16 de febrero 2025
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“Yo no necesito compañeros de viaje, de ninguna índole, en este caminar”, así sentenció el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, al ser consultado en conferencia de prensa acerca de la posibilidad de abordar en conjunto con otros Estados la crisis actual en la relación bilateral con los Estados Unidos de América. Y es que el retorno del presidente Donald Trump a la Casa Blanca pone en jaque al orden multilateral y supone un cambio de paradigma en cuanto a los esquemas de cooperación internacional que han prevalecido durante buena parte del siglo XX y a todo lo largo del siglo XXI. En ese sentido, estas declaraciones del presidente Mulino junto con otras acciones que ha tomado Panamá, indican una coincidencia con el presidente Trump y los EE. UU.: la renuncia a la vía multilateral como medio idóneo para abordar la crisis actual y otras de similar envergadura.
En el caso panameño, la renuncia al multilateralismo constituye un despropósito y una contradicción. La historia así nos lo demuestra. La decisión de llevar la disputa por el Canal con los EE. UU. al ámbito multilateral en 1972 fue lo que precisamente le permitió a Panamá, en 5 años, lograr la conclusión de los tratados Torrijos-Carter en 1977. Los propios tratados del ’77 le reconocen dicha importancia al multilateralismo pues cuentan con un componente multilateral, el Protocolo al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá, y además le asignan el rol de depositario a un organismo multilateral como la Organización de Estados Americanos (OEA).
Inicialmente, la estrategia panameña para hacer frente a la actual controversia canalera parecía decantarse por el recurso al multilateralismo. Poco a poco, Panamá se ha ido alejando de esta postura, prescindiendo de importantes herramientas de defensa a su disposición en el ámbito multilateral. Previo a que Trump asumiese la presidencia y en el marco de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (CELAC), Colombia propuso un comunicado en apoyo a Panamá por la cuestión canalera, el cual fue rechazado por Argentina, imposibilitando su adopción porque requiere de unanimidad para la toma de decisiones. Lo anterior es sin duda alguna contrastante con el hecho de que la OEA, a diferencia de la CELAC, opera sobre la base de mayorías y no con la regla de consenso, lo cual hubiese hecho viable cualquier proyecto de resolución o comunicado. Esto a su vez obliga a cuestionar la elección de la CELAC como foro idóneo para llevar la disputa en contraposición con uno más favorable y cercano a la causa panameña como la OEA.
Luego de la juramentación de Trump y una vez reiterada la amenaza en contra del Canal en su discurso inaugural, Panamá, por conducto de su misión permanente ante las Naciones Unidas, presentó una carta al Secretario General de la organización. En dicha misiva se hizo énfasis en la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales y en el rechazo enérgico de Panamá a tales amenazas a su integridad territorial. A la fecha se desconoce si Panamá ha tomado alguna medida adicional de seguimiento o si pretende invocar, como miembro electo del Consejo de Seguridad de la organización, el capítulo VI de la Carta de Naciones Unidas relativo a la solución pacífica de las controversias internacionales.
En paralelo a la controversia por el Canal se han producido, en otras latitudes, distintos episodios plagados de retórica expansionista. En tales circunstancias, Panamá ha dejado claro que no apoya la acción colectiva y las medidas mancomunadas entre los Estados afectados. Por ejemplo, ante las aseveraciones de Trump contrarias a la integridad territorial de Canadá y de Dinamarca (Groenlandia), Panamá ha preferido guardar silencio. Cabe resaltar que ambos Estados son parte de los casi 40 miembros del Protocolo al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá, por lo que la solidaridad panameña debería ser un supuesto, de la misma manera en la que se asume que lo sería la de los daneses y los canadienses en favor de la causa canalera. Tampoco existen reportes de que Panamá esté buscando invitar a más Estados a adherirse al régimen de neutralidad del Canal, desperdiciando así una oportunidad para galvanizar el apoyo internacional.
En el ámbito latinoamericano, el sentimiento de unidad bolivariana también le ha sido esquivo a Panamá, pues tanto en el caso de las disputas de México y Colombia con los EE. UU., la indiferencia se combinó con el silencio. Lo anterior se produjo muy a pesar de que ambos países habían expresado su apoyo, en forma reiterada, a Panamá ante los embates de Trump.
Esta realidad se complejiza aún más ante otras posturas previamente asumidas por Panamá. La connotada hostilidad externada por el gobierno de Mulino contra la Unión Europea por nuestra permanencia en las listas de países considerados paraísos fiscales limita, en buena medida, el acceso a un socio y aliado que contribuiría a trascender el binario EE. UU.-China. Tampoco le asiste a Panamá su ambivalencia respecto a las dictaduras de Venezuela y Nicaragua, pues mientras se repudia a una, se tolera a la otra. Dicha ambivalencia, incluso, podría tornarse en una victoria para el régimen de Maduro, en la medida en que las deportaciones de migrantes venezolanos procedentes de EE. UU. se hagan una realidad desde Panamá.
La salida de Panamá de la Franja y la Ruta, iniciativa auspiciada por China, es otro ejemplo interesante, pues lejos de buscar una alternativa a esta iniciativa – una que sea más favorable para sus ventajas competitivas e intereses estratégicos, como bien podría serlo buscar su incorporación al Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico –, la postura parece ser permanecer inmóviles. Todos estos hechos, una vez conjugados, tienden a confirmar la visión del presidente Mulino, de que Panamá no necesita y no va a buscar compañeros de viaje, configurándose así, su renuncia al multilateralismo.
