1 de septiembre 2023
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Las sanciones internacionales contra los actores cómplices de las atrocidades cometidas en Nicaragua han surtido el efecto de disminuir su influencia, y siguen arrinconando a los perpetradores. Contrario a las mentiras de Rosario Murillo, las sanciones no afectan al pueblo porque éstas poseen precisión en el impacto. La sanción es un es un juicio justo frente a la privación física, económica y política que ha causado la dictadura.
Las sanciones internacionales son mundialmente aceptadas como un método de ajuste de cuentas ante la ausencia del Estado de derecho.[1] hacia quienes violan derechos humanos, cometen crímenes financieros internacionales y evitan ser sujetos legales frente al sistema judicial local. Hay dos tipos de sanciones, la que cierra cuentas financieras de la entidad penalizada, y la de presión económica como método coercitivo.
La comunidad internacional como grupo de Estados colectivo ha establecido un rango amplio de opciones dentro de lo que se llama el “policy toolbox” de presiones diplomáticas y políticas. Estas presiones incluyen sanciones individuales y sectoriales que cierran cuentas bancarias u operaciones financieras de entidades, sanciones comerciales que incluyen penalidades y multas, cambios o reimposición de tarifas y boicots o embargos económicos. También hay otro tipo de sanciones económicas referentes a la no autorización de licencia comercial en empresas para que un negocio en el extranjero pueda comerciar con un país.
En otras palabras, las opciones de presión no se reducen a una sola, y su efectividad aumenta cuando van acompañadas de otras formas de presión (diplomacia bilateral, multilateral, entre otros). La razón de ser es ejecutar acciones con precisión y proporción al tipo de abuso, no se proponen botar a un régimen dictatorial. Su consecuencia es neutralizar al violador, y a veces debilitar al sistema.
¿Cuál es la justificación de las sanciones internacionales? ¿De qué sanciones se habla en el caso de Nicaragua? Hablar de sanciones no es cuestión de una frustración o arranque emocional ante la impotencia de los actos de un régimen represivo; sino de justificar y hacer uso del rendimiento de cuentas ante la ausencia del Estado de derecho en un país, por parte de la comunidad internacional.
La razón de ser de imponer sanciones a individuos y entidades en Nicaragua empieza en el reconocimiento que un país con un nivel de radicalización totalitaria, que ha eliminado el pluralismo, la seguridad jurídica, criminalizado la democracia, en el que el Estado ejerce el monopolio de la fuerza, sin Estado de derecho, ni derecho a la defensa. El nicaragüense vive del miedo, bajo el garrote y los barrotes.
La sanción busca mitigar el nivel del daño causado por el transgresor que tortura, encarcela, amedrenta, intimida, confisca, expulsa, empobrece a sus ciudadanos. Esta sanción trata de responder ante el proceso sistemático de violaciones contra toda su población: han salido 750 000 nicaragüenses de diferentes estratos sociales del país, por razones políticas y económicas; han desterrado a más de trescientos nicaragüenses, independientemente de su condición política y social.
¿Cuál es el ámbito de las sanciones en Nicaragua?
El ámbito de las sanciones se ha concentrado en afectaciones individuales y en menor medida las sectoriales en donde existe clara complicidad con el régimen.
Su impacto ha tenido el efecto esperado: penalizar al abusador, al corrupto, a las entidades cómplices de estas aberraciones.
En el caso de Nicaragua, las sanciones y las presiones son acciones en torno a las fuentes de sostenibilidad el régimen: la fuerza de la violencia (Policía y Ejército), la fuerza mediática (los censores, los propagandistas, los propagadores de falsas noticias), la fuerza económica (el clientelismo dentro del Estado, los empresarios cómplices del régimen), la fuerza institucional (los ministros, magistrados, diputados, jueces, alcaldes, y otros administradores del sistema).
Hasta ahora ha habido más de 60 sanciones de parte de Estados Unidos (EUA).[2] 12 sanciones fueron dirigidas hacia instituciones y 50 hacia personas individuales, sin incluir varias decenas más dentro de la llamada Lista Engel. La Unión Europea (UE), por su parte, ha sancionado a 31 personas, entre ellas –Bayardo Arce, asesor de la Presidencia de la República, y Brenda Rocha y Cairo Amador del Consejo Supremo Electoral, mismos que no han sido sancionados por Estados Unidos. La UE también sancionó a tres instituciones. Canadá ha sancionado a 35 individuos, y a diferencia de EE. UU., también sancionó a Bayardo Arce. El Reino Unido ha sancionado a 14 individuos, todos sancionados por EE. UU. Suiza ha sancionado a 14 individuos, incluyendo a Bayardo Arce.[3] Todos estos sancionados conforman el grupo ligado al círculo de poder que operan administrativamente para sostener el sistema represivo.
¿Cuál es el impacto de las sanciones en Nicaragua?
Para hablar de impacto hay que ser específico en relación con métricas del efecto de esta penalidad. En términos empíricos las sanciones internacionales han cubierto a un tercio de los operadores del círculo de poder, calculado en al menos 200 operadores, 50% de ellos que poseen altos rangos políticos de influencia dentro de la familia dinástica, mientras que la otra mitad son funcionarios operadores subsidiarios o influyentes que ejecutan las ordenes de reprimir o confiscar o cerrar instituciones sociales.
El impacto inmediato a todos ha sido reputacional. Los sancionados por mucho que se jacten de sentirse patriotas honrados por la sanción, más bien la penalidad ha agregado leña al fuego del descontento e impopularidad que la gente siente sobre los dictadores. Cada vez que sale una sanción, el pueblo reclama que por qué solo se sancionó a dos o tres, cuando más personas debieron haber sido castigadas.
El impacto de las sanciones a los individuos y entidades afectadas en Nicaragua muestra que éstas han tenido un efecto directo sobre quienes son afectados—no el pueblo, y dado que su ámbito de operación económica era pequeño (porque su corrupción se ha limitado a recibir favores económicos de pitufeo, una casa, otra propiedad, unos cinco negocios con capital combinado con valor máximo de USD10 millones en activos, un efectivo menor de USD1 millón), su afectación nacional ha sido limitada, tanto en empleo como en negocios para terceros.
Estos individuos fueron sancionados con base en sus actividades de violación de derechos humanos, y abarca a personas como Rosario Murillo, quien emitió órdenes sobre la represión contra los estudiantes y las demostraciones, hasta el jefe de la Policía Nacional a cargo de ejecutar las detenciones de cientos de personas inocentes. Las sanciones no ocurrieron de forma arbitraria, sino en respuesta a acciones del régimen relacionadas con acciones ilegítimas, como el fraude electoral, por ejemplo. En casos de operadores técnicos de segundo o tercer nivel, cuyo capital político puede ser afectado toda vez que su autoridad no sea portable, el efecto es preciso, hacia el individuo y con poco derrame o contagio a otros o terceros.
En algunos casos, el impacto al infractor no ha sido el esperado porque se necesita más que una sanción individual debido a la magnitud de la transgresión, la protección que goza el individuo y su capital político. Por ejemplo, la autoridad del individuo sancionado es trasladada horizontal o verticalmente de un puesto a la dirección de otro ministerio o agencia gubernamental, como es el caso de Iván Acosta. En otros casos, el sancionado se va debilitando y llega a ser purgado, y en otros pierde su fuerza como es el caso de Sonia Castro. Otro ejemplo es el del Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano (ISSDHU) de la Policía que, después de ser sancionada, pasó a manos de la Presidencia de la República. Lo común son los traslados verticales, del presidente o director a los segundos o terceros al mando (BCN, MHCP, Asamblea Nacional).
El impacto de las sanciones a las 12 instituciones estatales y semipúblicas ha sido importante y varía de acuerdo con el tipo de entidad afectada. Aun así, considerando las ponderaciones al impacto nacional o sistémico (por ejemplo, desempleo, caída de producción, carestía o inflación), la afectación es limitada debido a una movilización horizontal de recursos al sector informal de la economía—como se ha hecho con la liquidez en efectivo de los fondos de Bancorp. La única entidad que ha sido menos afectada por la sanción ha sido la Policía Nacional la cual no interrumpe sus funciones y traslada sus operaciones financieras a otra entidad.
Sin embargo, las entidades privadas más afectadas son aquellos negocios privados con menor capacidad de portabilidad de sus operaciones, como es el caso de Zanzíbar e incluso de las empresas como DNP. Estas entidades están buscando como sobrevivir en un mercado paralelo, fuera del entorno de la economía global. La sanción a Bancorp redujo el acceso formal a la liquidez financiera de parte del régimen y provocó el endeudamiento de éste para suplir recursos financieros necesarios para mantener los favores económicos y clientelistas del régimen. De igual forma, la sanción sobre ENIMINAS redujo su margen de maniobra y afectó la relación reputacional de mineras internacionales en la contratación de mineros artesanales.
¿Afectan al pueblo las sanciones internacionales?
La realidad muestra que estas sanciones no han afectado al pueblo de Nicaragua, sino a sus transgresores. La economía ha mostrado un aletargamiento asociado con el mal manejo del sistema, con el modelo económico excluyente y de extorsión. No a causa de las sanciones. El alegato de que las sanciones afectan al pueblo carece de validez empírica.
Frente a la radicalización del régimen, hay entornos justificados para ajustar cuentas frente a las transgresiones, tales como la Unidad de Análisis Financiero, el Ministerio de Gobernación a cargo de las cancelaciones jurídicas de más de cuatro mil entidades no-gubernamentales; el Consejo Nacional de Universidades responsable de la confiscación a 27 entidades académicas y otras por ser expropiadas; el Ministerio de Trabajo a cargo de facilitar las violaciones de derechos laborales de trabajadores, el gremio seudoprivado, propagandista y mediático del régimen, y el Ejército de Nicaragua y la Policía del régimen.
En cada uno de estos hay un ajuste de cuentas legítimo, no tiene como objeto directo o indirecto, ni consecuencia afectar al pueblo. Sino que posee precisión y proporción sobre el transgresor.
Por ejemplo, El nivel de violaciones de derechos laborales en Nicaragua responde ante la ausencia de protección de estos derechos por parte del Ministerio del Trabajo, y ha permitido que trabajadores de la Zona Franca no tengan acceso al debido proceso para el reclamo de sus derechos, de organización sindical independiente. La comunidad internacional sabe que el régimen ha violado el capítulo 16 del acuerdo de libre comercio de Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos.
También ha violado el capítulo 17 sobre derechos ambientales toda vez que el régimen ha permitido las violaciones a los pueblos indígenas para que se dé minería en áreas protegidas de estos pueblos. La penalidad al Estado no afecta al pueblo. Son multas contra el sistema represor.
Y ¿el Ejército de Nicaragua? Muchos demandan sancionar al Ejército ante la evidencia que su jerarquía ha facilitado las violaciones a derechos humanos en 2018 y además ha participado en abusos contra campesinos en zonas rurales en donde el Ejército mantiene presencia territorial. Es importante tener presente que el Ejército refleja no solo el estamento político sandinista, pero también la identidad nacional y territorial, por lo que el ajuste de cuentas buscaría balancear el ente que tiñe de sangre la bandera azul y blanco con sus rifles y sus balas, y que dice defender la soberanía territorial, con un Estado que ha roto con el respeto a la soberanía que reside en el pueblo pero que tiene la responsabilidad de proteger sus fronteras.
Finalmente, el pilar mediático que no es un ente institucional estatal, pero es un órgano represivo que ha usado la mentira, la desinformación, la censura, el insulto como vehículo para tener a su pueblo con miedo. Los propagandistas del régimen como William Grisby, Adolfo Pastrán, y otros más son cómplices del discurso de odio contra el pueblo, y como tal son sujetos de un ajuste de cuentas mediante sanciones internacionales, que neutralicen los aparatos de propaganda, y que de esa forma se ajuste también el balance de poder,
Las sanciones en sí mismas, sin embargo, no son suficientes para cambiar el balance de poder autocrático y violento de una dictadura como la de Ortega y Murillo. Es importante contar con todas las herramientas de presión posible y aprovecharlas de manera coordinada y sostenida. La comunidad internacional está convencida de esa ruta, así como también de la necesidad de contar con la legitimidad de un bloque democrático opositor que demuestre la validez y necesidad de presionar internacionalmente. De otra forma, las sanciones se quedan cortas en el objetivo de debilitar la capacidad represiva del régimen.
- [1] United Nations (UN) and Office of Foreign Assets Control (OFAC):
- https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information
- https://home.treasury.gov/policy-issues/office-of-foreign-assets-control-sanctions-programs-and-information
- [2] Caso aparte son los 23 jueces y fiscales que fueron sancionados a través de la “Lista Engel” pero no se incluyen porque no aparecen en la lista de sancionados de la OFAC.
- [3] https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20211011-la-ue-renueva-por-un-a%C3%B1o-las-sanciones-a-funcionarios-de-nicaragua
