27 de julio 2023
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La economía en Nicaragua tendrá nuevamente un crecimiento mediocre del 3% en 2023, el cual de no ser por la migración masiva y el flujo creciente de remesas familiares provocaría un estado visible desprotección y desamparo para las grandes mayorías del país.
La política económica del régimen persigue la preservación del círculo de poder mediante un gasto estatal austero (sin inversión en política social, solo en seguridad), mientras aumenta la expulsión masiva de personas, la extorsión de las empresas, y la exclusión social, como método rentista del Estado, sin invertir en el crecimiento económico.
Esta política responde a un modelo económico que se basa en tres pilares: informalidad económica excluida del sistema, una economía de enclave oligopólica (con empresas de Zona Franca, exportación de oro y turismo administrado por menos de 300 empresas), un factor económico social invisible, la emigración, que sustenta a sus familias con remesas.
Sin migración y remesas familiares, los otros indicadores son recesivos: no hay inversión privada, poco acceso al crédito [C8], no hay aumento en el consumo, el trabajo informal aumenta, el endeudamiento y pagos de deuda aumentan, los impuestos crecen, pero el gasto no. Mientras tanto, el régimen sigue preservando su élite en el poder.
Preservación del poder
Ortega y Murillo diseñaron un método económico para el resguardo del círculo de poder, orientándose en la estabilidad del sector externo, el endeudamiento y el aumento en la recaudación tributaria sin inversión social. El sistema político fomenta la salida masiva de gente para que envíe remesas y se aprovecha de forma ventajosa de los acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea para generar actividad económica en enclaves (poco ligados a las cadenas de valor al interior), generando una base mínima de trabajadores que devengan salarios y generan impuestos de renta al empleo, mientras viola los derechos laborales de estos mismos trabajadores.
En lo comercial hay una desaceleración en las exportaciones totales. En 2023 las exportaciones no registrarán más que un 8% de crecimiento (la mitad de lo que creció en 2022) [C2] por lo que el presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, se aferra a esperar que “las exportaciones globales continúen creciendo.”
En finanzas públicas, el gasto del Gobierno central, encargado de la política social en educación o salud, como porcentaje del ingreso nacional creció de 11% a 15% del PIB entre 2018 y 2023 [C3]. Sin embargo, el Gobierno aumentó la recolección de impuestos de 16% a 24% del PIB durante ese mismo período.
El Gobierno duplicó la inversión pública de 5% a 10% entre 2018 y 2023, la cual ha sido financiada por impuestos y endeudamiento externo. El 70% de esta inversión va a obras públicas y seguridad para alimentar el clientelismo.
Extorsión y exclusión
El Gobierno habla de ‘solidaridad’ dentro de su campaña de desinformación en medio de la censura de prensa, pero en la práctica lo que hace es explotar y extorsionar al que no emigra. Las pequeñas y micro empresas casi no generan ingresos, la inversión de este sector solo ha crecido un promedio anual de 6% entre 2018 y 2023, pero su contribución tributaria al total de impuestos creció de 39% a 50% en el segundo trimestre de 2023, con una tasa de crecimiento anual del 8% durante ese mismo período.
El régimen extorsiona arbitrariamente a las empresas con el aumento de impuestos y diferentes formas de cobros a los microempresarios formales, atadas a la amenaza de cerrarlas y multarles más si no pagan. Los negocios carecen de toda forma de seguridad jurídica.
Mientras tanto los trabajadores no encuentran empleo en el sector formal y se quedan operando informalmente, tratando de sobrevivir. Los trabajadores informales que devengan salarios menores a $200 mensuales, han aumentado de 1.9 a 2.2 millones, sosteniendo a más de tres cuartos de los hogares del país. De hecho, el trabajo informal creció de 68% a 74% de toda la fuerza laboral del país [C10]. El empleo formal no ha crecido desde 2017 cuando alcanzó 915 553, ya que en 2023 hay 795 000 trabajadores formales. Ni siquiera la Zona Franca está generando suficiente empleo. El resto de los trabajadores formales están en el Gobierno (112 000 más una cantidad en las municipalidades que puede incluir otros 50 000 empleados y otros contratados como ‘consultores’), la zona franca (129 000) y alguna que otra empresa local (no más de 500 000 trabajadores).
Además de mantener una política fiscal austera, el régimen sigue manteniendo su endeudamiento externo para ‘invertir’ en obras públicas que alimentan la maquinaria clientelista. A través de los préstamos con el BCIE Nicaragua se ha endeudado sustancialmente, los desembolsos se van acercando al pago que Nicaragua hace por el interés de los endeudamientos: estos pagos crecen de 44% a 76% del desembolso recibido en deuda para ‘invertir’ en obras clientelistas [C7].
La expulsión masiva de migrantes
Si el gasto social no aumenta, la tributación explota a los empresarios, y las exportaciones crecen poco, ¿qué explica ese crecimiento del 3%? La respuesta está en el impacto de las remesas familiares producto de la expulsión masiva de nicaragüenses.
Entre 2018 y 2023 han salido del país ya 725 000 personas [C4], en cinco años 11% de la población salió de Nicaragua, y básicamente 22% de los nicaragüenses están en el exterior. La razón fundamental no es un secreto, la gente ha emigrado por miedo, por amenazas, y por falta de oportunidades económicas sin libertad.
Dos tercios de los nicaragüenses tiene a un familiar viviendo afuera, y hay cerca de un millón de hogares nicaragüenses recibiendo remesas. Otra realidad es que este millón de hogares recibirá a fines de 2023 al menos $5,000 millones, prácticamente el 33% de la economía del país [C11].
En un corto tiempo Nicaragua se convirtió en el país más dependiente de remesas [C12] en el continente americano.
Estos receptores de remesas son los que consumen, los que pagan diariamente por la leche, el pan, las medicinas que uno necesita. Reciben $350 mensuales de Estados Unidos, y $100 mensuales de Costa Rica o Panamá, de al menos 800 000 familiares. No pueden ahorrar, solo 20% logra ahorrar algo, el resto tiene que gastar en alimentos básicos, porque el costo de vida es de $500 mensuales mínimos.
Los que no reciben remesas familiares la pasan peor y por eso piensan en emigrar. No sorprende que aun a pesar del limitado efecto del parole humanitario y las restricciones migratorias, la encuesta de CID Gallup de junio 2023 mostró que 35% quieren irse del país.
La perversidad de esta realidad se refleja en el hecho que las remesas pasaron de contribuir el 6% de la renta tributaria en 2016 a 23% este 2023 [C1]. La gente sabe de esta perversidad, pero la familia es primero y no sacrificarán a sus hijos y padres muriéndose de hambre para castigar al dictador.
Continuar la presión externa
La realidad que viven los nicaragüenses día a día, no la reflejan el Fondo Monetario Internacional, los donantes como el BCIE o el Banco Mundial y otras instituciones financieras multilaterales. Sin embargo, es lo que existe. Un modelo económico perverso de explotación a los ciudadanos, y expulsión si no aceptan al sistema. De ahí que la importancia de enfocar la presión nacional e internacional desde varios ángulos del contexto económico.
Primero, continuar exigiendo responsabilidad e integridad financiera de las instituciones financieras internacionales, monitoreando y auditando fielmente las obligaciones contractuales frente al incumplimiento a sus compromisos y a la cleptocracia del régimen.
Segundo, urgir a los que nicaragüenses que envían y reciben remesas a que aumenten sus ahorros, presupuesten mejor, reduzcan los gastos, o no gasten en negocios vinculados a la dictadura. El precio que tuvieron que pagar para salir de sus hogares fue muy alto, y encima, ahora las remesas pagan un tributo que oxigena al régimen. Reducir el gasto es una forma de resistencia.
Tercero, el Gobierno es cómplice y autor intelectual de violaciones relacionadas con el CAFTA y el Acuerdo de Asociatividad con la Unión Europea. Es imperativo exigir rendición de cuentas ante las violaciones a derechos laborales, mejor trabajo, protección ambiental y derechos indígenas. De otra forma, sin rendición de cuentas las penalidades y sanciones serán el paso de rigor.
Cuarto, la comunidad internacional debe aumentar las sanciones a los transgresores de corrupción y los derechos humanos. Las sanciones deben apuntar a debilitar un estado dictatorial rentista, en torno a un círculo de poder que intenta encontrar alternativas para salir del statu quo. Son las expresiones del malestar interno ante la decadencia de la dictadura Ortega-Murillo, en la que la disidencia crece cada día.
