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Mientras la sucesión dinástica de Rosario Murillo continúa ejecutando una purga contra el “sandinismo histórico” y mantiene en la cárcel a Álvaro Baltodano, Bayardo Arce, y Rodolfo Castillo (“Payín”), entre otros, la Asamblea Nacional aprobó una reforma a la nueva Constitución “chamuca”, para crear una súper Procuraduría de justicia, que absorberá al Ministerio Público, que será convertido en una Dirección Penal de la Procuraduría.
La justificación oficial es que desde la nueva Procuraduría lanzarán una gran campaña “anticorrupción”, liderada por la codictadora Rosario Murillo, con lo cual el régimen estaría admitiendo, por primera vez, que el sistema de gobierno de Nicaragua es uno de los más corruptos del mundo.
En efecto, según el Índice de Percepción de Corrupción, que publica todos los años Transparencia Internacional, en la última década Nicaragua se ha venido desplomando y ocupa el puesto número 172, entre 180 países evaluados, lo que nos coloca entre los diez países más corruptos del mundo. Al grado de que en el continente americano, Nicaragua es el segundo país más corrupto solamente superado por Venezuela.
Pero la Procuraduría de Justicia nace de la nueva purga de la fiscal Ana Julia Guido, responsable de la fábrica de delitos inventados contra los presos políticos, otra miembro del “sandinismo histórico”, leal a Daniel Ortega, cuyo cargo y funciones penales serán ahora asumidas por la poderosa procuradora de justicia Wendy Morales, leal a Rosario Murillo.
Los promotores de la corrupción oficial aparentan estar preocupados por regular la “corrupción no autorizada”, pero, en realidad, más bien están levantando una cortina de humo para justificar las purgas políticas contra el “sandinismo histórico”. Porque, además, una verdadera campaña anticorrupción, para ser exitosa, requeriría de un cambio total del sistema político que ha promovido la corrupción pública y la impunidad, que es la misma dictadura dinástica Ortega-Murillo.
La corrupción en Nicaragua no es un hecho aislado, sino el resultado de la imposición de un modelo político de Estado-partido-familia, que eliminó la separación de lo público con lo privado, desmanteló el Estado de derecho, y canceló las funciones autónomas de los organismos de control, como la Contraloría, la Asamblea Nacional, y el Poder Judicial, para imponer el centralismo y la impunidad.
Ese sistema encabezado por los codictadores Ortega y Murillo es lo que permitió el desvío de más de 5000 millones de dólares de la cooperación estatal venezolana, a las arcas de Albanisa, el Banco Corporativo y ahora Credicoop, para financiar los negocios privados de la familia gobernante a través de sus testaferros.
Y ese mismo sistema corrupto es el que permitió el saqueo de los fondos y las inversiones del Seguro Social, para financiar el nuevo emporio de negocios privados de los Ortega Murillo y la cúpula militar en el poder, que se sigue enriqueciendo con la extorsión tributaria y aduanera, con las coimas, y con las confiscaciones ilegales que se han ejecutado contra centenares de ciudadanos, empresas y asociaciones, como actos de venganza política. Una ola de confiscaciones y enriquecimiento ilícito que continuará con la nueva ley de las zonas fronterizas que se aprobó la semana pasada, para aplicarse con total discrecionalidad y opacidad.
Para terminar con la corrupción oficial y con la llamada “corrupción no autorizada”, primero hay que extirpar de raíz este sistema político corrupto y devolverle al pueblo, a la sociedad civil, y a los órganos del Estado, el poder y la autonomía para fiscalizar, y castigar la corrupción y terminar con la impunidad.
Con la nueva Procuraduría de Justicia a cargo de una funcionaria totalmente leal a Rosario Murillo, únicamente se inicia el ciclo de corrupción e impunidad del murillismo, mientras la codictadora sigue ejecutando la purga política que mantiene en estado de zozobra e incertidumbre a los altos funcionarios en el Gobierno, el Ejército, la Policía, y el Frente Sandinista.
