30 de junio 2020
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La semana antepasada, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que dos de las iniciativas del presidente Trump no se podían implementar porque violaban la ley.
Uno de los dictámenes fue sobre la discriminación a la comunidad LGBTQ. El magistrado conservador Neil Gorsuch, nominado por Trump para la Corte Suprema, dijo que una lectura estricta de la ley protegía a las minorías contra la discriminación. La ley dice que a todos se les debe tratar con igualdad, independientemente de su raza, sexo, religión, lugar de nacimiento o género. Al día siguiente de ese dictamen, Trump dijo que tenía que aceptar la decisión, “tenemos que vivir con ella”.
El segundo dictamen fue sobre el programa DACA, que protege a los indocumentados que, traídos por sus padres, entraron al país cuando eran niños. En ese caso, la Corte Suprema dijo que hay procedimientos para terminar con ese programa, pero que la administración de Trump no siguió esos procedimientos, por lo tanto no podía terminar con el programa de esa manera. Trump dijo que va seguir las instrucciones de la Corte.
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En Twitter también dijo que era necesario tener nuevos magistrados. Pero eso solo lo puede decir, no lo puede hacer.
Trump no puede correr a ningún magistrado de la Corte Suprema, no puede hacerles una llamada para que voten a su favor. La justicia en el sistema democrático-republicano no está en manos de los políticos ni de las turbas reales o virtuales. Los jueces son libres para votar de acuerdo a lo que dice la ley y a lo que les dicta su conciencia. Los creadores de este modelo de gobierno creían que era más probable que se hiciera justicia en ese sistema que en uno manipulado por los políticos o activistas. El hecho de que los políticos no puedan deshacerse de los jueces contribuye a que eso sea posible.
Por eso es que son importantes las instituciones.
En el caso de las manifestaciones a raíz de la muerte de George Floyd, Trump hubiera querido imponer orden por la fuerza pero la policía no está bajo su mando, está en manos de los alcaldes y los gobernadores. El jefe de la policía de Houston, el cubano americano Art Acevedo, habló contra Trump y puede hacerlo libremente. No hay prensa oficial que lo silencie; Trump no lo puede despedir.
La gente se puede manifestar libremente porque es un derecho inalienable. Los manifestantes no están tratando de derrocar al sistema occidental, si por éste entendemos el sistema liberal y democrático. En realidad, todos los involucrados están reafirmándolo.
Las autoridades se han manejado con cordura. No hay turbas que les impidan manifestarse. ¿A cuántos ha matado la policía por manifestarse? Ha habido libertad de manifestación y de expresión. La única pregunta es si van a hacer los cambios necesarios para resolver el problema.
Las protestas han sido, en su gran mayoría, pacíficas. Ha habido incidentes de violencia en algunos lugares pero esa es la excepción en este país enorme de 333 millones de habitantes. Algunos tienden a exagerar esos eventos y a minimizar las grandes manifestaciones pacíficas y sus objetivos. Las demandas justas de la mayoría deben ser resueltas; de los actos de vandalismo se van a encargar la policía y las cortes.
La mayoría de los manifestantes ni siquiera están tratando de derrocar al gobierno de Trump, ni a los gobernadores de los estados, ni a los alcaldes. Para eso existen instituciones, ya vendrán las elecciones. No están destruyendo el sistema republicano ni la república está a punto de caer.
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La mayoría está tratando de perfeccionar la democracia al luchar para que a todo mundo, independientemente de su raza y clase, se le trate como a un ser humano: que se le respete la vida y se le trate con igualdad. Como hay racismo en las fuerzas policiales, la lucha actual es fundamentalmente contra la violencia policial hacia la población afroamericana, pero de esta lucha también se van a beneficiar otros grupos minoritarios y los blancos pobres, que también son víctimas de ella.
Las instituciones siguen de pie a pesar de la pandemia del covid-19. Aunque Trump una vez dijo que el presidente tenía “toda la autoridad” para cerrar el país, los gobernadores le recordaron que la autoridad era de ellos, no del presidente. El presidente de Estados Unidos no puede imponer un estado de sitio.
Ahora el presidente dice que va a reducir el testeo para que haya menos casos de covid-19, pero lo único que puede hacer es cortar los fondos que asigna el gobierno Federal para esos test. Los hospitales, los gobernadores, los alcaldes, y la empresa privada pueden seguir haciendo test. Él no puede hacer nada contra eso. Las instituciones del país van a hacer lo que consideren conveniente para sus votantes y clientes.
Así funciona un sistema con instituciones.
Los diputados o senadores se pueden oponer al presidente, aunque el presidente sea del mismo partido. El senador Mitt Romney, que fue candidato del mismo partido de Trump contra Obama en las elecciones de 2012, votó contra Trump en el proceso de destitución de éste. ¿Qué puede hacer el presidente contra Romney? No puede destituirlo. El puesto de senador o diputado no depende del presidente ni del partido, depende de los votantes. El presidente podría hacer campaña contra Romney en las próximas elecciones, pero eso es casi todo lo que puede hacer contra él.
De los políticos se encarga el sistema electoral. Por ejemplo, hacer elecciones de presidente cada cuatro años está en la Constitución. El presidente se tiene que presentar a ser evaluado por el electorado y él no controla el sistema electoral. Éste está en manos de los estados.
Obviamente, las instituciones no son perfectas. Muchos tratan de sacarle ventajas a las debilidades de las instituciones de Estados Unidos. Una de estas debilidades es que existe un sistema arcaico de elecciones, que viene de cuando los estados se juntaron para hacer los Estados Unidos, de cuando todavía no eran una nación. En ese sistema, cada estado tiene asignada una cantidad de delegados, que son los que eligen al presidente. El presidente no se elige por el voto de la mayoría. Trump puede ganar las elecciones otra vez aunque la mayoría de los estadounidenses vote contra él.
También las puede perder. Si el covid-19 no cambia la dinámica de las elecciones, otra debilidad del sistema va a quedar en evidencia. La noche del día de las elecciones el perdedor tiene que aceptar su derrota para que éstas concluyan. Y existe la posibilidad de que esa noche, Trump no las conceda. Entonces, las instituciones se harán cargo del proceso. Los estados van a certificar las elecciones, mandarán a sus delegados a la reunión del Colegio Electoral en diciembre y estos votarán. Si es necesario, las cortes de justicia van a intervenir.
Al hablar de instituciones es importante reconocer que la institucionalidad no lo es todo, también el sistema debe ser equitativo y justo. Si las instituciones no logran esos objetivos, no hay que ser ritualistas y aferrarse a ellas, hay que repensarlas y rediseñarlas porque ellas no deben ser el fin, sino el medio para lograr justicia y equidad.
La humanidad ha luchado constantemente para controlar a los poderosos, para defenderse de sus arbitrariedades. Para eso ha creado instituciones que, además de hacer eso, promueven la justicia, la paz y el desarrollo. Esta sigue y seguirá siendo la lucha de la humanidad y es la tarea más urgente de Nicaragua.
*El autor es sociólogo.
