19 de octubre 2020
La detención del secretario de la Defensa Nacional del gobierno de Peña Nieto puede ser parte de una presión norteamericana y basarse en cargos falsos que se caerán por su propio peso en un juicio. O puede ser parte de un proceso más amplio, implicando a otras personas del mismo gobierno o de sexenios anteriores, y que descansa en pruebas robustas acumuladas a lo largo de varios años.
Ya sabemos que la orden de aprehensión fue expedida por un Gran Jurado de Nueva York desde agosto de 2019. Y también se conocen ya muchos detalles de los cargos contra Cienfuegos: lavado de dinero, recibir sobornos del cartel H-2, introducir grandes cantidades de de heroína y cocaína a Estados Unidos y proteger a dicho cartel.
Persistirán muchas dudas por un buen tiempo, destacando entre ellas las siguientes: ¿nadie en el gobierno de Peña Nieto sabía? ¿Quién va a pagar a los abogados de Cienfuegos? ¿Washington le avisó a López Obrador? ¿Ningún militar de alto rango del actual régimen estuvo involucrado? ¿Por qué serían “incorruptibles” los actuales titulares de Marina y Defensa?
Pero el hecho en sí nos permite formular desde ahora algunas ideas sobre las fuerzas armadas en México.
Nunca existió razón alguna para pensar que las Fuerzas Armadas mexicanas fueron una isla honesta en el infinito mar corrupto del Estado mexicano. Los mismos motivos que han llevado a tirios y troyanos a concluir que la corrupción estatal en México ha sido siempre sistémica, profunda, extensa y duradera valen para el Ejército y la Marina. Pensar que gracias al supuesto respeto o confianza que despiertan en la sociedad mexicana según encuestas de dudosa validez, estarían al margen de la corrupción del resto del aparato de Estado nunca tuvo el menor sentido.
En cambio, sí existen poderosas razones para pensar que las Fuerzas Armadas, por lo menos desde la presidencia de Alemán, han sido más permeables, más permeadas y más proclives a la corrupción que el resto de la maquinaria estatal mexicana. Citaré solo dos de dichas razones.
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La primera es la opacidad, ejemplificada por el hecho notable y pocas veces reseñado que México sigue siendo uno de los muy pocos países de América Latina o de la OCDE cuyo ministro de Defensa o de Guerra, es militar. En la enorme mayoría de los países democráticos, el titular de la cartera en cuestión es un civil, y desde hace tiempo. En México es un militar, y ningún presidente se ha atrevido a cambiar esta característica (Adolfo Aguilar y yo se lo propusimos a Fox y nos mando al diablo). Por lo tanto la mirada externa, civil y democrática al interior de las fuerzas castrenses no existe. Se vigilan solos, viven aparte, no socializan en uniforme con el resto de la sociedad, y no le rinden cuentas a nadie más que al presidente, cuando éste se atreve a pedirlas (casi nunca). Unos secretarios son más honestos que otros; unos jefes del Estado Mayor Presidencial son más corruptos que otros; pero nadie sabe a ciencia cierta quiénes son y en qué medida lo son. Por este simple motivo, sería lógica que las fuerzas armadas fueran más corruptas que el resto del Estado.
La segunda razón es la ecuación política de la cual han dependido desde los años cuarenta el estamento militar. El viejo sistema político mexicano en su infinito cinismo y sabiduría, logró, para orgullo de mucha gente en comparación con lo que sucedía en el resto de America Latina, crear Fuerzas Armadas apolíticas. No se vieron nunca tentadas, desde la rebelión de Saturnino Cedillo en 1938 de tomar el poder. O por lo menos no se conoce de ningún otro episodio real. Para ello, fue necesario utilizar varios instrumentos. Uno fue la magra formación del Ejercito y de la Marina. Otro fue tenerlos en rienda corta en materia por ejemplo de abastecimiento de gasolina. Ya he contado la anécdota que me narró Jesús Reyes Heroles, cuando siendo director de Pemex, fue convocado por Diaz Ordaz quien le reclamó que el General Secretario de entonces, Marcelino Garcia Barragán se había quejado con el presidente por los pocos días de reservas de combustible que tenían las Fuerzas Armadas. Diaz Ordaz preguntó a Reyes Heroles la razón a lo que éste contestó: yo les puedo dar la cantidad de días de combustible que usted me ordene pero no se sé usted quiera que el Ejercito pueda movilizarse por tanto tiempo. Ahorita los tengo con dos días. Entonces Díaz Ordaz respondió que mejor dejara las cosas por la paz.
Y un tercer elemento fue que los militares tuvieran manos libres en todo lo que se refería a industria militar, compras de armamento, uniformes, botas, artefactos, e incluso algunos privilegios que López Obrador ha denunciado, como los que efectivamente tenia el Estado Mayor Presidencial en materia de contrabando en los viajes presidenciales al exterior, o en el caso de los agregados militares en el tiempo que mi padre era secretario de Relaciones Exteriores, que ganaban un sueldo de 22 000 pesos al mes pero en dólares. Es decir 22 000 dólares. En otras palabras, la corrupción fue un instrumento del poder civil para controlar a las Fuerzas Armadas, mantenerlas en una postura apolítica constante y asegurarse de que jamás hubiera la tentación de intervenir en la vida pública del país. Funcionó la estrategia pero tenia evidentemente un costo. La detención de Salvador Cienfuegos es parte de ese costo.
Jorge G. Castañeda
Secretario de Relaciones Exteriores de México de 2000 a 2003. Profesor de política y estudios sobre América Latina en la Universidad de Nueva York.
Este artículo se publicó originalmente en Nexos con el título "Cienfuegos y el sistema político".