma de presión efectiva, se impongan sanciones a los responsables de las violaciones de los derechos humanos.

Unidas Podemos (UP) dio dos razones para explicar su voto en contra: por un lado, que el Partido Popular (PP) carece de credibilidad cuando habla de derechos humanos en América Latina, siendo buena muestra de ello el hecho de que nunca condena las violaciones que se producen en países de la región con gobiernos conservadores, como Chile, Colombia o Brasil; por otro, que son contrarios a las sanciones, que España no debe ser “injerencista” y que, más bien, debe apoyar una solución negociada entre el gobierno y la oposición y, con la cooperación al desarrollo, ayudar a la sociedad civil nicaragüense.


¿Quién tiene razón? Para responder, necesitamos contestar antes otras preguntas. La primera tiene que ver con el carácter del gobierno de Nicaragua: ¿es acaso, el de Ortega, un gobierno progresista atacado por fuerzas conservadoras al que la izquierda debe defender? Si la respuesta es positiva, la decisión de UP sería acertada. Pero si es negativa, y realmente el gobierno de Nicaragua supone una amenaza para su pueblo, entonces habría que hacerse estas otras dos preguntas: ¿Debe involucrarse la comunidad internacional en forzar cambios políticos que garanticen elecciones limpias y restauren los socavados derechos humanos en Nicaragua? Y, ¿cuál es la mejor manera de apoyar a la población de un país contra un gobierno dictatorial?

Así que, Ortega, digno maestro de Maquiavelo, ha sido capaz de gobernar con calculada ambivalencia: por un lado, los fondos venezolanos le dieron para poner en marcha programas sociales, como “Hambre cero”, acompañados de la retórica revolucionaria, la de gobernar para los pobres, y un discurso antiimperialista, sandinista y socialista. Por otro, garantizó el predominio de un modelo neoliberal clásico ganándose a los empresarios y sin descuidar su propia fortuna. Hoy, los intereses de la familia Ortega-Murillo se distribuyen por variados sectores de la economía, como la energía, la distribución de petróleo, la banca y los medios de comunicación, incluyendo cuatro canales televisivos que la familia controla directamente. En el único terreno donde el astuto Ortega no ha mostrado dobleces es en la represión: siempre que ha habido protestas, fueron brutalmente reprimidas.

Levantamientos de abril 2018

Por si todavía caben dudas sobre el personaje y su gobierno, quedan bien despejadas con su respuesta brutal a los levantamientos populares del 18 de abril de 2018 y a los encierros de los estudiantes, cuando utilizó la represión de la policía y los paramilitares. Todas las instituciones especializadas en derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Human Rights Watch o Amnistía Internacional, denunciaron aquella barbarie. Justo después de las protestas, provocadas por una subida de las cotizaciones sociales y una reducción de las pensiones y, sobre todo, por el hartazgo de la ciudadanía después de 11 años de presidencia de Ortega, la CIDH recogió en un informe “(…) prácticas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes; detenciones ilegales, censura y ataques contra la prensa y otras formas de amedrentamiento, como amenazas, hostigamientos y persecuciones dirigidas a disolver las protestas y a inhibir la participación ciudadana”. Meses más tarde, se superarían las 300 muertes por los crímenes del gobierno y, en estos momentos, cerca de cien mil personas se encuentran en el exilio.

Pero hay más: Ortega anuló la personalidad jurídica a las organizaciones nicaragüenses dedicadas a los derechos humanos, como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), allanó sus oficinas y confiscó sus bienes, y también los de varios medios de comunicación independientes, como “Confidencial” y el “Canal 100% Noticias”. Y expulsó del país a los organismos enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con la misión de testimoniar lo que sucedía y hacer recomendaciones para atender a las víctimas.

Así que, la respuesta categórica a la primera pregunta es: ni el gobierno de Ortega es progresista, ni ha sido acosado por fuerzas conservadoras. El régimen orteguista provocó un levantamiento popular espontáneo y pacífico y lo reprimió brutalmente. Qué después la CIA haya apoyado las protestas no es imposible, aunque si improbable, ya que Ortega se entendía muy bien con EEUU, cuidando sus inversiones y garantizando el control de los movimientos migratorios y el narcotráfico.

¿Debería involucrarse más activamente la comunidad internacional  en forzar cambios en Nicaragua?

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Nadie en su sano juicio puede confiar en que el astuto Ortega no amañará las elecciones previstas en Nicaragua para este año. De entrada, el Parlamento de Nicaragua por él controlado ha aprobado algunas leyes que buscan garantizar el resultado electoral en su favor. Una, la “Ley de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz” establece los que lesionen los intereses supremos de la nación, recibirán el título de “Traidores de la Patria”, por lo que no podrán optar a cargos de elección popular”. Con esa redacción imprecisa, los tribunales de justicia, también controlados por Ortega, podrán decidir a qué parte de la oposición política dejarán fuera del proceso electoral. Ortega tratará por todos los medios de dividir a la oposición y de conseguir que una parte participe en las elecciones, por amañadas que estén, para dotarlas de legitimidad. Esta y otras leyes le serán de gran utilidad para ese propósito.

Presos políticos

Por si las trabas que enfrentará la oposición fueran pocas, permanecen en prisión más de un centenar de presos políticos y docenas de miles de exiliados no podrán jugar ningún papel en la contienda electoral. Y eso no es todo: la prohibición de las protestas y la detención de opositores continúa, como denunció Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos,en septiembre de 2020; y la impunidad para quienes los violan, también. Pensar que Ortega permitirá elecciones limpias es como confiar en que un lobo hambriento no se comerá ninguna oveja si entra en un redil.

La única posibilidad de que Ortega se avenga a razones es que enfrente una fuerte presión interna y que ésta sea apoyada por la comunidad internacional. Ahora bien, ¿cómo ejercer esa presión desde fuera? El mejor camino para no perjudicar al conjunto de la población es el de las sanciones individuales a los responsables del régimen, sanciones que les impiden entrar en otros países o mantener cuentas o realizar negocios en el exterior.  EE UU comenzó a aplicarlas al círculo más cercano a Ortega con la “Ley Magnitsky”; y la Unión Europea también se ha decantado por esta opción.

La cooperación

Las sanciones individuales no están reñidas con la visión de UP de reforzar la cooperación con Nicaragua. La comunidad internacional, además de colaborar con las organizaciones humanitarias y de derechos humanos que intentan trabajar en Nicaragua, debe mantener y reforzar la cooperación al desarrollo de ese país siempre que el régimen de Ortega no la instrumentalice para sus propios objetivos. Para ello, es necesario que las diferentes instituciones que cooperan con este país -sean gobiernos nacionales, autonómicos, locales, universidades u ONG- refuercen al máximo sus controles y garanticen que la ayuda llega realmente al pueblo nicaragüense.

En suma, Nicaragua es un país regido por una pareja dictatorial -Ortega y su mujer y vicepresidenta Rosario Murillo-, enriquecida y codiciosa, que lleva 14 años ininterrumpidos en el poder y que ha desatado una masacre, con más de 300 muertos, contra un pueblo que se había manifestado pacíficamente en su contra. Una pareja dispuesta a amañar las elecciones y que sigue persiguiendo a sus opositores. América Latina, la Unión Europea y EEUU, deben apoyar las presiones internas para que las elecciones sean limpias y transparentes. La PNL aprobada en el Parlamento español, que insta a la UE a aplicar sanciones unipersonales para castigar a los responsables de violar los derechos humanos, es proporcionada y no está reñida con la cooperación internacional que necesita Nicaragua.

Cierto que una de las razones esgrimida por UP para no firmar junto al PP es de peso: este partido nunca se ha caracterizado por la defensa de los derechos humanos cuando son violentados por gobiernos conservadores. Pero UP podría haber considerado el caso de Nicaragua como excepcional -y ojalá lo haga en el futuro-. Al igual que en fiestas señaladas una persona accede a compartir mesa con un cuñado o cuñada detestables para conseguir un bien superior -el contento de una madre, de un hermano o de una pareja-, UP podría juntar su firma a la del PP para apoyar un bien superior: la libertad del pueblo de Nicaragua. Al cabo, si Ortega se libra de las sanciones internacionales, no habrá elecciones libres. Todo un dilema para una izquierda que no quiere ser injerencista pero que corre el riesgo de permanecer “neutral” en un conflicto entre un gobierno que no duda en silenciar y en matar a sus oponentes, y la población que lo tiene que sufrir todos los días.

*Fragmento del texto original publicado en mundiario.com


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Manuel Iglesia-Caruncho

Manuel Iglesia-Caruncho

Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid. Trabajó en distintos puestos en la Agencia Española de Cooperación Internacional y en la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional en Madrid y durante casi quince años en Nicaragua, Honduras, Cuba y Uruguay.

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