20 de abril 2024
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Abril de 2018 nos hizo comprender que Daniel Ortega y Rosario Murillo tenían el proyecto de perpetuarse en el poder indefinidamente, lo cual venían desarrollando gradualmente desde su regreso al poder en 2007. También nos quedó claro que estaban dispuestos a todo para concretarlo y que la “operación limpieza” que ahogó en sangre las protestas iniciadas en abril, fue el anuncio de que entrábamos en una fase de aceleración del proceso, que no había vuelta atrás, y que harían lo que fuese necesario para lograr el objetivo del control total del poder y sentar las bases de una dictadura dinástica.
Quedó claro que no teníamos una organización política que aglutinara las fuerzas dispersas que se expresaron en las protestas de 2018. “Que se vayan” fue una consigna que surgió cuando la brutalidad de la represión comenzó a regar de sangre las calles y comprendimos que un Gobierno capaz de asesinar a gente desarmada y pacífica no podía continuar al frente del país. Sin embargo, no había un plan, ni una estrategia compartida. Ingenuamente, se pensó que las masivas protestas y los tranques iban a desalojar a Ortega del poder. Las protestas en Managua fueron convocadas espontáneamente y nunca se acercaron a los centros neurálgicos del poder.
El primer diálogo comenzó sin que conociéramos los detalles de las conversaciones previas entre el régimen y la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN). La forma en que se seleccionaron los participantes sugería claramente que la pretensión era organizar un diálogo sectorial, con agendas sectoriales. Aparentemente, los obispos aceptaron esto. Obviamente, un diálogo de este tipo era el escenario ideal para Ortega. Sin duda un logro importante y una lección fue que la coordinación y las conversaciones previas llevaron a rechazar la propuesta del diálogo sectorial y a consensuar que la agenda debía girar sobre tres temas principales: justicia, democracia y libertad de los presos políticos.
Al final, estos puntos de agenda se impusieron pero nunca supimos si los obispos informaron de esto al Gobierno y si había un acuerdo al respecto. Cuando se quisieron desarrollar estos temas en la agenda del diálogo propiamente dicha, la delegación del Gobierno los rechazó y en palabras del canciller Moncada esa propuesta de agenda era la receta para un golpe de Estado. Esta fue la primera vez que se habló de golpe de Estado. Este fue el principio del fin del diálogo.
En el transcurso del dialogo quedó claro que ni los obispos, ni el equipo de asesores que ellos nombraron tenían experiencia en organizar y dirigir una actividad de tal envergadura. Tampoco era claro si la CEN actuaba y tenía la capacidad para actuar como garante de posibles acuerdos.
Al evaluar los resultados del diálogo, algunos consideran un éxito el haber logrado que el Gobierno autorizara el ingreso al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la que hasta entonces no había sido autorizada para ingresar. Esa visita de la CIDH fue muy importante para recabar información sobre la magnitud de la represión y de las violaciones de los derechos humanos que estaban ocurriendo en el país, lo cual ha sido fundamental para mantener vivas las denuncias sobre estos atropellos y la demanda por justicia. Sin embargo, es evidente que al suspenderse el diálogo, lejos de acercarnos a una solución a la crisis, durante el tiempo que se desarrolló el diálogo Ortega reorganizó sus fuerzas y todo el aparato represivo para terminar ahogando en sangre las protestas.
Con relación al segundo diálogo, tampoco se conocen los detalles de las conversaciones entre el régimen y la cúpula del sector privado que fueron los que lo acordaron, teniendo a la Alianza Cívica (ACJD) nuevamente como interlocutor. Es claro que, si bien la represión había ahogado en sangre las protestas, el país estaba lejos de estar estable y el riesgo de una nueva explosión social seguía latente.
En este segundo diálogo, la principal lección aprendida es que no puede aceptarse un diálogo si antes no está claramente definido quién será el garante de posibles acuerdos y de que las partes se comprometan a cumplir con los acuerdos alcanzados. En este diálogo se logró la liberación de una gran parte de los presos políticos que había en las cárceles del país, pero no se logró la liberación de la totalidad de los presos. A pesar de esto, se considera que este fue un logro importante.
También se logró firmar un documento que contenía acuerdos sobre la democratización del país, pero el régimen nunca dio ningún paso para cumplir dichos acuerdos. Ni el representante del Secretario General de la OEA, el señor Rosadilla; ni el Nuncio Apostólico, que se suponía eran los garantes de dichos acuerdos, mostraron tener la capacidad para hacerlos cumplir, dejando en el aire la duda sobre su papel como garantes. El no cumplimiento de los acuerdos firmados y las tácticas dilatorias del Gobierno sin que se dieran señales claras de avanzar, llevaron al retiro de la delegación de la ACJD tras el asesinato de Eddy Montes en la Cárcel Modelo.
Una dolorosa lección del proceso electoral de 2021 es que no se puede ir a elecciones sin contar con una fuerza coherente, cohesionada, bien organizada y con un tendido territorial confiable.
Igual de importante es la lección de que si se busca una salida a la crisis por la vía electoral, no es posible participar sin antes haber logrado una reforma de la Ley Electoral que garantice seguridades mínimas de transparencia y de condiciones para la participación de todas las fuerzas opositoras, en igualdad de condiciones que el partido oficial. En 2021, fallamos en lograr esas reformas.
En este tipo de elecciones siempre habrá el riesgo del fraude, de la intimidación a la población y del abuso de los recursos del Estado a favor del candidato oficial. Esto obliga a que, paralelo a los preparativos para el proceso electoral propiamente dicho, debe haber una preparación igual de estricta y eficiente para organizar la defensa del voto en las juntas receptoras, la fiscalización de las diferentes instancias del Consejo Supremo Electoral, tener comunicaciones seguras para transmitir los datos de la elección y las posibles incidencias, todo esto complementado con un dispositivo para denunciar los abusos que ocurran.
La selección de los candidatos debe prepararse temprano y debe ser también el producto de un amplio consenso soportado por acuerdos formales que deben ser públicos para que la población sea la garante de dichos acuerdos.
A partir de las experiencias vividas desde 2018, las plataformas, grupos y personas que se identifican como opositoras al régimen deben dejar a un lado sus intereses particulares y sentarse a conversar con honestidad y sinceridad, para encontrar mecanismos para unir esfuerzos en torno a una agenda común.
Debemos unificar criterios sobre el papel de la comunidad internacional en esta lucha, y crear una instancia que cuente con el apoyo de todas las fuerzas para que sirva de interlocutora con la comunidad internacional. Debemos procurar establecer relaciones con todas las fuerzas democráticas de los países interesados en un cambio democrático en Nicaragua. Debe estar claro que las vías pacíficas y democráticas incluyen la negociación, el diálogo y las elecciones, que siguen siendo los instrumentos por excelencia de este tipo de lucha. Las experiencias vividas no deben llevarnos a pensar que están descartados. Debemos analizar fría y autocríticamente lo que no se hizo bien y buscar apoyo en organizaciones y personas con experiencia en estos procesos para ponernos de acuerdo en el tipo de instrumentos que debemos asumir para encontrar una salida a la pesadilla que vive Nicaragua.
