Lecciones de las comisiones anticorrupción en C.A.

Si el recién juramentado presidente de El Salvador, Nayib Bukele, continúa su llamado de campaña para la creación de una comisión internacional híbrida que combata la corrupción y fortalezca las instituciones judiciales, podría enfrentar obstáculos ante intereses arraigados en el país. Sin embargo, la experiencia vista en CICIG en Guatemala y MACCIH en Honduras demuestra que un mandato sólido para la investigación, una colaboración cercana junto a fiscales nacionales capacitados, un respaldo internacional firme y una rendición de cuentas transparente incrementarán las posibilidades de éxito para cualquier misión de esa índole (vea la investigación completa aquí). CICIG y MACCIH nacieron de crisis políticas, pero les fueron asignados distintos liderazgos, expectativas diferentes y emitieron resultados distintos.

Ambas misiones han alcanzado históricos logros fiscalizadores y procesales, llevando a funcionarios anteriores y actuales a rendir cuentas como nunca antes, advirtiendo a poderosas élites que no habrá tolerancia ante la impunidad. CICIG ha desmantelado redes de corrupción, exponiendo su alcance en el Congreso y en el gabinete y procesando a cientos de acusados. MACCIH ha respaldado acusaciones contra docenas de legisladores y una exprimera dama. A través de una labor junto a unidades especializadas de fiscales, también han contribuido a desarrollar la capacidad institucional para erradicar la corrupción.

Tanto CICIG como MACCIH han luchado contra las tácticas de presión de muchos funcionarios señalados por corrupción, legisladores e intereses económicos que se ven amenazados por ambas misiones internacionales. A diferencia de Guatemala, donde CICIG tuvo un rol fundamental para la aprobación de varios proyectos de ley que sirvieron de base para investigar de manera efectiva al crimen organizado, el Congreso hondureño se opuso a la aprobación de esa legislación. Los órganos legislativos en ambos países han hecho reformas de ley específicamente para invalidar acusaciones (incluyendo aquellas en su contra) que han sido propuestas por los mecanismos internacionales anticorrupción. La corrupción entre jueces, especialmente en Honduras, ha hecho extremadamente difícil la consecución de casos potencialmente exitosos para efectuar condenas.

Luego de que CICIG desplazó su visión más allá de los políticos, para dirigirse a poderosos empresarios hace pocos años, las élites guatemaltecas lanzaron una campaña de desprestigio contra CICIG, alegando que se trataba de una intromisión a la soberanía y un complot socialista. Ambas comisiones han enfrentado desafíos constitucionales.

Las lecciones clave tras la experiencia en CICIG y en MACCIH incluyen:

• Las expectativas realistas son fundamentales. Las negociaciones jurídicas y diplomáticas, y la logística necesaria para instalar unidades híbridas que acoplaran investigadores locales e internacionales, ralentizaron el inicio de las acciones en ambas entidades. Tomó más de dos años para que CICIG pudiese asegurar sus primeras condenas, mientras las investigaciones de MACCIH solo han llevado a concretar 12 casos. Sin embargo, se trata de grandes redes de corrupción. La atención de muchos hondureños dirigida a derrocar al presidente Juan Orlando Hernández ha opacado algunos de los casos más importantes propuestos por la comisión y por sus colaboradores locales.
• Las misiones contra la impunidad pueden desafiar a los sistemas de poder político y económico más allá de los procesos judiciales. A pesar del carácter técnico y jurídico de ambas misiones, ambas han revelado en detalle cómo las organizaciones delictivas interactúan con partidos políticos, funcionarios electos o designados y funcionarios de seguridad actuales y anteriores. Las misiones también han precisado cómo algunos legisladores reciben financiamiento electoral ilícito y cómo gastan recursos públicos de manera fraudulenta. En consecuencia, los mecanismos han impuesto un cambio a las prácticas corruptas que se han efectuado por décadas. En Guatemala, las persecuciones han podido desmantelar redes de corrupción que involucran a ministros del gabinete, oficiales militares y líderes empresariales, así como a un expresidente y su vicepresidenta, modificando el perfil político de los partidos, y debilitando la capacidad operativa de estructuras élite corruptas.
• Las alianzas firmes con unidades fiscalizadoras nacionales y con la sociedad civil son cruciales para el éxito y la sostenibilidad. CICIG y MACCIH no podrían haber llevado a cabo sus funciones sin la estrecha cooperación de unidades fiscalizadoras que fueron cuidadosamente seleccionadas y examinadas. Dichas unidades, en especial la UFECIC en Honduras, ejecutaron una buena parte de las investigaciones y condujeron hacia acusaciones en ambos países. El legado de las misiones híbridas yace en el futuro de esos profesionales capacitados y de las expectativas de una sociedad que exige a funcionarios públicos tener un comportamiento intachable. Ambas misiones han generado una mayor percepción de que políticos de alto nivel, funcionarios y élites pueden ir a la cárcel por corrupción y por delitos del crimen organizado. Sin embargo, estas misiones no han prestado atención ni informado tanto a la sociedad como la sociedad civil lo ha hecho. Tanto estas experiencias como el muy probable fin de ambas comisiones demuestran que la sociedad civil es vital para educar a la sociedad sobre la importancia y la viabilidad de una gobernabilidad responsable, y para exigirla a los políticos y al sistema judicial.
• El patrocinio internacional tiene tanto beneficios como desafíos. Los vínculos con Naciones Unidas (para instalar a CICIG) y con la OEA (para fundar MACCIH) trajeron una valiosa legitimidad política, capacidad técnica y recursos necesarios. No obstante, también ha presentado obstáculos. En el caso de MACCIH, se observó una politización y atraso de los nombramientos, asignación cuestionable de los recursos, y supervisión diaria excesiva de Washington, sin mencionar que las disputas y una interferencia indebida por parte de Estados miembro específicos socavaron el desempeño y la credibilidad. Fue el estatus de CICIG como un órgano que no pertenecía a las Naciones Unidas lo que dio al jefe de la comisión la independencia necesaria para hacerse cargo de grandes casos e ignorar consideraciones políticas. Pero la falta de rendición de cuentas por parte de quienes han sido señalados ha contribuido al aislamiento de muchos sectores de tal manera que ha dejado a CICIG en una posición políticamente vulnerable. El vacilante respaldo de Estados Unidos a CICIG desde 2017 envalentonó a los críticos de la comisión internacional.

Las experiencias de CICIG y MACCIH demuestran que, pese a los altibajos, las comisiones internacionales pueden ayudar a la sociedad en la lucha anticorrupción. En Guatemala y Honduras, estas comisiones alcanzaron más logros de los que los observadores pudieron predecir en sus inicios, a fuerza de visión y disciplina de sus líderes y patrocinadores, así como mediante el trabajo de valientes funcionarios locales y de grupos de la sociedad civil que frecuentemente arriesgaron sus vidas y sus medios de subsistencia. Asimismo, su desempeño ha demostrado que la sostenibilidad de la comisión requiere tiempo, comunicación y una sólida alianza con fiscales nacionales. El reto principal ahora lo representan funcionarios y empresas corruptas que se han vuelto hábiles para bloquear las investigaciones, los enjuiciamientos y las condenas.

Crear la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) puede ser más difícil ahora que antes de que CICIG y MACCIH anotaran sus victorias. Sin embargo, el presidente Bukele tiene una oportunidad histórica para presionar a los dos principales pero debilitados partidos en el país, Arena y FMLN, para la aprobación de una comisión firme que se adapte a las necesidades particulares de El Salvador. Expertos que asesoraban al expresidente Mauricio Funes (él mismo, ahora, irónicamente se encuentra prófugo por presunta corrupción) concluyeron en 2010 que la Constitución de El Salvador provee un fundamento para la creación de una comisión internacional con capacidades de investigación lo suficientemente sólidas como para tener impacto. Las comisiones en Guatemala y Honduras evidencian que una misión competente y un respaldo internacional y local significativo pueden apoyar al sistema judicial salvadoreño para reducir la corrupción y la impunidad. Estos esfuerzos pueden, al mismo tiempo, tener resultados equiparables  al exponer con lujo de detalle, y posiblemente reformar, sistemas excluyentes de representación política.

Publicado en Factum, de El Salvador.

*Chuck Call es profesor de Pacificación Internacional y Resolución de Conflictos en American University, donde dirige elproyecto del Centro de Estudios Latinoamericanos que analiza la MACCIH y los esfuerzos anticorrupción en Honduras. Esta columna fue publicada originalmente en inglés en el sitio del Centro de Estudios Latinoamericanos de American University y se reproduce con autorización.