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Haití, un país a punto de colapsar: claves para entender el conflicto

La violencia de las bandas criminales no cesa y amenaza con hundir todavía más al Estado más pobre de la región

Dos mujeres y dos niños lloran luego de ver el cadáver de un familiar en la calle en Puerto Príncipe, capital de Haití. Foto: EFE/Johnson Sabin

Jordana Timerman

19 de marzo 2024

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Haití es un país al borde del abismo. Un precipicio cuyo fondo se aleja cada vez más porque la crisis lleva años agudizándose y parece increíble que siga empeorando, pero es lo que está pasando.

Si uno tuviera que definir de forma concreta qué es lo que está pasando hoy en Haití, diría que se busca emprender un camino incierto hacia un Gobierno de transición con la posibilidad de caer en una guerra civil, en un contexto de acefalía y de proliferación de la violencia por parte de bandas criminales. Mientras tanto, la población en el país más pobre de la región sufre hambre: 4.3 millones de personas padecen hambre aguda y 1.4 millones están al borde de la hambruna, según datos de la ONU.


Las problemáticas haitianas, atadas a la intervención internacional y la corrupción local, vienen de muy largo plazo. Haití se liberó del poder colonial en 1791. En una historia única —detallada hace unos años en una investigación del New York Times— fueron personas esclavizadas las que lideraron la revolución contra Francia. Y aquí la raíz de la pobreza que afecta a generaciones: el joven país pagó reparaciones monetarias a sus antiguos “dueños”. Los costos crueles fueron impuestos por Francia, y Haití se encontró sin aliados internacionales por el temor a que el ejemplo revolucionario inspirara levantamientos entre otros rincones del mundo. Así fue como Haití financió el crecimiento de fortunas internacionales que entorpecieron su crecimiento.

Pero volvamos al presente. Hace aproximadamente algunos días, el primer ministro, Ariel Henry, emprendió un viaje internacional que fue aprovechado por organizaciones criminales para unificarse y buscar forzar la salida del premier, aparentemente motivadas por un anuncio que una vez más dilataría las postergadas elecciones.

El 2 de marzo, estas bandas asaltaron dos de los centros penitenciarios más grandes del país, donde liberaron a los reos, sitiaron el puerto de la capital y rodearon el aeropuerto nacional. El objetivo: que Henry no pudiera volver. El mandatario se encontró atascado en Puerto Rico después de que República Dominicana rechazara un plan para que retornara a Haití desde su territorio en un vuelo nocturno de helicóptero. Ante ese escenario, las embajadas europeas mudaron a sus diplomáticos y los marines estadounidenses evacuaron la embajada de su país.

El 11 de marzo, Henry asistió a una reunión internacional en Jamaica liderada por países del Caribe anglófono (Caricom), de la que participó también el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken. Allí, el premier accedió a renunciar y el grupo internacional armó un plan para que líderes haitianos formen un Gobierno de transición que llevaría al país hacia elecciones democráticas, escenario hoy incierto. Blinken anunció el viernes que ya fueron nombrados casi todos los representantes de coaliciones políticas y grupos de la sociedad civil que formarían el Consejo Presidencial de Transición, con el objetivo de elegir a un primer ministro interino y un gabinete de ministros y ayudar a organizar elecciones generales.

Los miembros del Consejo incluirían representantes del sector privado; el Colectivo 30 de enero (agrupación de partidos políticos); Fanmi Lavalas (partido del expresidente Jean-Bertrand Aristide); el Acuerdo Montana (un grupo de organizaciones de políticos y de la sociedad civil); el Acuerdo 21 de diciembre (aliados de Henry); y el Engagés pour le Développement (partido del expremier Claude Joseph). También habría dos miembros observadores sin voto: uno representando a la sociedad civil y el otro al sector religioso, detalla el experto en actualidad haitiana Jake Johnston en CEPR.

El grupo político Pitit Dessalines, liderado por el exsenador Jean-Charles Moïse, rechazó participar en el Consejo de transición y busca instalar otro con la participación de Guy Phillipe, líder rebelde en varios intentos de golpe de Estado contra el Gobierno de Aristide, recientemente deportado de Estados Unidos donde fue condenado por lavado de dinero.

Otro nombre relevante a seguir es el de Jimmy “Barbecue” Chérizier, un expolicía convertido en jefe criminal que lidera la unificación de bandas y habla de revolución redistributiva en tono guevarista.

Vale la pena destacar que Haití no tiene elecciones nacionales desde 2016, en gran parte porque no están dadas las condiciones para celebrar comicios libres en un contexto de altísima violencia criminal. En el país no hay un solo puesto electoral cubierto y la Asamblea Legislativa dejó de funcionar el año pasado, cuando caducaron los mandatos de los últimos diez senadores, aunque no tenía quórum hace tiempo.

El irregular mandato de Henry

Ariel Henry gobierna de facto desde que fue asesinado el presidente Jovenel Moïse en 2021, en lo que parece haber sido una conspiración golpista. El magnicidio sucedió días después de que el dirigente de 74 años fuera nombrado primer ministro, puesto que nunca fue ratificado por la Legislatura por falta de quórum. Ante ese escenario, se debería haber llamado a elecciones presidenciales en un plazo que la Constitución estipula en seis meses desde sucedida la vacante. En este caso ya pasaron dos años y medio y eso no sucedió.

Las negociaciones a puertas cerradas para implementar el plan caribeño apuntan también a destrabar el despliegue de una misión internacional de apoyo a la abrumada policía haitiana, que sería liderada por Kenia, con apoyo financiero y logístico de Estados Unidos y Canadá. Fue solicitada por el propio Henry hace un año y medio ante la ONU, pero la larga historia de fallidos intentos internacionales de asistir Haití hace que pocos quieran involucrarse en el territorio.

El plan de transición del Caricom generó, además, fuertes rechazos entre quienes aseguran que carece de legitimidad, ya que su desarrollo no fue comandado por líderes haitianos. “Fue el apoyo estadounidense y extranjero a Henry lo que llevó la situación a su estado más grave”, escribe el mencionado Johnston. “Pero en lugar de permitir que se lleve a cabo un proceso verdaderamente liderado por Haití —añade el experto—, esas mismas potencias extranjeras han optado por un pacto de estabilidad que, al parecer, buscará asegurar un statu quo insostenible al menos en el corto plazo”.

Otros se preocupan por el rol de Kenia como líder de la misión de seguridad, debido al preocupante historial en materia de derechos humanos que ostenta este país africano. “La supervivencia de Haití no puede depender de Kenia. Hay que ver qué decide el Consejo cuando esté formado. Creo que lo de Kenia es la opción de Estados Unidos y Naciones Unidas, pero no sé si es la única para los haitianos”, señaló Monique Clesca, representante del Acuerdo Montana, a El País. “Creo que habrá discusiones sobre esto. Puede que tengamos problemas, pero eso no significa que no tengamos ideas. No somos una colonia”, añadió.

Bandas criminales ponen en jaque la gobernanza de Haití

Crecieron de mano de partidos políticos que históricamente las usaron para ejercer el poder y manejar los negocios ilegales. Hace varios años que dominan grandes partes del territorio haitiano —se estima que actualmente controlan el 80% de la ciudad capital, Puerto Príncipe, donde la gente casi no sale de sus casas—. Controlan arterias críticas de conexión nacional, al punto tal que se hace imposible transportar ayuda humanitaria ante los desastres naturales que con relativa frecuencia azotan el país. Cometen actos de violencia, secuestros y violaciones para ejercer el control territorial (algunas noticias falsas llegaron a hablar de que incurren en actos de canibalismo, pero que hayan resultado creíbles para Elon Musk ya pintan el escenario que se vive).

Las bandas criminales operan dentro de un vacío. Ante la violencia en el país, que incluye ataques constantes a hospitales, se hace casi imposible para muchos acceder a la atención médica, que de todas formas carece sistemáticamente de insumos y electricidad para funcionar. El Poder Judicial, por su parte, se encuentra impedido de funcionar, ya que los abogados temen ir a las cortes por miedo a ser atacados en el camino. Y los jueces que investigan casos, como por ejemplo el asesinato de Moïse, son amenazados.

La población ya viene afligida por elecciones canceladas, procesos políticos endebles y, previamente, un ciclo de golpes y dictaduras que duraron décadas. Como en toda la región, la interferencia estadounidense fue lapidaria, a lo que también se suman misiones de ayuda internacional que parecen intervenir para empeorar, como fue la epidemia de cólera que introdujo una misión de la ONU en 2010 y terminó con la vida de más de 10 000 personas. El Washington Post tiene una buena cronología de la época post-dictadura que comienza en 1986.

Muchos se preguntan cuán efectivo sería cualquier plan que no incluya a los líderes criminales que ejercen el poder fáctico. La historia dramáticamente se encuentra en pleno desarrollo y un país con más de once millones de habitantes implora por una solución urgente a tantos años de inestabilidad.

*Artículo publicado originalmente en Cenital.

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Jordana Timerman

Jordana Timerman

Periodista especializada en América Latina. Editora del Latin America Daily Briefing. Vive en Buenos Aires, Argentina.

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