31 de octubre 2020
AA
Ciertamente estamos afrontando un momento complicado en el cual se cruzan distintas variables e incertidumbres: La embestida totalitaria del régimen, incluyendo la agresión legislativa, el desmembramiento de la oposición, la resolución de OEA y la crisis socioeconómica, por un lado; de otro lado, la amenaza de la segunda oleada de la pandemia, las elecciones norteamericanas y el impacto del desenlace electoral en Bolivia.
Las determinaciones e influencias recíprocas de estos episodios son desiguales, pero es difícil dudar de sus consecuencias para el presente y para el futuro. De ahí que intentar una interpretación es esencial en la búsqueda de una salida decorosa y pacífica de la dictadura.
Vayamos por partes. Comencemos por la ruptura de la Alianza Cívica con la Coalición Nacional. Evidentemente, no fue un acto casual o imprevisto, sino el resultado de un proceso que es indispensable discernir.
Repasemos los antecedentes. El primero es cómo se constituyó la Alianza Cívica. No se trató de la acción voluntaria de un grupo con intereses, visión y valores compartidos. Fue más bien un producto circunstancial. Los obispos, apremiados por construir un interlocutor para el diálogo con Daniel Ortega, en el 2018, seleccionaron a un conjunto de personas para cumplir el papel de representar a la oposición. Unos con más crédito que otros. La marea azul y blanco que exigía la salida del régimen no tuvo más alternativa que consentir esa representación. La Alianza Cívica, AC, se erigió entonces con una representación consentida, pero no acordada.
Una vez que Ortega sofocó a sangre y fuego la resistencia ciudadana, pateó la mesa, abandonó el diálogo y la AC quedó sin su función de nacimiento, pero la ausencia de espacios de concertación de la marea autoconvocada le posibilitó sobrevivir y reconfigurar su función.
Para el 2019, cuando parecía que los norteamericanos iban con todo contra Nicolás Maduro, y Ortega percibió que podía ser arrastrado por la misma borrasca, corrió a convocar nuevas negociaciones, y esta vez fue él quien seleccionó a la Alianza Cívica como interlocutor. De nuevo, cuando el dictador calculó que Maduro había sorteado el vendaval, pateó la mesa y otra vez la Alianza Cívica quedó en mitad de la calle.
A estas alturas resultaba claro que los representantes de las cúpulas empresariales ejercían un papel dominante en la AC, y se hacían acompañar de representaciones reales o ficticias —algunos claramente como vagones de cola— que le daban una apariencia plural y democrática. También resultaban claras las intencionalidades políticas de más largo plazo.
Sin duda, contribuyó al reconocimiento y legitimidad social de la AC su participación como socio fundador de la Unidad Azul y Blanco, UNAB, donde se encontraron en un espacio singular, con organizaciones políticas de vieja y nueva data, y movimientos y grupos sociales cuya característica principal era la diversidad: Una mezcla incómoda, en circunstancias en que ya los intereses y perspectivas estaban más definidos.
En adición, la legitimidad, el diálogo y reconocimiento alcanzados con la comunidad internacional y el acercamiento del horizonte electoral provocaron una nueva mutación: Emergió una entidad con identidad propia, vocación política y aspiraciones electorales.
Procedieron entonces a sacudirse de las incómodas e indomables compañías de la UNAB, cuyos dirigentes no tuvieron más opción que asimilar el golpe en silencio. La ruptura pasó así prácticamente desapercibida.
La nueva identidad, como actor político, en un escenario electoral que se acercaba llevó a la AC, al menos al grupo que en la práctica tomaba las decisiones, a jugar en dos bandas, con pretensiones claramente electorales. En una, concertaron -a medias por debajo y a medias por encima de la mesa- un entendimiento con el partido Ciudadanos por la Libertad; y, en la otra banda, promovieron la creación de la Coalición Nacional. Es sabido que los principales abanderados de la incorporación de las organizaciones y partidos políticos llamado “tradicionales”, fueron precisamente los dirigentes de la AC. Ninguna de estas organizaciones políticas se ocupó de romper con sus antecedentes o con su identidad. O sea, los dirigentes de la Alianza Cívica sabían muy bien a qué se metían y con quiénes. Así lo dictaba su estrategia.
Pero los cálculos fallaron. Ciudadanos por la Libertad se quedó a la orilla y la Alianza Cívica se encontró de pronto, sin el socio con quien podía apalancarse y compartir hegemonía al interior de la Coalición, e íngrimo frente a unas organizaciones políticas “tradicionales” que cobraron confianza y protagonismo, y una UNAB que había alcanzado su propia legitimidad y definido su propio juego.
Que conste, las comillas en la palabra “tradicionales” no son de gratis. Porque algunos voceros internacionales y otros nacionales de la Alianza son expresiones de lo más tradicional de las actitudes políticas nicaragüenses, no de años recientes, sino de los doscientos años de historia independiente, y un poquito más.
La imposibilidad de ejercer hegemonía condujo a un proceso de indecisiones, y estiras y encoges que desgastaron tanto a la Alianza Cívica, como a la Coalición Nacional, como a la lucha misma en contra del régimen. Y alejaron al conjunto de organizaciones opositoras de las aspiraciones, confianza y respaldo de la inmensa mayoría de la población que, a la par, repudia al régimen de Ortega.
Está suficientemente estudiado y documentado, en diversas épocas y latitudes, que en todo proceso de cambio social los grupos más organizados, con intereses precisos y con una estrategia articulada son los que, al final, imponen su poder por encima de movimientos o grupos sociales, políticos o económicos inconexos, contradictorios, efímeros o sectarios.
Y no vayamos muy largo:
¿Quiénes capitalizaron el esfuerzo y sacrificio de las formidables fuerzas sociales, políticas y económicas que se enfrentaron al Somocismo?
¿Quiénes capitalizaron el triunfo electoral de 1990 por encima del sacrificio de las fuerzas sociales, políticas, económicas y bélicas que se enfrentaron a la revolución sandinista?
Pretensiones de hegemonía e intereses son dos caras de la misma moneda.
En estas condiciones, es perfectamente lógico que los sectores que se beneficiaron del régimen, aspiren a preservar las ventajas que disfrutaron, bien sea reproduciendo las condiciones, o modificándolas. Pero no tanto.
Y aquí cometeríamos un error si metemos en el mismo saco a todos los empresarios.
No comparten los mismos intereses los industriales, grandes, medianos o pequeños, que han pagado, por años, los más altos precios de combustible y las más altas tarifas de electricidad de Centroamérica, que los empresarios generadores de energía que siguen beneficiándose de contratos fraudulentos y precios turbios.
Ni los empresarios de las distintas actividades económicas, que por años han pagado las más altas de interés de Centroamérica, que los banqueros que obtuvieron utilidades que triplicaron las utilidades de los banqueros de otros países centroamericanos.
No comparten los mismos intereses los ganaderos, de todo tamaño, que los mataderos que imponen precios amparándose en su control monopólico.
¿Y Quiénes representan los intereses de las empresas de la economía informal (90% de las empresas), o de los subempleados o desempleados (66% de la población laboral)?
No podemos hablar de unidad sin poner sobre la mesa los intereses legítimos de las partes, y sin voluntad real de conciliarlos.
Una Nicaragua con democracia verdadera y paz duradera, ciertamente, no puede construirse sin considerar los intereses empresariales. Tampoco puede construirse con pretensiones de imponer una hegemonía que reproduzca los privilegios y ventajismos tradicionales.
