21 de septiembre 2023
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En Argentina el discurso de la dictadura reemplaza a la historia. En vísperas de lo que parecería ser una de las elecciones presidenciales más relevantes desde la vuelta de la democracia en 1983, vemos una novedad: la propaganda de la vieja dictadura militar se repite en la campaña y el debate histórico se ve relegado al olvido. Se vuelve a la idea de los “excesos”, que en concreto niega la realidad del pasado: el plan sistemático de exterminio y sus crímenes de lesa humanidad que desencadenaron los juicios a los militares de 1985 en adelante. No hay nada original en esto y más bien representa una nueva tendencia latinoamericano del negacionismo histórico. Lo mismo hicieron Jair Bolsonaro en Brasil y José Antonio Kast en Chile justificando sus respectivas dictaduras.
La actual candidata argentina para vicepresidenta de La Libertad Avanza y futura encargada de las áreas de defensa y seguridad interna, Victoria Villarruel, está intentando reformular la violencia no-estatal de la década de los 70, revitalizando el rol de la dictadura. Esta no reinterpretación de la Junta no es exclusiva de Villarruel, sino también de su compañero de fórmula, Javier Milei, a The Economist: “Hubo una guerra entre un grupo de subversivos que querían imponer una dictadura comunista y del otro lado estaban las fuerzas de seguridad, que se excedieron en sus acciones”.
En realidad, la así llamada “guerra sucia” no fue una verdadera guerra, sino una militarización ilegal de la represión estatal. Se trata de una expresión popularizada que tiene que ser explicada en relación con la genealogía fascista del país. La Guerra Sucia no tenía como protagonistas a dos combatientes, sino a víctimas y victimarios. El Estado hizo la “guerra” contra sus ciudadanos. Este terror autorizado por el Estado tenía sus raíces en los movimientos fascistas de los años de entreguerras. Los historiadores hablan de terrorismo de Estado, mientras que Villaruel afirma que “El terrorismo de Estado no existe”.
Villarruel y Milei afirman que la violencia estatal, si bien fue excesiva, estaba justificada y sus efectos salvaron al país de una dictadura comunista. Repiten los argumentos de los dictadores y la ideología del fascismo en Argentina. Negar la desaparición sistemática de decenas de miles de personas; el homicidio, secuestro, detención indefinida y tortura y violación de otras miles; el robo y saqueo de la propiedad privada de los desaparecidos, secuestrados y sus familiares; el rapto, retención, y comercialización de bebés y niños de los desaparecidos, y la construcción a nivel nacional de una red clandestina de campos de concentración, y calificarlo de “accionar excesivo” es, en el mejor de los casos, ignorante, y en el peor de los casos encubridor. Es un la misma lógica de Trump en EE. UU. y Bolsonaro en Brasil.
Históricamente, la violencia política no-estatal en la Argentina era parte de un proceso sociopolítico global y no solamente protagonizado por guerrillas u organizaciones de izquierda/comunista. Villarruel y Milei no mencionan la relación entre la dictadura militar y los herederos del grupo Tacuara, de índole católica antisemita, y sobre todo de la organización terrorista más violenta de la Argentina: la Triple A, que fue autora de más de 900 homicidios en dos años y funcionó como un brazo parapolicial del gobierno de Juan Domingo Perón y luego Isabel Perón.
Las guerrillas de Montoneros y ERP no eran organizaciones aliadas. Ambas guerrillas cometieron acciones criminales y fueron responsables de cientos de muertes durante gobiernos militares y democráticos; pero jamás estuvieron cerca de derrotar al Estado y tomar el poder.
Esto no justifica los actos violentos y homicidas de las guerrillas. Varias de sus víctimas merecen ser recordadas y que sus muertes no sean enmarcadas como el resultado de actos heroicos o de resistencia. Pero hay diferencias esenciales entre crímenes producidos por organizaciones no-estatales y los cometidos por agentes estatales. Cuando Villarruel reclama que es injusto que militares argentinos sean investigados y condenados por crímenes de lesa humanidad, cuya tipificación y no prescriptibilidad se legisló con posterioridad a la comisión de tales actos, se olvida de que los acusados actuaron en nombre del Estado y con apoyo del aparato represivo estatal. Ellos estaban actuando no como ciudadanos privados, a los cuales los principios garantizadores del derecho penal se aplican, sino como el Estado mismo. No es injusto, al contrario: los legisladores argentinos tipificaron los delitos de lesa humanidad de tal manera para poder tener un Estado más justo.
Los vínculos entre Milei/Villarruel y la lógica fascista van más allá de los vínculos personales con criminales. Villarruel llevaba jóvenes al departamento del dictador Videla, su tío Ernesto fue uno de los altos mandos del campo de concentración El Vesuvio y Milei trabajó como asesor personal del genocida general Antonio Bussi en los 90.
Por ello, esta negación de la realidad histórica es absolutamente peligrosa para la democracia argentina. La Junta Militar tomó el poder en 1976 ilegalmente. Si Milei y Villarruel no tienen un problema con esto, están legitimando el rol extraconstitucional que las fuerzas armadas tuvieron para “salvar” a Argentina de peligros existenciales, reales o no, y restablecer el orden en la sociedad. Quienes no cuestionan la legalidad de un golpe de Estado revelan sus intenciones no democráticas, como justamente hizo Milei al decir que el intento de golpe de estado en Brasil del 8 de enero fue organizado por Lula y al plantear dudas sobre la legitimidad de las elecciones en EE. UU. y Brasil.
Cuando Milei acusa a Lula y al presidente de Chile, Gabriel Boric, de ser comunistas, cuando culpa al “marxismo-cultural” de toda la decadencia socioeconómica de Argentina, y el mundo, en los últimos 40 años, y cuando fantasea con que en los 70 un grupo de subversivos intentó imponer una dictadura comunista en Argentina, está definiendo quiénes son los enemigos existenciales del país.
En su visión, él y su plataforma política personifican una cruzada mesiánica contra las fuerzas comunistas. Estos enemigos no tienen lugar en la Argentina de Milei, la mera existencia de ellos la ponen en peligro y en este marco ideológico la represión y la dictadura no pueden ser descartadas. La intolerancia y la violencia discursiva de Milei y Villarruel debe ser relacionada con su negación de las historias pasadas y recientes de golpes y violencias autoritarias. Esta negación de la historia es un aspecto central del peligro para la democracia que representa Javier Milei.
*Este artículo se publicó originalmente en Latinoamérica 21.
