AA
Share
El modus operandi de las dictaduras del siglo XXI presenta mayor sofisticación para mantenerse en el poder. Su éxito no reside únicamente en el modelo cleptocrático, sino en el método que usan para evadir el escrutinio internacional y popular sobre la forma solapada en que un régimen reprime; y cómo logra que la población esté desapercibida de la forma sistémica en que opera la corrupción o captura de Estado, mientras mantiene a mecate corto a la clase media y alta del país para que ésta no se desgrane de la mazorca.
Mientras logren operar con éxito de esa manera, la presión internacional será moderada y no habrá mucha probabilidad de un levantamiento social, ante un liderazgo obsoleto, para tumbar una dictadura.
La dinastía Ortega-Murillo controla la captura de Estado; y disfraza una especie de dictadura de baja intensidad de manera que la presión externa no escale, y el pueblo no se levante. No es que no repriman y hasta asesinen, ni que no roben despiadadamente, sino que el método que usan hace que se salgan con las suyas para que no se sepa mucho de lo que hacen. Cuando, en la mayoría de los casos, la gente de la calle no se percata de la magnitud del robo que cometen, el régimen sigue aprovechándose del pueblo. Es casi una cleptocracia perfecta, sin embargo, siempre hay huecos que enseñan la fruta podrida del negocio de Murillo.
La captura del Estado en Nicaragua
El Fondo Monetario Internacional (FMI) define la captura de Estado como la situación en la que existen “esfuerzos de empresas o clanes para moldear las leyes, políticas y reglamentos del Estado en su propio beneficio, proporcionando ganancias privadas ilícitas a los funcionarios públicos”. El clan Ortega-Murillo ha establecido su propio mecanismo que les genera una rentabilidad anual mínima de $200 millones, pero ocurre de manera silenciosa, de modo que la gente de la calle no se da cuenta del proceso de corrupción, del tráfico de influencias y favores que conllevan esas operaciones entre las élites ligadas al círculo de poder.
La cleptocracia y los privilegios
La familia dinástica ha cooptado el acceso a los recursos del Estado y sus instituciones públicas. El caso más emblemático es el de Rafael “Payo” Ortega, un empresario que se enriquece con los fondos del Estado, y que como administrador y gerente de las empresas de distribución de petróleo, Distribuidora Nicaragüense de Petróleos (DNP, entidad cuasi estatal), en su momento llegó a tener control de más del 30% del mercado por al menos diez años consecutivos (de un negocio anual de US$500 millones en compra de petróleo crudo) hasta ser sancionada. Ahí se reubicó mediante contratos de servicios al Estado de Nicaragua y, eventualmente, fue absorbida por el Estado, compensando a “Payo” Ortega.
Laureano Ortega, desde la primera presidencia de Daniel Ortega, en el marco del pacto con la empresa privada, el llamado Modelo de Diálogo y Consenso, se ha aprovechado del aparato aduanero para autorizar el desalmacenaje de mercancía sin cobrar aranceles a sus negocios y amigos. Aunque China y Nicaragua firmaron un acuerdo de libre comercio en 2024, existen aranceles sobre ciertos productos y costos de desalmacenaje y de flete, entre otros, en los que Ortega facilita la exención a empresas en las que él tiene participación inversionista—las importaciones crecieron de $600 en 2019 a $2,000 millones en 2025. Laureano Ortega diluye sus favores a través de la importación sin costos (que pueden rondar al menos el 10% del valor importado) en negocios donde tiene presencia y mantiene una red clientelar que oscila en más de mil negocios, desde empresas importadoras, aseguradoras, hasta distribuidores de mercancía y microempresas (mientras tanto, la gente de la calle tiene que recurrir a pagar ‘cobros’ exigidos por funcionarios públicos para que sus trámites de aduana o policía se den sin contratiempo o negación). Juan Carlos Ortega, Camila Ortega y su esposo Noé Salas (protegido de Fidel Moreno, brazo derecho de Rosario Murillo) y el hijo de Rafael “Payo” Ortega, son otros actores con operaciones comerciales apoyadas en el uso del Estado para beneficio privado.
En conjunto, sin considerar la riqueza acumulada antes del 2018, estas ‘oportunidades’ cleptocráticas pueden dejar a la familia (socios aparte) un mínimo de $100 millones anuales en rentas provenientes de operaciones de venta, compensaciones financieras por la adquisición formal del Estado de DNP, la renta anual por negocios de distribución de petróleo, las exenciones arancelarias y tributarias para las empresas que importan de China, entre otros.
El robo a préstamo armado
El endeudamiento externo para beneficiar a la élite económica y política es otra de las formas más evidentes de la captura del Estado. El régimen recurre al endeudamiento externo para financiar operaciones de socios del círculo de poder, optando por invertir en actividades que no tienen un impacto directo en el desarrollo social. Más de tres cuartas partes de la inversión pública se ejecuta en obras públicas de construcción de carreteras, y no en inversión social. Mientras tanto, el gasto público en educación se mantiene por debajo de $600 millones.
El endeudamiento de Nicaragua desde el 2018 ha ascendido a un desembolso anual de préstamos de más de US$400 millones, que recae en pocas empresas, constructoras en su mayoría, que dejan ganancias mínimas del 15% del monto contratado. Paralelamente, el Estado de Nicaragua, con los impuestos que recauda del pueblo, está amortizando esa deuda por $600 millones anuales. Es decir, Murillo autoriza el uso del Estado para enriquecer a sus socios, y utiliza los impuestos para pagar la deuda asumida para esas inversiones.
La extorsión y confiscación solapada
La extorsión (o terrorismo) fiscal, (aparte de los cobros ‘extra’, y los sobornos que el pueblo tiene que cubrir), afecta a unas cien empresas medianas y grandes citadas por la DGI o por la Procuraduría misma por ‘impuestos no pagados’. También existe la extorsión dirigida a la clase media y alta para pagar por retornar a su país, mediante la cual se realizan cobros de $1000 o más para que le resuelvan el caso de negativa de entrada y le permitan volver a su país.
Rosario Murillo lleva cerca de cinco años implementando un ‘programa de recuperación de propiedades’ contra empresarios y socios purgados. Como ejemplo, las propiedades de antiguos aliados del régimen, como Bayardo Arce, Álvaro Baltodano y Néstor Moncada Lau, han sido confiscadas en juicios por lavado de dinero y evasión fiscal, mientras que en otros casos (Jaime Wheelock), han sido intervenidas sin permitirles realizar ninguna operación financiera de compraventa o inversión.
También están las confiscaciones de las propiedades de empresarios considerados “traidores a la patria”, que han sido intervenidas, reutilizadas e incluso destruidas para revenderlas a sus socios. El monto total de estas retenciones y confiscaciones solapadas desde 2021 supera los mil millones de dólares en activos fijos.
La intervención de BHMB Mining, una empresa de capital estadounidense y británico, evidencia la modalidad de ‘trámite urgente’: confiscar la propiedad mediante intervención inmediata y trasladarla a socios o aliados; en el caso de BHMB, a Zhong Fu Development y Santa Rita Mining, empresas chinas.
Los favores permitidos
Murillo ha sido anuente a usar a simpatizantes y alcaldes como piezas para la persecución y el populismo. Mientras sus hijos se encargan de hacer negocios y Daniel Ortega montó su mazorca de clientes con cola, ella ha gestionado formas clientelistas, como autorizar fondos a las alcaldías a cambio de lealtad en los barrios. Esos fondos forman parte del proceso de tráfico de influencias, en el que los alcaldes deciden invertir en lo que les beneficia a ellos a cambio de darle apoyo a la compañera. Así como a los grandes empresarios purgados, muchos alcaldes son castigados si se les detiene robando más de lo permitido.
La corrupción que no se ve en la calle
Esas y otras formas de corrupción no ocurren en la base de la pirámide social, sino en su cúpula. Las operaciones financieras y comerciales se llevan a cabo desde arriba, mediante contratos entre sus socios, que cenan en los restaurantes de los hoteles con vinos y licor equivalentes a varios meses de ingresos de un trabajador informal. La clase media no habla porque está amenazada si lo hace, y la gente de la calle no se entera de la magnitud del robo que ocurre.
No hay mucho empleo que resulte de estas operaciones, la gente solo ve ‘la inversión’ de negocios chinos, las nuevas carreteras que no se conectan con escuelas, las millonarias propiedades en zonas de playa cuando van a limpiar las casas, pero no sabe el origen de todas esas operaciones y cómo ellos están pagando directamente con sus impuestos las ganancias de esa élite. Pero es perversa, indignante y vulgar la forma en que le roban a un pueblo que, de por sí, ya es pobre.
El FMI calla ante esta realidad, a pesar de la evidencia que se les ha presentado. La gente sospecha que hay corrupción, reconoce algunos casos, pero no puede señalarla si no la ve y desconoce lo sistémica que es. De ahí que el trabajo de los actores políticos, profesionales y empresarios, periodistas y comunicadores, debería priorizar informar y exponer quién es quién en la nueva cleptocracia que les está robando su futuro a las familias nicaragüenses.
