La liberación de 12 sacerdotes

¿Signo de buena voluntad? La liberación de 12 sacerdotes presos no es tanto un signo de buena voluntad como un signo de debilidad. Es bueno para la Iglesia, es bueno para los sacerdotes encarcelados, pero no es un reconocimiento de una injusticia o un acto de arrepentimiento del régimen sandinista, por más que lo disfracen con buenas palabras. Cambian un encarcelamiento injusto, cada día más condenado, por el destierro también injusto, pero con menos repercusiones negativas en el área de la defensa de los derechos humanos. A los detenidos ilegal y arbitrariamente, el Estado los mantiene en una situación cruel. Los desterrados, más allá de la voz pública y de denuncia que pueden tener, se les termina confundiendo con la enorme cantidad de migrantes que han huido por muy diversas razones de nuestros países centroamericanos.

De los 12 sacerdotes solamente dos tenían condena. El resto estaba pendiente de juicio. En varios ni siquiera había acusación en los tribunales. En la práctica era una especie de secuestro y privación de libertad por parte de un Gobierno autoritario. La acusación de traición a la patria, que tanto gusta al régimen sandinista, no es más que la conversión de la libertad de expresión en un delito grave, la traición, que generalmente solo se puede llevar a cabo en una guerra o en situaciones de enfrentamiento extremo. Acusar al Gobierno sandinista de represivo y violento no puede ser considerado traición a la patria. Y más cuando quienes de eso acusan a la dupla Ortega-Murillo lo hacen en base a datos concretos. Las violaciones a derechos humanos a partir del año 2018 están especialmente bien documentadas.

Sin negar el mérito a las gestiones realizadas desde el Vaticano y alegrándonos de que los sacerdotes presos hayan alcanzado la libertad, lo cierto es que la persecución a las Iglesias y a las obras de las mismas continúa. Las radios, cuentas, instalaciones y organizaciones de ayuda de parroquias diócesis e iglesias evangélicas continúan bajo el control y el poder ineficiente del Estado sandinista. A pesar del fracaso patente de la recién fundada universidad Casimiro Sotelo, no se advierte que el Gobierno, autor del acto de rapiña contra la UCA, quiera devolver terrenos e instalaciones a los anteriores y eficientes gestores de la Universidad. Monseñor Rolando Álvarez continúa preso, incomunicado, privado de su nacionalidad, y condenado a 26 años de cárcel. Considerado traidor a la patria por criticar abusos del gobierno desde la doctrina social de la Iglesia y la solidaridad evangélica, se ha convertido en el símbolo de la protesta pacífica con su silencio forzado y su negativa a salir del país. El gobierno Ortega-Murillo sabe de la fortaleza y la potencia social de esa protesta pacífica y silenciosa, y reacciona agresivamente insultándolo y llegando al extremo de expulsar del país a sacerdotes que en sus liturgias han elevado oraciones por el obispo preso.

La primera y la segunda de las diez recomendaciones dadas al Gobierno de Nicaragua por el alto comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, exigía “liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente en relación con la crisis de derechos humanos de 2018” y “restituir la nacionalidad a todas las personas privadas de ella y permitir el retorno seguro de todos y todas las nicaragüenses que deseen regresar al país”. La liberación de los 12 sacerdotes no responde a las exigencias de la ONU, pues queda todavía un buen número de presos en el país, vinculados a la crisis de 2018 y a la defensa de derechos básicos como la libertad de expresión y la de religión. Analizando la libertad de conciencia y religión garantizada por la Convención Americana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decía en 1983 que “ es una derivación de la libertad religiosa promover las doctrinas sociales y políticas que estén vinculadas a la visión teológica que sustenta una comunidad religiosa”. Convertir en “terrorismo” o en “traición a la patria” la Doctrina Social de la Iglesia, que ha sido con frecuencia el bien que han promovido la mayor parte de los sacerdotes encarcelados y especialmente Mons. Rolando Álvarez, no solo es absurdo, sino que está en franca oposición a los convenios internacionales de los que Nicaragua es signataria.

Un país de mayoría católica, con una intensa devoción a la “Purísima”, como coloquialmente se le llama en Nicaragua a la Inmaculada Concepción, ha visto el secuestro de las obras sociales de la Iglesia y la persecución a muchos de sus líderes religiosos. Casi quinientos años atrás, un fraile agustino, fray Luis de León, perseguido injustamente por la Inquisición, rezaba a María diciendo:

“Virgen, del Padre Esposa,
dulce Madre del Hijo, templo santo
del inmortal Amor, del hombre escudo:
no veo sino espanto;
si miro la morada, es peligrosa;
si la salida, incierta; el favor mudo,
el enemigo crudo,
desnuda, la verdad, muy proveída
de armas y valedores la mentira.
La miserable vida,
sólo cuando me vuelvo a ti, respira”.

Para mucha gente solo la oración pone paz y resistencia en medio de la atribulada situación de Nicaragua. En el “venga a nosotros tu reino” del Padre Nuestro está el deseo de una sociedad más fraterna y más justa. Pero ese es un ámbito en el que el gobierno actual de Nicaragua no tiene capacidad de entrar. Y precisamente ahí, en la conciencia y la resistencia callada de la gente, se va labrando el fin del autoritarismo y el abuso.